Partido pro oficialista repudiado por Chávez pide al Supremo aclarar la ampliación de la reforma constitucional

Dos diputados del partido minoritario pro oficialista Podemos pidieron este jueves al Tribunal Supremo aclarar la legalidad de la iniciativa parlamentaria de incluir nuevos artículos al proyecto de reforma constitucional presentado por el presidente venezolano, Hugo Chávez, informó EFE.

Los diputados Ismael García y Juan José Molina también anunciaron que acudirían al Consejo Nacional Electoral (CNE) y de nuevo al Supremo para presentar un documento, cuyo contenido no revelaron, a fin de "darle continuidad al conjunto de acciones jurídicas" con las que pretenden hacer "cumplir las leyes" nacionales.

La posición crítica a algunos puntos de la reforma impulsada por Chávez le ha valido a los dirigentes del Podemos los calificativos de "estiércol y traidores" por parte del gobernante, quien hace dos semanas decretó que ese partido "ya es de oposición".

García y Molina introdujeron este jueves ante el Supremo un recurso de interpretación del artículo 343 de la Constitución, que establece el procedimiento que debe seguir la Asamblea Nacional (AN) para tramitar un proyecto de reforma constitucional.

Ambos diputados insistieron en calificar de "ilegal" la inclusión, por parte de la llamada "comisión mixta" de la AN, de 25 nuevos artículos al proyecto de reforma de 33 artículos presentado por Chávez el pasado 15 de agosto.

Argumentaron que el nuevo articulado se añadió después de que el proyecto de reforma presidencial se debatió en dos de las tres discusiones en el pleno de la AN, de 167 miembros, todos oficialistas debido a la retirada de los opositores en las elecciones de 2005.

La tercera y última discusión parlamentaria de la reforma comenzó el pasado martes, y la directiva de la AN aspira que el proyecto de 58 artículos sea aprobado este mismo mes para someterlo a referendo popular el próximo 2 de diciembre, fecha que sugirió el CNE.

García denunció ayer que ante el pleno legislativo se presentaron a tercera discusión "dos proyectos diferentes" de reforma: el original propuesto por Chávez y otro redactado por la comisión mixta, integrada por la directiva de la AN y los jefes de las comisiones permanentes del Parlamento unicameral.

"Se pretende utilizar mecanismos que son absolutamente ilícitos para tratar de imponer un modelo de cosas en la Constitución, para lo que pudo entonces haberse llamando a una Asamblea Constituyente", dijo García en la sede del Supremo.

El gobierno venezolano aseveró el miércoles que los nuevos artículos incluidos por el Parlamento en la reforma presidencial "están en perfecta sintonía" con la intención original de Chávez.

Una de las modificaciones más polémicas añadidas por la comisión mixta parlamentaria es la eliminación de los derechos al debido proceso y la información durante los estado de excepción que decrete el Ejecutivo.

El ministro de Información, William Lara, dijo el miércoles por la noche que la supresión de esos derechos dotará al gobierno "de las herramientas" para "proteger a la población en situaciones extraordinarias".

La eliminación de los derechos al debido proceso y a la información durante los estados de excepción ha sido especialmente repudiada por la oposición y por organizaciones humanitarias locales y extranjeras con el argumento de que "viola acuerdos internacionales" suscritos por Venezuela.

Entre las 33 propuestas de reforma presentadas por Chávez están la reelección presidencial indefinida, varios tipos de propiedad, además de la privada, la eliminación de la autonomía del Banco Central y la creación de territorios federales por decreto.

El gobierno defiende la reforma porque asegura que consolidará el "sistema socialista de equidad y justicia", mientras que la oposición la rechaza, por considerar que otorgaría poder "imperiales" a Chávez y lo eternizaría en el poder.

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