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Honduras

La UE, dispuesta a sancionar a los miembros del gobierno de Micheletti

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Los países de la Unión Europea (UE) se mostraron el martes "resueltos" a imponer nuevas medidas restrictivas a Honduras, en particular contra los miembros del gobierno de facto, mientras éste no acepte una salida negociada al conflicto político, reportó la AFP.

 

"La UE está resuelta a tomar otras medidas coercitivas, que podrán afectar en particular a aquellos miembros del gobierno de facto de los que conste que han bloqueado el progreso hacia una solución negociada", señala un texto aprobado durante una reunión de cancilleres europeos en Bruselas.

 

Los 27 emplazaron al gobierno de Roberto Micheletti, en el poder tras el golpe de Estado de fines de junio contra el presidente Manuel Zelaya, a aplicar el Acuerdo de San José y reinstaurar el orden constitucional antes de la celebración de las elecciones de noviembre.

 

La resolución adoptada por los cancilleres "es muy importante porque supone una posición común de la UE y una tolerancia cero para todas las autoridades que han colaborado en ese golpe", se felicitó el secretario español de Asuntos Europeos, Diego López Garrido.

 

España trata de convencer a sus socios de que endurezcan su postura y restrinjan la entrada en territorio europeo de los funcionarios del gobierno de facto, aunque por el momento esta medida no fue consensuada por los 27.

 

Los cancilleres dieron muestras de querer ir más despacio, encargando "a los órganos pertinentes" que "inicien los trabajos preparatorios necesarios" para examinar una nueva tanda de sanciones, según el texto acordado.

 

La UE no mantiene una política de visados con Honduras, por lo que la decisión de prohibirlos a los miembros del gobierno de facto debería tomarla a nivel nacional cada Estado.

 

La UE restringió poco después del golpe los contactos con los representantes de Micheletti y congeló la ayuda presupuestaria de 65,5 millones de euros (95 millones de dólares) así como la cooperación al desarrollo destinada al país, excepto partidas clave para la población.

 

A nivel regional, suspendió las negociaciones para un acuerdo comercial fundamental en el que además de Honduras, participan Costa Rica, Guatemala, El Salvador y Nicaragua.

 

Pero el martes los cancilleres postergaron una vez más la decisión de endurecer o no las sanciones contra Honduras, distanciándose de Estados Unidos, que sigue acrecentando la presión sobre el régimen golpista.

 

Tras cancelar las ayudas económicas y militares y anunciar que no reconocerá las elecciones del 29 de noviembre, Washington anunció la semana pasada que revocó los visados a Micheletti, a 14 de los 15 magistrados de la Corte Suprema y a varios empresarios, entre otras personalidades.

 

Después de conocerse la decisión, el gobierno de facto solicitó el lunes una reunión con la secretaria de Estado norteamericana, Hillary Clinton, y el senador Richard Lugar, "en el intento de salvar el proceso" de mediación del presidente de Costa Rica, Oscar Arias, artífice del Acuerdo de San José que prevé el retorno de Zelaya, algo a lo que hasta ahora se opuso Micheletti.

 

Este martes, entre tanto, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU decidió impedir al embajador de Honduras en Ginebra asistir a sus sesiones, tras determinar que representa al gobierno golpista que pocos países reconocen como legítimo, informó Reuters.

 

El embajador de Honduras para la ONU en Ginebra, José Delmer Urbizo, recibió la orden de dejar el auditorio de Naciones Unidas el lunes, luego que otros Estados latinoamericanos dijeron que representaba a un régimen "ilegal" y no al gobierno del presidente Manuel Zelaya, que fue derrocado por el Ejército en junio.

 

Alex Van Meeuwen, el presidente belga del Consejo de Derechos Humanos de 47 miembros, dijo a las delegaciones presentes el martes que el embajador hondureño no podrá regresar a las sesiones.

 

"Recibí una carta ayer por la tarde, fechada el 20 de agosto, indicando que el representante permanente de Honduras en Ginebra no es el representante acreditado del gobierno del presidente Zelaya", dijo Van Meeuwen.

"Informé y consulté a las partes involucradas (...) y se tomaron las medidas apropiadas sobre el tema", agregó.


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