PDVSA busca socios y reduce costos ante caída de precios del petróleo

La estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) intenta atravesar la tormenta de los bajos precios del barril reduciendo costos y buscando nuevos socios para proyectos en la Faja del Orinoco (este), pero en el camino tendría que flexibilizar sus esquemas de negocio, reportó la AFP.

El valor del crudo venezolano, que aporta más del 90% de las divisas y representa el 50% del presupuesto nacional, cayó casi 100 dólares desde julio de 2008, cuando llegó a 130 dólares. Ahora, el barril local se sitúa en torno a los 36 dólares, lejos de los 60 estimados en el presupesto de 2009.

Por otra parte, la reducción en la demanda energética internacional dejará en 2009 cerca de 6,5 millones de barriles diarios de excedentes en el mundo, ideal para un mercado donde "los compradores dictan las condiciones", dijo a la AFP el experto petrolero, Mazhar Al Shereidah.

"Esto y la baja del precio del petróleo dejan clara la necesidad de replantearse un cambio de enfoque" en PDVSA, dijo el analista.

En ese sentido, el ministro de Energía, Rafael Ramírez, anunció esta semana que la estatal intentará reducir costos en un 40% y buscar socios para sostener las inversiones en la Faja.

Oficialmente, PDVSA continuará con el programa Siembra Petrolera, que incluye 88 proyectos mayores en la Faja, que requieren de una inversión de 125.000 millones de dólares hasta 2013.

Pero para el analista energético Rafael Quiroz, la caída de los precios obligará a la estatal petrolera a revisar estos proyectos y presentar "elementos atractivos" a sus socios internacionales.

En 2007, PDVSA pasó a ostentar al menos el 60% del capital de cualquier proyecto petrolero en la Faja, condición aceptada por la mayoría de las transnacionales presentes en la reserva, en una época de altos precios del crudo.

"PDVSA no puede financiar ese nivel de inversiones. Sin duda alguna, todos los proyectos a mediano y largo plazo deben ser revisados (...) Es lógico que la proporción de financiamiento internacional y nacional sufra un ajuste", explicó Quiroz.

Más pesimista es el director del Instituto Prospectiva y Estrategia El Bosque, Diego González, quien considera que la crisis financiera internacional es un factor suficiente para congelar cualquier inversión en la Faja.

"Lo más probable es que la licitación de los campos de Carabobo (en la faja) se posponga porque no hay clima (de inversión)", dijo González a la AFP, refiriéndose a una subasta prevista en las próximas semanas.

Los bajos costos de producción del barril en la Faja hacen que los proyectos en esta zona sean atractivos dentro de un escenario de precios petroleros por debajo de 40 dólares, pero al agregarse impuestos y regalías, los proyectos no quedan exentos de dificultades financieras.

Según González, PDVSA, cuyo pasivo total sobrepasa los 7.500 millones de dólares, no va a renunciar a estos impuestos y "va a seguir imponiéndose" en la planificación de los proyectos, lo cual puede alejar a numerosas empresas.

Para Quiroz, si los recortes se reflejaran también en la nómina, de más de 40.000 empleados, y en los servicios que presta PDVSA, como la importación de alimentos y los programas sociales de educación, los costos totales bajarían en "forma significativa".

Mientras se organiza internamente, en el exterior Venezuela buscará en la reunión de la Organización de Países Exportadores (OPEP) del 15 de marzo la aprobación de un nuevo recorte de la producción con la aspiración de llevar el precio del barril a 70 dólares.

Para Quiroz, quien se autoincluye en la "corriente optimista", los precios del petróleo no pasarán de 60 dólares "mientras la economía americana no salga del túnel de la recesión".

"Es un error creer que la OPEP es un cártel. Maneja menos del 40% del mercado mundial. ¿Cómo va a influir en una economía que está en decrecimiento?", se preguntó González.

"A menos que haya un evento geopolítico mayor en el Medio Oriente, algo artificial que no tiene nada que ver con los fundamentos del mercado, el precio no tiene por qué subir", concluyó Al Shereidah.

Chávez interviene tierras de empresa Smurfit Kappa

El gobierno de Venezuela intervino las tierras de la firma irlandesa Smurfit Kappa Group, que encabeza la producción de cartón para el mercado europeo, informó el jueves el presiente Hugo Chávez, como parte de una iniciativa radical de reforma agraria, informó la AP.

Chávez dijo que el gobierno tomó el control de una superficie de 1.500 hectáreas en la franja central del estado de Lara, un sector denominado El Pinal, porque consideró que las tierras no estaban siendo utilizadas adecuadamente bajo las estrictas regulaciones del gobierno.

La intervención es la nueva medida de Chávez para ampliar el papel del Estado en la economía y dirigir al país sudamericano hacia lo que llama "el socialismo del siglo XXI". El anuncio fue hecho después de que Chávez ordenó la expropiación de una planta procesadora de arroz, propiedad de la empresa estadounidense Cargill Inc.

"Por aquí, en territorio larense, veníamos viendo esta área donde la empresa Smurfit tiene siembras de eucaliptos, eso también lo hemos intervenido ayer (miércoles), está intervenida Smurfit", dijo Chávez durante un discurso televisado desde Lara.

"El eucalipto se chupa el agua del subsuelo, se están secando los ríos", destacó.

"La trasnacional denominada Smurfit, la cartonera, siembra un tipo específico de madera, en el que los únicos beneficiados son los propietarios de la empresa", añadió.

Los representantes del grupo Smurfit Kappa no estuvieron disponibles de inmediato para pronunciarse sobre el caso.

Chávez afirmó que la tierra será utilizada para plantar maíz, sorgo y frijoles negros, mientras que el ministro de Obras Públicas, Diosdado Cabello, afirmó a la agencia estatal de noticias ABN que las tierras tomadas en Lara serían "entregadas a las comunidades" y "consejos comunales", asambleas vecinales que son financiadas por el gobierno.

El presidente Chávez puso en marcha una iniciativa nacional de reforma agraria poco después de asumir el cargo en 1999, amparado en una ley aprobada en el 2001 por la Asamblea Nacional, dominada por sus aliados políticos, que le faculta para tomar control de tierras agrícolas que son declaradas como infrautilizadas.

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