Actualizado: 25/04/2024 19:17
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Uribe retira a la policía secreta la facultad de realizar escuchas telefónicas

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En medio de un escándalo por denuncias de espionaje telefónico, el presidente Álvaro Uribe anunció el jueves que retiró a la policía secreta la facultad de hacer grabaciones, informó la AP.

 

En adelante, dijo el presidente en una breve intervención en la casa de gobierno, las interceptaciones telefónicas, que son legales únicamente con orden judicial, estarán en manos de la Policía Nacional, comandada por el general Oscar Naranjo.

 

Uribe dijo que la decisión de transferir a la Policía Nacional las competencias de grabaciones desde el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), se tomó el miércoles por la noche tras una reunión con los mandos policiales y militares.

 

El DAS es un cuerpo de policía secreta creado en 1953 y que depende directamente de la presidencia.

 

"A partir de hoy el DAS no ejercerá directamente la competencia para hacer interceptaciones con orden judicial", dijo Uribe, quien habló acompañado del alto mando militar y policial.

 

El presidente declinó responder consultas de los reporteros.

 

Uribe dijo que, en adelante, si el DAS desea hacer un seguimiento, como los que actualmente hace con orden judicial a sospechosos de narcotráfico y de grupos guerrilleros, deberá solicitarlo a la Policía Nacional.

 

El más reciente escándalo estalló el sábado cuando la revista Semana afirmó en un reportaje, citando una fuente anónima del DAS, que ese cuerpo espiaba diálogos de políticos de oposición, magistrados y periodistas.

 

El gobierno, a través de su ministro del Interior, Fabio Valencia Cossio, dijo que el caso sería investigado y que incluso algunas versiones señalaban que funcionarios de gobierno y colaboradores del presidente también eran escuchados.

 

La Fiscalía allanó el domingo las tres salas en la sede del DAS desde las que con equipos fijos se intervienen llamadas telefónicas, al menos 1.200 líneas. El DAS también posee al menos tres equipos móviles de interceptaciones.

 

Todos esos equipos, dijo Uribe, "seguirán utilizándose siempre con orden judicial, pero de ahora en adelante operados por la Policía Nacional".

 

La Fiscalía hasta ahora no ha informado oficialmente quiénes eran espiados y por orden de quién.

 

Como hace dos años también se produjo un escándalo en el seno de la Policía Nacional, precisamente por interceptaciones ilegales, Uribe dijo que ese cuerpo había hecho todos los esfuerzos por detectar y solucionar el problema.

 

El DAS, un organismo con 6.000 funcionarios en todo el país y un presupuesto anual equivalente a unos 1.600 millones de dólares, ha sido en los últimos año centro de repetidos escándalos.

 

Uno de sus ex directores, Jorge Noguera, está en prisión por presuntamente filtrar información a comienzos de década a grupos paramilitares.

 

María del Pilar Hurtado renunció en octubre a la dirección del DAS después de que un senador izquierdista denunciara que era vigilado constantemente por efectivos de ese cuerpo.

 

También existen otros antecedentes recientes de espionaje telefónico, como la destitución de 11 generales de la policía en mayo del 2007 por interceptar clandestinamente las comunicaciones de opositores y funcionarios del gobierno. Algunos de los relevados enfrentan cargos penales.

En el 2000, la Fiscalía vinculó penalmente a varios funcionarios del DAS y la policía porque, al parecer, al igual que las denuncias actuales, escuchaban ilícitamente conversaciones telefónicas de jueces, periodistas y líderes sindicales. Al final, la indagación fue archivada por falta de pruebas contra los sindicados.


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