La Cámara de Diputados aprueba adelantar las elecciones legislativas

La Cámara de Diputados de Argentina aprobó el miércoles y giró al Senado para su sanción el adelantamiento de las elecciones legislativas, rechazado por la oposición, en una batalla que la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, abrió para evitar que la crisis global dañe su gobierno, según analistas, informó la AFP.

El proyecto de ley, que establece que las elecciones se realizarán el 28 de junio, en vez del 10 de octubre, obtuvo 136 votos a favor y 109 en contra, luego de más de nueve horas de discusión.

"Estamos conformes con el debate que se dio y el resultado nos deja más que conformes", dijo Agustín Rossi, jefe del bloque oficialista, quien manifestó su confianza en que el Senado aprobará la iniciativa la semana próxima.

Representantes de las fuerzas opositoras liberales, derechistas y socialdemócratas votaron en contra de la iniciativa, por considerarla un acto desesperado de Kirchner antes de que el país comience a sufrir la recesión en el segundo semestre del año.

Sin embargo, el dirigente kircherista del Movimiento Evita y secretario de Organizaciones Sociales del gobernante Partido Justicialista (PJ, peronista), Emilio Pérsico, dijo que si Kirchner pierde le cederá el poder al vicepresidente, y líder opositor, Julio Cobos.

"Si perdemos, entregaremos el Gobierno y que siga gobernando Cobos. Queremos plebiscitar nuestra gestión. El peronismo nunca gobernó de facto", dijo Pérsico sobre una estrategia que alcanza a Cobos, un expulsado de la Unión Cívica Radical (UCR, socialdemócrata) a punto de ser rehabilitado por su partido.

Así como hay consultores económicos que hablan de una segunda parte del año peor que la primera, tras crecer el país a casi 9% anual desde 2003, analistas políticos calificaron de hábil la estrategia de la mandataria.

"Hubo de parte del gobierno un grado de astucia y picardía política porque desorganiza las previsiones de algunos adversarios, se adelanta a la crisis y evita que se prolongue la campaña más de seis meses", dijo a la AFP el politólogo Edgardo Mocca.

Mocca consideró la medida "una jugada criticable porque ningunea a las instituciones" y dijo que "la crisis económica es exógena y tiene consecuencias fuertes sobre Argentina, a la que encuentra con un nivel de alta tensión política".

"Es una jugada hábil en momentos en que el Gobierno se deteriora rápidamente", dijo a la AFP Rosendo Fraga de la consultora Nueva Mayoría.

Al citar las razones del debilitamiento, Fraga mencionó "la crisis global, cuyos efectos sociales serán más intensos en el segundo semestre, el conflicto con las patronales del sector agrario, la sensación creciente de inseguridad y la pérdida del caudal electoral del oficialismo".

El impacto de la crisis comenzó a percibirse en algunos indicadores económicos, como el desplome de las exportaciones de 36% en enero y de la producción automotriz de 55% en febrero, ambas en la comparación interanual.

El consultor y encuestador Hugo Haime estimó que "el gobierno pasó de una situación defensiva a una ofensiva" y logró "convertir en aliados a tiempos políticos y económicos que le jugaban en contra".

Pese al rechazo de la oposición, un 51% de personas en Buenos Aires y su periferia consideró positivo adelantar las elecciones y 64,2% apoyó unificar comicios provinciales para evitar gastos, según una encuesta del Centro de Estudios de Opinión Pública.

Cristina Fernández propone reformar ley de medios comunicación

Por otra parte, la presidenta Kirchner propuso el miércoles reformar la ley que regula el sistema de radio y televisión, sancionada durante la última dictadura militar, que apunta contra los monopolios de los medios de comunicación, reportó la AP. Kirchner argumentó que busca democratizar el acceso a la información, pero organizaciones periodísticas y la oposición política advirtieron que el gobierno puede querer controlar a la prensa.

La mandataria dio a conocer la "Propuesta de proyecto de ley de la democracia de servicios de comunicación audiovisual" que, de ser aprobada por el Congreso, reemplazará a la Ley de Radiodifusión que rige desde 1980.

"Se trata de un instrumento jurídico que ha sido trabajado con una seriedad, con una profundidad, que va a permitir precisamente... debatir sobre un tema que es central, que es la posibilidad de que todos los argentinos tengan derecho a la expresión y a aquellos bienes de carácter social que no pueden ser monopolizados por un sector o una empresa que creen que pueden ser dueños de la expresión de todo un pueblo", dijo durante un acto en un teatro en la ciudad de La Plata, al sur de Buenos Aires.

La propuesta impediría formar monopolios y oligopolios, algo permitido en la actualidad.

"La concentración monopólica no resiste ninguna ley del mundo. En el exterior se horrorizaban cuando veían el mapa de medios de la Argentina", afirmó Gabriel Mariotto, titular de Comité Federal de Radiodifusión (Comfer).

La legislación vigente permite a una sola persona jurídica ser titular de 24 licencias de servicios abiertos (radio y televisión), lo que quedaría limitado a 10 con la nueva normativa. El plazo de vigencia de las licencias sería de 10 años, en lugar de 15, y podrían prorrogarse por 10 más.

En la televisión por cable, se habilitaría el ingreso de compañías de telecomunicaciones, vedado en la actualidad, y regularía el tiempo de publicidad.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) exhortó hace unos días al gobierno argentino a cesar el "hostigamiento a la prensa y ratificar su compromiso con la plena vigencia de la libertad de expresión".

Al concluir las deliberaciones de su reunión de medio año en Asunción, Paraguay, la SIP sostuvo que "la libertad de prensa en la Argentina se está viendo amenazada de modo creciente por el poder político, a través de hechos de intimidación y agresión dirigidos contra periodistas y medios de comunicación".

La reforma de la ley de radiodifusión es rechazada por la oposición.

La diputada Silvana Giudici, titular de la comisión de Libertad de Expresión, dijo en conferencia de prensa que el proyecto de ley —que será discutido con distintas organizaciones antes de ser enviado al Congreso— "está destinado a seguir presionando a los medios de comunicación".

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