Moratinos again
Dos años y medio después, Miguel Ángel Moratinos, ministro español de Exteriores, regresa a Cuba en visita oficial. Y ha subrayado que ésta tiene "un objetivo muy claro". "No he venido aquí a reunirme con ningún sector de la sociedad cubana sino a fortalecer las relaciones bilaterales". Los gobernantes de la Isla no forman parte entonces de ningún sector de la sociedad cubana, en lo que lleva razón. No es nada asombroso, por tanto, que su delegación no se haya reunido con la disidencia.
Esta visita continúa la nueva política hacia Cuba propuesta por España a la Unión Europea (UE): “acercamiento y diálogo”, "confianza, apertura y voluntad de trabajar con las autoridades cubanas”, en contraste con las medidas adoptadas en 2003 tras la Primavera Negra; medidas de “dudosa utilidad práctica”, según Moratinos. Se trata de “recuperar un nivel adecuado de interlocución con las autoridades cubanas”, aunque también una “relación más provechosa con la disidencia y con toda la sociedad”, explicó hace dos años. Y, efectivamente, el “recuperar” va por buen camino, no así la “relación más provechosa”, aunque quién sabe qué significa una “relación más provechosa”. ¿Provechosa para quién?
Moratinos se ufana de que la normalidad bilateral es ya un hecho consolidado y que se trata de "fortalecer" los vínculos con la isla, es decir, con sus gobernantes.
En la agenda llevaba algunos temas espinosos, como la retirada de los cuatro agentes del CNI que vigilaban a los etarras históricos refugiados en la isla, acusados por La Habana de "interferencias" en asuntos internos. Así como las quejas de los empresarios españoles sobre retrasos en los pagos del Estado y la repatriación de beneficios, y la detención del industrial español Pedro Hermosilla bajo acusaciones de cohecho y violación de contratos con el Estado cubano.
El saldo de la visita ha sido "el compromiso firme" del mandatario cubano de establecer un diálogo con los empresarios españoles para organizar calendarios de pago y saldar los 300 millones de deuda. La libertad provisional de Hermosilla a la espera de juicio. La inauguración de la oficina técnica de cooperación española en La Habana --la ayuda a la Isla aumentó de 17 millones de euros en 2007, a 32 en 2008, y se espera que ascienda a 34 en 2009--. Así como la liberación de los prisioneros de conciencia Nelson Alberto Aguiar Ramírez y Omelio Lázaro Angulo Borrero. Aguiar, encarcelado desde 2003, fue liberado tras cumplir 6 de los 13 años de condena. Angulo ya había sido liberado en 2005, y ahora es excarcelado de la Isla: se le permite abandonar el país un año antes del cumplimiento de su condena. Según Moratinos, esto es un ejemplo de la política constructiva con "un país amigo" como es Cuba, y añade que de los más de 300 presos políticos que había cuando los socialistas llegaron a La Moncloa, quedan 206.
A cambio, Madrid se ha comprometido a priorizar, durante su presidencia de la UE, la eliminación de "la Posición Común", al considerar que ésta, acordada en 1996 y por la cual se exige al ejecutivo cubano el tránsito a la democracia pluripartidista y a la economía de mercado, irrita al gobierno de Castro y, al imponer condiciones, obstaculiza todo esfuerzo democratizador y a favor de los DD HH. Un comunicado de la Cancillería cubana asegura "que sólo será posible avanzar hacia la plena normalización de las relaciones entre Cuba y la UE mediante la eliminación de la injerencista y unilateral Posición Común".
Fuentes del exilio y de la oposición han agradecido a Moratinos su mediación a favor de los dos disidentes excarcelados pero, al mismo tiempo, ha sido unánime la crítica a su diálogo con el gobierno excluyendo a la oposición. Crítica comprensible pero sólo parcialmente justa. ¿Por qué? Porque parte de un equívoco: que el propósito de la política española hacia Cuba es promover la democratización de la Isla y el respeto a los DD HH.
La política de cualquier país es una herramienta destinada a ejercer, ampliar y conservar el poder de la mejor manera posible. En naciones democráticas, eso exige contar con la anuencia de los electores, dado que la felicidad de los ciudadanos se traduce en alegría electoral. En países autocráticos, no, salvo que ponga en riesgo esa preservación del poder. La política exterior española hacia Cuba no elude esa definición. Está destinada a preservar y mejorar los intereses de los españoles, a aumentar su influencia en la Isla y a consolidar su carácter de puente entre la UE y Latinoamérica. Si, de paso, consigue algún avance en materia de DD HH y de democratización en Cuba, mejor. Incluso en las políticas domésticas, cuando se emplea el tema de Cuba como arma arrojadiza entre gobierno y oposición, deberemos descontar de la parte que corresponde a Cuba la que corresponde al arma.
No significa que los políticos sean insensibles a los sufrimientos del pueblo cubano, sino que sus prioridades profesionales son otras. Son cargos electos por el pueblo español, no por el pueblo cubano. Y es algo sobre lo que los cubanos de la Isla y de la diáspora deberemos tomar buena nota: Sólo a nosotros compete la democratización de la Isla y el respeto a los DD HH. No podemos delegar esa responsabilidad en políticos norteamericanos o españoles. Aunque agradezcamos cualquier gesto que se produzca en esa dirección en cualquier lugar del mundo.
Se han escuchado incluso voces amenazantes. Que una vez consumada la transición, los demócratas de la Isla saldarán sus cuentas con los interlocutores del régimen que una vez los obviaron. Un absurdo por partida doble. Cuando llegue ese día, serán otros los políticos españoles, y sería como pedirles cuentas por la actuación del capitán general Valeriano Weyler, quien inventó en 1896 los campos de concentración. Y si los demócratas de la Isla acentúan viejos resquemores antes que el interés de sus ciudadanos, no serían mejores que la aristocracia verde olivo que en un desplante a costa de las necesidades de los cubanos ha rechazado la colaboración europea. En definitiva, quienes se quedan sin el acueducto son sólo los ciudadanos. Y en ese sentido sí es un éxito para todos los cubanos que se haya incrementado la cooperación española a la Isla, éxito que, a su vez, cumple con una de las líneas maestras de la política internacional española.
Claro que ya la política es mucho más sutil y eufemística que hace un siglo. Los políticos invocan los DD HH, la lucha contra la pobreza, el hambre, el terrorismo, y se declaran en pro de la democracia y la felicidad universales, aunque debajo se muevan intereses comerciales y geopolíticos. Pero hay que hacerlo, al menos, con inteligencia. Descubrir, por ejemplo, las armas de destrucción masiva en Irak. Y hacerlo con elegancia. Cuando el ministro Moratinos afirma que "he encontrado en el presidente Raúl Castro el compromiso de avanzar en el proceso de reformas, de mejorar la situación económica de Cuba", ofende la inteligencia de los cubanos. Un país paralizado por la inoperancia y empantanado en la peor crisis de su historia sólo avanza hacia abajo: se hunde. Cuando sostiene que "aquí no se trata de pedir gestos sino que se avance en la buena dirección y que haya resultados concretos" debería saber que privar a las palabras de contenido está penado por la Real Academia de la Lengua. Y cuando afirma que España es respetuosa con la "decisión soberana de las autoridades cubanas" y "que son los propios cubanos los que deben decidir cómo llevar sus asuntos políticos", debería ser más pudoroso. No está hablando de un gobierno legitimado por las urnas, sino de una dictadura de medio siglo. ¿Acaso sonreiría complacido si alguien en su presencia se refiriera al franquismo en esos términos?
Y hablando de legitimidad, ese es uno de los terrenos en los cuales sí puede hacer mucho la UE por los cubanos. Dado que hoy el líder monopoliza toda la legitimidad y la representatividad que correspondería a los trece millones de cubanos, la UE debería distribuir equitativamente legitimidad y representatividad entre los múltiples interlocutores (oficiales y no oficiales) de la sociedad cubana, antídoto contra el monopolio simbólico del poder. Reconocer la horizontalidad de la sociedad cubana ha sido uno de los mayores logros de la Posición Común, a pesar de su costo político y económico, dada la hiperestesia del gobierno cubano, aquejado de ilegitimidad.
Frente a una dictadura que cuenta como rehén a un pueblo entero, Moratinos debería saber que toda política es de “dudosa utilidad práctica”. La democratización no vendrá por ese camino. Las dictaduras no suelen suicidarse en cocteles diplomáticos. Y si el propósito es comprar con “suavidad” la liberación de los presos políticos, hay 206 disponibles, y si escasearan, Raúl Castro puede encarcelar a otros cientos para reponer la moneda de cambio. De acuerdo a la lógica perversa de un gobierno que no se debe a sus ciudadanos, una dulcificación de las políticas europeas será interpretada como la rectificación no de una política ineficaz, sino injusta, y como tácita aceptación del status quo. Castro no escupirá de nuevo a Europa en sus “Reflexiones”; complacerá al empresariado que, en contubernio con un Estado que trafica sin pudor con la mercancía “cubanos”, recluta mano de obra cautiva mediante contratos de trabajo que en Europa serían constitutivos de delito, y entusiasmará a los supervivientes de una izquierda cretácica que defiende para los nativos de la Isla, con un fervor colonial, una dictadura que se cuidan mucho de pedir para los europeos en sus mítines electorales.
Mientras, la sociedad civil, esa Cuba embrionaria del día después, sabrá que se encuentra, de momento, más sola. Los intocables de la disidencia volverán a ser atendidos de lunes a viernes, en horario de oficina, por la trastienda de la embajada.
