La SGAE, bajo sospecha de corrupción
Este viernes han sido detenidas nueve personas, entre ellas Teddy Bautista, presidente de la Sociedad General de Autores y Editores, acusado de un presunto delito de apropiación indebida
La Audiencia Nacional de España investiga un presunto desvío de fondos en la filial digital de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), cuya sede central fue registrada este viernes por la Guardia Civil dentro de una operación puesta en marcha por la Fiscalía Anticorrupción.
Fuentes de la investigación sitúan a Felipe Neri, director general de la Sociedad Digital de Autores y Editores (sDae), como el presunto creador de la trama societaria a través de la que se efectuaba el desvío de fondos.
Desde la mañana de este viernes, la Guardia Civil registra la sede central de la SGAE en Madrid dentro de una operación anticorrupción que investiga supuestos delitos de malversación de fondos y apropiación indebida.
Dentro de las diligencias abiertas por el Juzgado número 5 de la Audiencia Nacional, cuyo titular es Pablo Ruz, se investiga a determinadas personas vinculadas a la SGAE —entre ellas a su presidente, Teddy Bautista— que pudieron crear una trama societaria valiéndose de su posición para desviar fondos “en perjuicio de la propia entidad y de sus socios”.
El diario español El País ha informado de la detención de Bautista, junto a otras ocho personas. Al presidente del Consejo de Dirección de la SGAE se le acusa de un presunto delito de apropiación indebida en relación con una causa que investigan la Fiscalía Anticorrupción y la Audiencia Nacional, confirmaron altos cargos del Ministerio del Interior.
El registro fue autorizado el jueves por Ruz, que además acordó el bloqueo y embargo de varias cuentas bancarias, tal como le pidió la Guardia Civil.
La causa, declarada secreta, arranca de la presentación en marzo de 2010 de una denuncia por parte de Anticorrupción que recayó en el Juzgado número 5 de la Audiencia Nacional, del que en esos momentos todavía era titular Baltasar Garzón, que incoó diligencias previas.
En noviembre de 2007, la Asociación de Internautas, la Asociación de Usuarios de Internet (AUI), la Asociación Española de Pequeñas y Medianas Empresas de Informática y Nuevas Tecnologías (APEMIT) y de la Asociación Española de Hosteleros Víctimas del Canon (VACHE) presentaron una denuncia contra la sociedad de gestión.
La denuncia advertía de que el reparto de “las múltiples y variadas clases de recaudaciones de la SGAE —incluido el polémico canon digital— se realiza en gran parte de forma ilegal entre sus filiales y no entre sus socios”.
En concreto, se denunciaba la “relación directa” de directivos de la SGAE con un entramado societario de distintas compañías, entre ellas Microgénesis, dedicadas a negocios de naturaleza lucrativa, en contra de lo establecido en la Ley de Propiedad Intelectual.
La SGAE expresó su confianza en la inocencia de sus directivos y manifestó que espera “conocer el sentido de las investigaciones y registros”.
El presidente de la Asociación de Internautas, Víctor Domingo, acusó en cambio al Ministerio español de Cultura de no haber fiscalizado correctamente las cuentas de la SGAE y, en declaraciones a EFE, dijo que “esas cuentas, y ya lo dijo en su momento el Consejo de la Competencia, no son transparentes ni claras”.
Desde el Gobierno español, el vicepresidente primero, Alfredo Pérez Rubalcaba, eludió valorar la operación y se limitó a afirmar que los agentes de la Guardia Civil cumplen las órdenes del juez.
La Sociedad General de Autores y Editores fue creada en 1988 al amparo de la Ley de Propiedad Intelectual que regulaba el pago de los derechos de autor en España, aunque sus orígenes se remontan a la antigua Sociedad de Autores Españoles, fundada en 1899.
La SGAE es la primera entidad de gestión de derechos de autor en España y la quinta en el mundo. Emite licencias a los usuarios de obras dramáticas, audiovisuales y musicales, recauda los derechos generados por su explotación comercial y los reparte entre los autores y los editores musicales, descontando exclusivamente los costes derivados de esta gestión.
Ocupa el séptimo lugar entre las Sociedades con mayor recaudación y la cuarta en menos costes de gestión.
Asimismo, reúne más de 500 editores y gestiona más de tres millones de obras musicales, teatrales, audiovisuales, ballets, coreográficas, pantomímicas, dramático musicales, películas cinematográficas, documentales y docudramas, entre otros.
Tiene trece Delegaciones Generales en España y una red de 200 representantes nacionales. También dispone de oficinas propias en EEUU, Cuba, México, Japón y Argentina.
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