Actualizado: 03/02/2023 19:25
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Honduras

La Comisión de la Verdad confirma que sí hubo golpe Estado contra Zelaya

Presentan documento de 48 folios con algunas recomendaciones para preservar la institucionalidad y la democracia en Honduras

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La Comisión de la Verdad y la Reconciliación en Honduras (CVR) ha concluido que los hechos ocurridos el 28 de junio de 2009 constituyeron un golpe de Estado contra el entonces mandatario, Manuel Zelaya, quien habría desoído las advertencias de las autoridades para suspender una consulta popular declarada ilegal y que desató una de las peores crisis políticas que ha vivido esa nación centroamericana.

La CVR ha presentado un informe de 800 páginas en el que detalla los hechos ocurridos a partir del derrocamiento de Zelaya, de acuerdo a las investigaciones realizadas. También anexan un documento de 48 folios con algunas recomendaciones para preservar la institucionalidad y la democracia en Honduras.

El coordinador de la CVR, Eduardo Stein, ha explicado que el término golpe de Estado no es un concepto jurídico establecido en el derecho internacional ni en las leyes hondureñas, sin embargo, tras el análisis de la literatura internacional y de las condiciones dadas en Honduras la comisión considera “que lo sucedido el 28 de junio del 2009 tiene las cuatro características definidas de un golpe de Estado”.

Para que se pueda hablar de derrocamiento —indica la comisión en base a sus investigaciones— la “víctima” debe ser el presidente “u otra autoridad civil o militar que tenga el mando máximo del Poder Ejecutivo”, pero además “que el perpetrador del golpe haya ejercido violencia o coerción contra la víctima para que abandone su cargo”.

Las acciones deben ser “abruptas y rápidas” y deben poner en evidencia una “clara violación del procedimiento constitucional” en el proceso de destitución de la máxima autoridad del país.

Zelaya fue derrocado el mismo día que se disponía a celebrar una encuesta —declarada jurídicamente como ilegal— en la que consultaría a los hondureños la posibilidad de realizar un referéndum en noviembre de ese año para reformar la Constitución. Los opositores justificaron estas acciones alegando que el objetivo de la consulta era establecer un socialismo y aprobar su reelección indefinida.

Roberto Micheletti, entonces presidente del Congreso, fue nombrado presidente “de facto”, decisión avalada por los principales partidos que controlan el poder en Honduras —incluyendo el que respaldaba entonces a Zelaya— que en su momento argumentaron que se trataba de una sucesión constitucional.

En cambio, la CVR aclara que no puede hablarse de sucesión constitucional porque el mandatario fue expulsado por militares. “Se ve claramente que la institucionalidad democrática no fue efectiva para resolver la crisis y evitar la salida violenta de Zelaya Rosales, no por falta de acciones y resoluciones tomadas, sino porque las decisiones de las autoridades fueron desconocidas y no fueron acatadas por el presidente”, explica la comisión.

La comisión ha subrayado que después de haber hecho un análisis profundo a la Constitución pudo determinar que el Congreso “no tiene atribuciones para destituir al presidente de la República ni para nombrar a un sustituto”.

Por tanto, “el nombramiento del señor Roberto Micheletti como presidente interino de Honduras fue ilegal y el gobierno que surge entre el día 28 de junio del año 2009 y el 26 de enero del año 2010 fue un gobierno ‘de facto’”, ha sentenciado la CVR.

La comisión ha confirmado también que Zelaya no renunció al poder, como se dijo en un comienzo, y que la firma que aparece en un supuesto documento de dimisión “es falsa”.

Zelaya fue expulsado el 28 de junio de 2009 por militares que lo trasladaron a Costa Rica. Tres meses después, regresó de manera clandestina y se alojó en la Embajada de Brasil en Tegucigalpa, donde permaneció hasta el 27 de enero de 2010, cuando el actual presidente, Porfirio Lobo, le dio un salvoconducto para viajar a República Dominicana, donde residió hasta el pasado 28 de mayo, fecha en la que pudo retornar a Honduras.

La comisión constató además que unas 20 personas murieron en manos de las fuerzas de seguridad durante la crisis política en Honduras y denunció que “entre el 28 de junio de 2009 y el 27 de enero de 2010”, las autoridades hondureñas “y sus agentes cometieron numerosas violaciones a los Derechos Humanos”.

“La Policía y las Fuerzas Armadas dieron muerte a un mínimo de 12 personas utilizando de forma desproporcionada sus armas de fuego y gases tóxicos” para dispersar las protestas contra el gobierno interino y a favor de Zelaya, ha enfatizado la CVR. “Se ha constatado que en siete de estas muertes las víctimas ni siquiera participaban en las manifestaciones”, ha resaltado.

Se estima que ocho opositores “fueron asesinados selectivamente por agentes del Estado u otros perpetradores que aparentemente servían a la misma política estatal de represión” con el objetivo de “reprimir a la oposición”, ha denunciado la comisión en su informe.

La CVR fue creada el 5 de mayo de 2010 para esclarecer los hechos ocurridos antes, durante y después del 28 de junio del 2009. Está conformada por el ex vicepresidente de Guatemala Eduardo Stein, el diplomático canadiense Michael Kergin y la abogada peruana María Zavala Valladares, como representantes de la comunidad internacional. Por parte de Honduras participaron la actual rectora de la Universidad Nacional Autónoma, Julieta Castellanos; el académico Jorge Omar Casco y Sergio Membreño, en calidad de secretario.

En el acto estuvieron presentes Lobo, el presidente de la Corte Suprema de Justicia Jorge Rivera Avilez y el secretario de la Organización de Estados Americanos (OEA) Miguel Insulza, entre otras personalidades hondureñas e internacionales.


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