Actualizado: 03/06/2020 20:08
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Venezuela

Funcionario afirma que en la creciente violencia del país hay influencia colombiana

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Grupos de la sociedad civil pidieron el martes a un panel de la OEA motivar al gobierno de Venezuela para que combata el "fuerte incremento de la delincuencia común" en el país que, según un funcionario del gobierno, se debe en parte a los problemas internos de Colombia, informó la AP.

Germán Saltrón, agente del gobierno del presidente Hugo Chávez para la seguridad ciudadana, dijo que en Venezuela el fenómeno de la criminalidad se ha visto influido por la implementación del Plan Colombia y los ajustes económicos propuestos en la década de los ochenta al país por el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El Plan Colombia, en el cual trabajan los gobiernos de Bogotá y Washington desde comienzos de la década, "ha traído como consecuencia el desplazamiento de nuevas costumbres, formas de vida y modalidades delictivas de carácter violento no propias de nuestra idiosincrasia... como el secuestro, la extorsión y el sicariato", dijo.

Saltrón habló en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre seguridad ciudadana y violencia en Venezuela, que fue solicitada por familiares de las víctimas de los sucesos conocidos como el Caracazo —ocurridos en febrero y marzo de 1988, cuando hubo intensas protestas por el encarecimiento de la vida—, y el Centro para la Justicia y Ley Internacional (CEJIL).

El funcionario dijo que a partir del 2003, "cuando se agudiza la crisis política y social en Colombia y se incrementa la intervención militar estadounidense a través del Plan Colombia, su segunda fase del Plan Patriota y la política de Seguridad Democrática (del presidente Álvaro Uribe), ocurre un desplazamiento del paramilitarismo" hacia Venezuela.

Según Saltrón, ese desplazamiento, "potenciado a su vez por la Ley de Justicia y Paz y la parapolítica colombiana, ha traído como consecuencia el desplazamiento de delitos que comportan violencia y utilización de tácticas organizativas propias del paramilitarismo".

Roberto Briceño León, profesor de la Universidad Central de Venezuela y director del Laboratorio de Ciencias Sociales (LACSO), presentó un informe estadístico que, dijo, muestra la evolución del "deterioro de la seguridad pública" en Venezuela, particularmente en los últimos ocho años, que corresponden a la gestión de Chávez.

Añaidió que, con un índice de 49 homicidios al año por cada 100.000 habitantes, Venezuela es uno de los países de más riesgo en el continente, peor incluso que países con historia interna de violencia como Colombia, que últimamente ha bajado su índice a menos de 20.

Saltrón dijo a reporteros luego de la audiencia que el gobierno no quiere justificar "el aumento de la criminalidad (en Venezuela) por el problema que hay en Colombia".

"Que ha contribuido el problema colombiano del paramilitarismo, de la guerrilla, de la frontera, que eso se ha permeado hacia Venezuela y ha aumentado los delitos de secuestro, eso sí es una realidad", afirmó.

Francisco Quintana, representante de CEJIL, pidió a la CIDH un seguimiento sobre la "situación de inseguridad ciudadana y que se formulen recomendaciones a fin de superar la grave impunidad que caracteriza a las víctimas de la violencia en Venezuela".

Igualmente, le pidió elaborar un nuevo informe sobre la situación general de los derechos humanos en el país y que incluya el aspecto de la seguridad ciudadana particularmente en los estados de Anzoátegui, Aragua, Falcón y Lara que "presentan el mayor número de ejecuciones".

En este tipo de audiencias la CIDH no toma una decisión. A través de su comisionado, Felipe González, presidente de la sesión, pidió solamente más información de ambas partes.


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