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Nicaragua, Daniel Ortega

Instan a Daniel Ortega a “impulsar un regreso a la institucionalidad democrática” en Nicaragua

La Redlad denuncia un número de decisiones “fraudulentas” e inconstitucionales tomadas por Daniel Ortega desde 2008 que han debilitado la democracia e incrementado la inestabilidad económica del país, afectando a los sectores más vulnerables de la sociedad

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La Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia (Redlad) ha divulgado una Carta Abierta dirigida a Daniel Ortega en la que instan al presidente nicaragüense a “impulsar un regreso a la institucionalidad democrática” de esa nación, que se ha visto debilitada desde 2008, informó el sitio web de la organización.

“Desde el año 2008, en Nicaragua la democracia, la institucionalidad y el Estado de Derecho se han visto debilitados”, señala el documento de la Redlad, plataforma de impulso a la democracia regional que cuenta con más de 450 organizaciones en las Américas.

Es por ello que el Secretariado Permanente de la organización “insta al Gobierno del Presidente Ortega a dejar de lado posiciones políticas, abrir un diálogo inclusivo e impulsar un regreso a la institucionalidad democrática del país”.

La organización denuncia en su carta un número de decisiones “fraudulentas” e inconstitucionales tomadas por Daniel Ortega en el ejercicio de sus funciones como Presidente de Nicaragua desde el año 2008 que han debilitado la democracia e incrementado la inestabilidad económica del país, afectando a los sectores más vulnerables de la sociedad.

La Redlad considera que el “fraudulento” proceso municipal de 2008, cuyos resultados “fueron manipulados” por el Instituto Electoral a favor de Ortega, supuso la retirada de cooperantes europeos y de una ayuda al país, equivalente a 160 millones de dólares, que provenía de la Cuenta Reto del Milenio.

La organización latinoamericana denuncia que “El gobierno” de Nicaragua “no hizo nada para detener la fuga de las donaciones, confiando en las donaciones del ALBA”, lo que ha contribuido al “deterioro progresivo” de esa nación.

Posteriormente, indica la Redlad, Ortega decretó la permanencia en sus cargos de más de 30 altos funcionarios gubernamentales, “violando así la Constitución”.

“Ese mismo año, la Constitución fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia, controlada por Ortega, para que el Presidente pudiera reelegirse, a pesar de la prohibición que en el artículo 147 de la misma incluye la prohibición”, añade.

Redlad denuncia que también en 2011 se impidió la celebración de elecciones limpias, que fueron manipuladas “a favor de Ortega”, lo que fue documentado por la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos (OEA), por lo que continúan “las dudas razonables sobre el carácter ‘democrático’” de su Gobierno.

El Secretariado de la organización se hace eco de “la sentida preocupación” mostrada por “varios grupos y personas de Nicaragua” ante lo que perciben como una “crisis” institucional y económico-político, “con sus implicaciones en los sectores menos favorecidos”.

Esta situación no solo podría impedir la llegada de ayuda financiera proveniente de Estados Unidos, sino que “pondría en riesgo los préstamos y donaciones provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial, entre otras”, señala.

Todo ello afectaría seriamente “la frágil economía” del país contribuyendo al incremento de “la pobreza y la desigualdad ya existentes”.

“El gobierno de Nicaragua no ha reaccionado públicamente a este mensaje y tampoco ha mostrado interés en recomponer la situación institucional, contando con mayoría parlamentaria”, denuncia la organización.

Todos los sectores de la sociedad nicaragüense —incluyendo a la Iglesia Católica, empresariado, Oposición y Sociedad Civil— han mostrado su apoyo a la apertura de un “diálogo nacional”. Sin embargo, el Gobierno de Ortega “no ha mostrado ningún tipo de voluntad para resolver la situación”.

“Se ha demostrado que las sanciones económicas y bloqueos perjudican es a los pueblos, porque los autoritarios simplemente se benefician del mensaje y sobreviven en la opresión”, señala la Redlad.

“Pareciera”, añade, que el Gobierno de Ortega está “complacido con las posibilidades de una crisis económica sin importar las consecuencias para el pueblo de Nicaragua”

La organización manifiesta su preocupación “por la estabilidad política y social de Nicaragua y los derechos de sus ciudadanos”, que ya ha sido mostrada por empresarios aglutinados en organizaciones como la Cámara de Comercio Americana y el Consejo Superior de la Empresa Privada de ese país.

La Redlad insta al Gobierno del Presidente Ortega además a “garantizar la transparencia fiscal con medidas concretas de consenso con todos los sectores (sin exclusiones) de Nicaragua”, lo que impediría que “la eliminación de las dispensas acreciente los problemas” de la nación.

Esto contribuiría también al mantenimiento de la estabilidad macroeconómica, mientras se evitaría que la población nicaragüense, una de las más pobres del continente, se viera perjudicada por la reducción de las ayudas externas.

“En el caso de la pérdida de ese financiamiento (de EEUU), será el 60 % de la población de este país que sobrevive con $ 2 o menos al día la principal afectada”, concluye el comunicado.


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