Funcionarios del Gobierno de Trump ya no pueden cenar en paz

La secuencia de momentos incómodos vividos por funcionarios de Donald Trump en lugares públicos en la última semana motivó el lunes la intervención del propio presidente, en medio de la polarización en Estados Unidos por la política antiinmigración del Gobierno, informa la AFP.

El sábado en un tradicional y modesto restaurante en el estado de Virginia, en la periferia de Washington, la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, fue amablemente invitada a retirarse.

De acuerdo con testimonios coincidentes, Sanders y su grupo, en el que había varios familiares, se retiraron inmediatamente del restaurante The Red Hen (La gallina roja).

Se trata de un restaurante tradicional fundado por migrantes mexicanos, y que se caracteriza por ofrecer platos con ingredientes provenientes de forma directa de granjas donde trabajan muchos inmigrantes.

De acuerdo con la actual propietaria Stephanie Wilkinson, ella le explicó a Sanders que los trabajadores del restaurante —casi todos inmigrantes— estaban muy incómodos con su presencia.

Pero Wilkinson le dijo que ella misma criticaba medidas “crueles” adoptadas por el Gobierno, en particular la separación de familias de inmigrantes en la frontera, que aún tiene a más de 2.000 menores lejos de sus padres.

Si Sanders se retiró del restaurante sin generar problemas, Trump en cambio volvió a hacer gala de su estilo abrasivo y el lunes recurrió a la red Twitter para afirmar que en realidad el restaurante es sucio.

Para el presidente, The Red Hen precisa “de una pintura” y sus ventanas están “inmundas”. “Siempre he dicho que un restaurante está sucio por fuera, es sucio por dentro”, afirmó.

Después de conocerse el episodio, The Red Hen pasó a operar desbordado y con largas colas de espera en el frente, en clara señal de apoyo.

El caso de Sanders no es el primero. La semana pasada, la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, fue identificaba cuando esperaba comer unos tacos en un restaurante mexicano y fue hostigada con gritos y abucheos, incluso de mesas vecinas. “¡Vergüenza! ¡Vergüenza!”, arengaron hasta que la funcionaria se retiró.

Otro alto funcionario, el controvertido Stephen Miller —asesor de Trump y apuntado como el inspirador de la política migratoria del Gobierno— tuvo que abandonar durante la semana un restaurante donde la gente le gritaba “¡fascista!”.

La polémica subió todavía más de tono después que la legisladora demócrata Maxine Waters dijo en una reunión que era necesario hostigar a los funcionarios del Gobierno.

La respuesta de Trump fue demoledora: en un mensaje en Twitter dijo que la legisladora Waters tiene un “Coeficiente Intelectual extraordinariamente bajo”, y cerró con una amenaza nada sutil, “cuidado con lo que pides, Max”.

En tanto, la líder del Partido Demócrata en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, tomó distancia del llamado de Waters y dijo que era necesario mantenerse lejos de la falta de civilidad del Gobierno, sin copiar sus actitudes.

En un editorial titulado “Dejen al equipo de Trump cenar en paz”, el diario Washington Post también se manifestó en contra de estos hostigamientos públicos.

La polarización política y social de Estados Unidos se ha extendido a todos los niveles de la vida nacional, y amenaza con una división según los puntos de vista de cada ciudadano a la hora de asistir a un restaurante o adquirir un pastel de bodas.

Recientemente la Corte Suprema falló a favor de Jack Phillips, un pastelero que se negó a diseñar un pastel de bodas para una pareja homosexual alegando motivos religiosos, según El Economista.

En la sentencia, redactada por el juez Anthony Kennedy, que deja muchas preguntas sin respuesta, la corte sostuvo que la decisión de la Comisión de Derechos Civiles de Colorado no había tomado en cuenta adecuadamente las creencias religiosas del panadero Jack Phillips.

“La hostilidad de la comisión fue inconsistente con la garantía de la Primera Enmienda de que nuestras leyes se apliquen de una manera que sea neutral respecto de la religión”, escribió Kennedy, refiriéndose a la Primera Enmienda de la Constitución de EEUU.

El presidente Trump celebró el fallo del Supremo. “¡Gran fallo del Tribunal Supremo para el pastelero!”, dijo Trump en Twitter.

La comisión de Colorado había dicho que Phillips violó la ley antidiscriminación de Colorado que prohíbe a las empresas negarse a prestar servicios por motivos de raza, sexo, estado civil u orientación sexual al rechazar a la pareja gay David Mullins y Charlie Craig en 2012.

Para muchos defensores de los derechos LGBT, este fallo fue interpretado como un retroceso a su decisión de 2015 de reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo que, además, permitiría a otros negocios negar servicios a la comunidad gay.

El Supremo decidió el lunes revertir un fallo de una corte menor contra una florista que se negó a prestar servicios a una pareja por ser homosexuales y desechó estudiar el caso durante su próximo término.

En 2017, el Tribunal Supremo del estado de Washington dictaminó que Barronelle Stutzman, propietaria de Arlene's Flowers en la ciudad de Richland, a unas 200 millas de Seattle, violó la ley antidiscriminatoria del estado y una medida de protección al consumidor, informa Univisión.

Stutzman se negó en 2013 a dar servicios a Robert Ingersoll y Curt Freed, que se iban a casar después de la legalización del matrimonio igualitario el año anterior.

La mujer fue multada y se le ordenó hacer arreglos florales para bodas del mismo sexo si los hacía hace para bodas de sexo opuesto.

La Corte Suprema de EEUU ahora ordenó que el tribunal de Washington revise nuevamente el caso tomando en consideración el fallo del pasado 4 de junio a favor de Phillips, quien citó sus creencias cristianas al negarse a hacer un pastel de bodas para una pareja gay.

“La orden significa que Stutzman tendrá otra oportunidad de luchar contra el fallo del tribunal inferior, que le impuso honorarios y sanciones y le ordenó que brinde los mismos servicios a parejas del mismo sexo que brinda a parejas de distinto sexo”, indica el blog de la Corte Suprema.

Ahora el tribunal estatal volverá a examinar el caso de la florista en busca de pruebas de parcialidad antirreligiosa durante el proceso.

Los abogados de Stutzman argumentan que el prejuicio religioso contra la florista existió. Para ello, entre otras cosas, citan un ejemplo de un propietario gay de una cafetería de Seattle que expulsó a activistas antiabortistas que, según los abogados, fueron discriminados por sus opiniones religiosas y no hubo consecuencias para el propietario.

El fiscal general del estado de Washington, Bob Ferguson, dijo que no halla evidencia de hostilidad contra la religión en el caso de Stutzman.

La Corte de Washington rechazó el año pasado el argumento de Stutzman de que forzarla a crear arreglos para una boda entre personas del mismo sexo violaría sus derechos de libertad de expresión bajo la Primera Enmienda y para ella sería equivalente a dar respaldo al matrimonio entre personas del mismo sexo.

Sin embargo, la orden de los jueces de la Corte Suprema del lunes significa que la corte está pasando por ahora la oportunidad de decidir si los dueños de negocios pueden negarse por motivos religiosos a cumplir con las leyes contra la discriminación que protegen a las personas LGBT.

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