Derecho a los derechos

La expresión “Proyecto Varela” ha entrado de nuevo en circulación gracias a los líderes religiosos del exilio cubano, quienes respaldaron recientemente la convocatoria a un referendo, dentro del marco constitucional cubano, en busca de cambios políticos.
Oswaldo Payá Sardinas, presidente del Movimiento Cristiano Liberación y autor del Proyecto Varela, aboga por un cambio pacífico y desde dentro. “Porque si el cambio es violento, el gobierno que venga será un gobierno de fuerza y si esperamos que el cambio llegue desde afuera, entonces el pueblo no será protagonista del cambio”.
Pero el Proyecto Varela no es nuevo. En vísperas de la visita papal a Cuba, Payá lo presentó en la Nunciatura Apostólica cubana. ¿En qué consiste? El Artículo86 de la Constitución de la República de Cuba, en su inciso G, asegura que la iniciativa de las leyes compete a los ciudadanos. En este caso será requisito indispensable que ejerciten la iniciativa 10.000 ciudadanos, por lo menos, que tengan condición de electores. Es este el fundamento legal, dentro del marco constitucional cubano actual, que han tomado como base. Se trataría entonces de conseguir 10.000 firmas de ciudadanos con derecho al voto, apoyando un referéndum para llevar a consulta popular cinco puntos esenciales:
•Derecho a asociarse libremente
•Derecho a la libertad de expresión y de prensa
•Amnistía
•Derechos de los cubanos a formar empresas
•Una nueva ley electoral.
La petición se entregará en mano a los ciudadanos, después de tener su consentimiento, y cada uno la devolverá, firmada o no. El texto de la petición y las firmas se entregarán después a la Asamblea Nacional del Poder, encargada de llevar a la práctica el referendo.
En cualquier país del mundo esto sería un trámite normal. En Cuba, a pesar de encontrarse recogido en la Constitución, puede encontrar serios obstáculos. El primero es que una buena parte de los opositores que firmarían gustosamente la petición han sido desprovistos de sus derechos políticos. La segunda es ese doble discurso que el cubano común se ve obligado a mantener por pura supervivencia: la verdad privada y el silencio público. De modo que muchos, aunque no comulguen con el sistema actual, enfrentados a la decisión de hacer público mediante su firma el discurso privado, se abstendrán. Son enormes las presiones que harán más difícil su ya precaria situación en caso contrario. Tercero: el gobierno se encargará de boicotear por todos los medios la recogida de firmas. Y cuarto: una vez que se obtengan, podrá hacer caso omiso a su propia Constitución y no necesitará siquiera explicar al pueblo cubano su postura, dado que la prensa hará disciplinado silencio al respecto. Millones de cubanos ni siquiera sabrán que se ha violado la Constitución, un documento que en su día votó la casi totalidad de los electores.
¿Puede ocurrir? Me atrevería a vaticinar que en caso de recogerse las 10.000 firmas sorteando los enormes escollos que ello supone eso será precisamente lo que ocurra. El gobierno cubano, que blasona de contar con la adhesión masiva de los cubanos, jamás se atreverá a poner en manos de sus adeptos decisiones neurálgicas para su monopolio del poder, como el derecho a asociarse libremente, que sacaría de las catacumbas a los grupos opositores, los engrosaría mediante la amnistía y fomentaría sindicatos libres, el derecho a la libertad de expresión y de prensa, cuando bien saben que la información es poder; por no hablar de los derechos económicos y de una nueva ley electoral, que someterían sus monopolios tradicionales a la competencia.
Peor sería para el gobierno llevar estas consultas a referendo y ponerse más en evidencia ignorando un resultado adverso. ¿Por qué recoger entonces esas 10.000 firmas que posiblemente nunca se traduzcan en una consulta popular? Porque ello puede ser la evidencia más escandalosa de que el gobierno cubano es inconstitucional, incluso si el referente es su propia constitución y, por inferencia, no acepta la voluntad de la inmensa mayoría de los cubanos que un día aprobaron el documento. Y porque “los cubanos también tenemos derecho a los derechos'', como subrayó Payá en una ocasión. No sólo el derecho a la resignación y al silencio.
“Derecho a los derechos”; en: Cubaencuentro, Madrid, 16 de marzo, 2001. http://www.cubaencuentro.com/encuba/2001/03/19/1583.html.