La tensión rodea los preparativos de un diálogo entre el gobierno y los prefectos regionales

Un ambiente hostil precede al diálogo que se iniciará el lunes próximo en La Paz, en busca de terminar con la crisis entre el presidente Evo Morales y los nueve prefectos, entre ellos cinco opositores, luego de que el gobierno denunciara que éstos financiaron la violencia social en 2007, informó la AFP.

El ministro boliviano de Gobierno (Interior), Alfredo Rada, confirmó que el lunes comenzará un diálogo nacional buscando desactivar la aguda división política surgida tras la nueva Constitución, aprobada a principios de diciembre por el oficialismo en la Asamblea Constituyente, sin aval de la oposición.

La Constitución, de corte estatista e indígena, es rechazada por prefectos y líderes civiles de Santa Cruz, Tarija, Cochabamba, Beni y Pando, que respondieron con la decisión de conformar gobiernos locales autónomos, con instituciones que asuman similares roles a los poderes Ejecutivo y Legislativo.

El ministro Rada opinó, por segunda vez en menos de 48 horas, que "a título de autonomías no se puede poner en riesgo" la "unidad nacional" e insistió en que esta demanda "sea retirada".

Por su parte, el poderoso prefecto de Santa Cruz, Rubén Costas (considerado el principal opositor de Morales), dijo que van al diálogo sin condiciones, aunque acotó que "si no hay acuerdos, el pueblo debe definir con su voto en los próximos referendos quién tiene la razón".

En los próximos 60 a 180 días, Bolivia debe enfrentar al menos tres consultas nacionales: una para aprobar la nueva Constitución, otra sobre la revocación del mandato del presidente y los gobernadores, y una tercera para resolver una cuestión de tierras.

Además, seis de los nueve departamentos bolivianos tienen previsto referendos para imponer las autonomías departamentales que el gobierno central rechaza.

A menos pocos días de instalarse el "diálogo por la paz" de Bolivia, el vocero presidencial Alex Contreras acusó a los prefectos opositores de haber fomentado los conflictos sociales contra el gobierno nacional, de orientación izquierdista.

"El año 2007 ha sido marcado en algunas coyunturas por enfrentamientos que estuvieron propiciados y financiados por algunos prefectos", afirmó Contreras, citado este miércoles por el matutino La Prensa.

En las cinco regiones se han registrado en varias oportunidades cabildos, huelgas de hambre y cortes de ruta para que el presidente Morales —de origen indígena— atienda las demandas.

Las protestas más fuertes se produjeron en la ciudad de Sucre a fines de noviembre, con un enfrentamiento entre universitarios y policías —que dejó tres civiles muertos— por el rechazo a la nueva Constitución, que era aprobada en un cuartel militar.

Morales también alimentó el clima hostil al señalar días atrás que los estatutos autonómicos de las regiones rebeldes deben ser "tirados" al cubo de la basura por tener artículos secesionistas.

Mientras Morales y los prefectos opositores mantienen aún posiciones irreductibles, el defensor del Pueblo, Waldo Albarracín, reconoció que "el panorama político vive una difícil coyuntura" y que "el diálogo no será fácil".

Al encuentro gobierno-regiones asistirán también los prefectos de La Paz, Oruro, Potosí y un delegado de Chuquisaca, pues la máxima autoridad de esta última, David Sánchez, renunció al cargo a mediados de diciembre y huyó a Perú donde tramita asilo político.

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