Actualizado: 17/10/2017 10:31
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Cuba, Nicaragua, Refugiados

Oposición nicaragüense critica trato a cubanos

Acusan a Daniel Ortega de tratar como “delincuentes” a los inmigrantes procedentes de la Isla que intentan llegar a Estados Unidos

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Los opositores de la disidencia sandinista de Nicaragua criticaron fuertemente este lunes al gobierno de Daniel Ortega por reprimir y tratar como “delincuentes” a los inmigrantes cubanos que fueron devueltos a Costa Rica cuando intentaron atravesar el país para llegar a Estados Unidos, informa la AFP.

Más de 1.500 cubanos fueron “reprimidos con bombas lacrimógenas, balas de goma, (y) perseguidos por fuerzas militares y policiales como si fuesen peligrosos delincuentes”, denunció el Movimiento de Renovación Sandinista (MRS-centroizquierda) en un comunicado sobre los hechos ocurridos el domingo.

Tras “la desmedida reacción represiva, el gobierno de Nicaragua ha tratado de convertir una crisis humanitaria en un problema político-fronterizo con Costa Rica para manipular a los nicaragüenses”, señaló el partido formado por disidentes del gobernante Frente Sandinista.

El gobierno nicaragüense acusó el domingo a San José de violar su soberanía y causar una crisis humanitaria por facilitar el paso de cubanos ilegales hacia su territorio.

Según el MRS, la denuncia es “una cortina de humo tras la cual el gobierno de Ortega pretende ocultar su conducta inhumana y represiva contra los migrantes cubanos”.

Recordaron que Nicaragua siempre ha sido “un país de migrantes” y que más de un millón de nicaragüenses vive en otros países, incluyendo Costa Rica.

El MRS, uno de los sectores más críticos al gobierno de Ortega, se solidarizó con los cubanos que quedaron varados en Costa Rica y llamaron a las autoridades nicaragüenses a respetar sus derechos.

El gobierno sandinista por su parte consideró que su par costarricense violó las normas migratorias de tránsito y respeto de las fronteras al permitir la salida de los cubanos hacia Nicaragua.

Cuba es uno de los 41 países cuyos nacionales deben pedir visa para entrar a Nicaragua.

El gobierno de Costa Rica informó el lunes de que tramita el estatus de refugiado para 14 cubanos integrantes de una oleada de casi 2.000 que se encuentran en el país por la decisión de Nicaragua de cerrarle la frontera.

La directora de Migración y Extranjería, Kathya Rodríguez, explicó en una conferencia de prensa que se trata de cuatro familias cubanas, diez adultos y cuatro niños, quienes se encuentran en San José bajo la protección de las autoridades.

Desde el pasado sábado Costa Rica ha dado cerca de 2.000 visas de tránsito, con una validez de siete días, para los cubanos que llegaron hasta la frontera con Panamá y que aseguran que su destino final es Estados Unidos.

Sin embargo, al llegar a Peñas Blancas, frontera entre Costa Rica y Nicaragua, el gobierno nicaragüense les ha negado la entrada y la tarde del domingo repelió con el uso del ejército a unos 800 cubanos que intentaron ingresar ilegalmente.

La directora de Migración de Costa Rica aseguró que en Peñas Blancas se han habilitado albergues para que los cubanos reciban asistencia humanitaria por parte de organizaciones internacionales, de socorro, la sociedad civil e instituciones estatales.

Rodríguez dijo que los derechos de los inmigrantes serán resguardados y que si la situación no se soluciona en los siete días de vigencia de la visa, ese plazo será extendido.

“Las visas se les dieron por un plazo de siete días, pero no debe haber preocupación para estas personas porque haremos las prórrogas respectivas”, indicó.

Los cubanos, que portan pasaporte, afirman haber llegado a Costa Rica tras una travesía que los llevó a Ecuador por aire y luego a Colombia y Panamá por mar y tierra, en condición migratoria irregular.

Su objetivo es continuar por los países centroamericanos y México hasta llegar a Estados Unidos.

Costa Rica ha rechazado estas acusaciones al afirmar que se ha apegado a la legislación internacional sobre inmigrantes y derechos humanos, y al mismo tiempo deploró el uso del ejército nicaragüense contra una población civil, entre la que hay mujeres embarazadas y niños.


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