Morales aprueba un decreto que permite incautar bienes a secesionistas o terroristas

El presidente de Bolivia, Evo Morales, aprobó un decreto para incautar de manera expedita los bienes de personas acusadas por terrorismo o secesionismo, informó la AFP.

"Este decreto supremo que acabamos de aprobar en Gabinete (...) responde a los hechos separatistas, terroristas y violentos que han pretendido dividir al país", afirmó el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, al dar a conocer la norma en conferencia de prensa.

El gobierno acusa a los opositores del departamento autonomista de Santa Cruz de vínculos con un grupo boliviano-europeo recientemente desarticulado, que supuestamente tenía un plan para asesinar a Morales, como paso para lograr la separación de la región.

Según el decreto de Morales, la incautación procede por orden de un juez, a solicitud de cualquier fiscal, y establece el distrito de La Paz como sede para dilucidar todos los casos, incluidos aquellos que pudieran ocurrir en Santa Cruz, el feudo de la oposición de derecha.

Hasta la fecha, el decomiso de bienes en Bolivia sólo ocurría por delitos de narcotráfico, y la expropiación de la propiedad privada era viable por causa de necesidad o utilidad pública, calificada mediante ley parlamentaria y previa indemnización.

Según la explicación de Quintana, el decreto aprobado tipifica los delitos de terrorismo o secesionismo como traición a la patria, tomando como base un artículo de la nueva Constitución boliviana que señala que comete ese delito el que tome armas contra el país, al servicio de un Estado extranjero, o que "atente contra la unidad del país".

La norma —dijo Morales de manera anticipada— se podría aplicar también contra propietarios de medios de comunicación, ante la sospecha de que algunos patrones de la prensa de Santa Cruz estuvieron ligados al grupo armado boliviano-europeo.

El decreto se aprueba pocos días después de que el gobierno denunció que ricos empresarios de la región opositora de Santa Cruz apoyaron con dinero en la conformación de un grupo armado, encabezado por Eduardo Rózsa, muerto en un operativo policial el mes pasado junto a dos europeos.

Rózsa, un boliviano con nacionalidades húngara y croata, había señalado en una entrevista el año pasado que viajaría a Bolivia para organizar una resistencia de Santa Cruz contra el gobierno central, y en un escenario extremo buscar la independencia de esa región.

El fiscal que investiga el caso, Marcelo Sosa, ligó con la célula de Rózsa al prefecto de Santa Cruz, Rubén Costas; al principal opositor del gobierno, el rico empresario Branko Marinkovic, y a una media docena de ricos patrones.

Tras la aprobación del decreto, el presidente del Senado y dirigente opositor, Oscar Ortiz, afirmó que el gobierno "está ingresando a un oscurantismo en materia de derecho, un terrorismo de Estado para atemorizar a la gente para que nadie se pueda animar a hacer oposición a este gobierno".

El temor opositor se incrementa debido a que Bolivia ya se encuentra en etapa preelectoral para los comicios del 6 de diciembre próximo, cuando Morales pugnará por un nuevo mandato hasta 2015, mientras la oposición no tiene aún un candidato visible.

Según Ortiz, la norma parece dirigida a Santa Cruz, la región más rica de Bolivia con un aporte de 30% al PIB boliviano y donde Morales es resistido.

Las autoridades de este departamento impulsan además la formación de gobiernos autónomos para reducir su dependencia con el poder Ejecutivo, asentado en la Paz, sistemas administrativos que para el oficialismo tienen carácter secesionista.

Este departamento y los de Tarija, Beni y Pando aprobaron estatutos autonómicos en mayo de 2008 en referendos populares, considerados ilegales por el gobierno de Morales.

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