Trata de cubanos
La trata de seres humanos es un fenómeno antiguo y universal. El caso más escandaloso fue el acarreo forzoso hacia América de millones de africanos. Pero existió antes, y renovando su modus operandi, persiste hasta hoy. El hombre es una mercancía rentable. En el sur de África se mantiene la esclavitud. Decenas de miles de mujeres son objeto cada año de la trata (de blancas, negras, amarillas), y terminan en los prostíbulos, donde ejercen como esclavas sexuales. Las mafias transportan decenas de miles de inmigrantes desde China, Marruecos o México, y los mantienen en régimen de semiesclavitud hasta tanto no sufraguen una deuda sin fin.
Durante la época en que Cuba perteneció al Consejo de Ayuda Mutua Económica (CAME), integrado por el bloque de Europa Oriental, el gobierno descubrió que era rentable exportar trabajadores. Miles de compatriotas fueron destinados a fábricas alemanas, o ejercieron de leñadores en los bosques de Siberia, donde se encargaron de labores que los nacionales no aceptaban. Idéntico proceso al que ocurría en Occidente, sólo que institucionalizado. Alemanes y rusos pagaban al gobierno cubano por la mano de obra. El gobierno de la Isla otorgaba al trabajador un estipendio y su salario en pesos cubanos. Y el trabajador eludía el paro, veía mundo y con frecuencia conseguía ahorrar unos pesos. Al caer el muro de Berlín, muchos de ellos decidieron quedarse en Alemania o Rusia, esta vez por cuenta propia.
Con la crisis de los 90, la trata de trabajadores cubanos diversificó sus fórmulas. Médicos de la Isla trabajan en diferentes países, sobre todo de África y América Latina. El procedimiento es similar: el gobierno cobra al país de destino lo que de acuerdo al contrato corresponda al profesional, y le otorga a éste su salario en pesos y un estipendio para su sostenimiento. El sistema se ha hecho extensivo a entrenadores deportivos, técnicos de diferentes esferas, y marinos enrolados en buques de las más diversas banderas. No es raro que esos profesionales compren calculadoras, echen números, constaten la abrumadora diferencia entre lo que pagan por ellos los países donde ejercen, y lo que el gobierno cubano les abona, y al cabo decidan exportarse definitivamente, pero sin intermediarios. El gobierno cubano intenta evitar esas “fugas” prohibiendo que los profesionales viajen con sus familias, que fungen como rehenes en Cuba, y garantía de regreso. Si aún así, el profesional “deserta” del cuartelillo nacional, sabe que su familia será retenida como castigo.
Idéntico procedimiento tiene lugar dentro de las fronteras nacionales, donde operan asociaciones económicas con capital extranjero de Canadá, España e Italia, seguidos de Francia, Holanda, Reino Unido y México. Con el propósito de atraer inversores extranjeros, y multiplicar la rentabilidad para el gobierno, se han promulgado varias leyes que controlan estrictamente los derechos laborales en esos trabajadores. El gobierno es el intermediario encargado de su selección, remuneración y despido, atendiendo a los requerimientos del inversionista y a las “cualidades” del empleado —Salvador Valdés, Ministro de Trabajo y Seguridad Social, subrayó que las "personas más revolucionarias" serán las elegidas para laborar en el sector turístico—. Los trabajadores no podrán negociar libremente con sus empleadores, ni crear sindicatos, ni mucho menos reivindicar sus derechos o declararse en huelga. El gobierno percibe de los inversionistas el salario en dólares de los trabajadores, y abona a éstos pesos cubanos, lo que supone una ganancia mínima del 2500% para el gobierno. No obstante, las propinas o premios en dólares y el acceso a cestas de productos, convierten a estas plazas en objetos de deseo. Razón por la que en marzo de 1998, tres empleados de la agencia de contratación de la entidad estatal Isla Azul en el complejo turístico de Varadero, fueron condenados a penas entre 10 y 12 años de prisión por exigir hasta US$700a cambio de empleos en el sector.
Lo mismo ocurre en las zonas francas, a partir de la Ley 165 de junio de 1996 sobre Zonas Francas y Parques Industriales, promulgada, "como incentivo para la inversión", incluyendo normas laborales y de orden público "más atractivas y menos rígidas y onerosas que las comunes u ordinarias”.
El señor Fidel Castro ha expresado públicamente que su gobierno jamás permitirá la libre contratación de trabajadores cubanos por parte de los inversionistas, dado que serían sometidos a la inicua explotación capitalista. Muchos inversionistas aceptan de buen grado esta situación, dado que si bien tienen que pagar al gobierno algo más de lo que podrían concertar libremente con sus empleados, el rígido control les asegura una mano de obra calificada, dócil y carente de derechos, algo que dista mucho de los trabajadores y sindicatos con los que deben lidiar en sus países de origen. No obstante, en 1997, el Comité de América del Norte de la Asociación de Política Nacional (National Policy Association), una coalición de líderes empresariales de Canadá, México y Estados Unidos, elaboró los “Principios para la Participación del Sector Privado en Cuba”, con el fin de promover las inversiones socialmente responsables en la Isla. En ellos se instaba a las compañías a reivindicar su derecho a “reclutar, contratar, pagar y ascender a los trabajadores directamente, sin pasar por intermediarios gubernamentales; respetar el derecho de los empleados a organizarse libremente en el lugar de trabajo, y mantener una cultura corporativa que no acepte la coacción política en el lugar de trabajo”. Curiosa disonancia entre el comportamiento de los inicuos capitalistas, y el de los defensores de la clase obrera.
Últimamente, Libertad Digital, diario electrónico publicado en España, reporta que cientos de cubanos trabajan en ese país como obreros de la construcción. Llegan contratados por la empresa UNECA, SA. (Unión de Empresas del Caribe, SA.), cuya filial española, de capital cubano, opera desde el 26 de mayo de 2000. Sus contratos estipulan que recibirán 186,79 pesos cubanos mensuales, en concepto de salario básico, y US$200 mensuales —100 en España, y otros 100 pagaderos en Cuba a su regreso—. El 75%de lo que devenguen por horas extraordinarias también se retendrá hasta su regreso a Cuba. Cualquier sanción que el empleador le aplique, será deducible de las cantidades retenidas en Cuba. Dado que un obrero de la construcción en España gana entre 650 y 900 dólares mensuales (sin contar los extras), es fácil deducir la rentabilidad de la operación.
La Gaceta de Canarias denuncia la presencia de unos 80 obreros cubanos en el municipio de Adeje, y otro grupo localizado en Roque del Conde, en Torvisca Alta. Alojados en barracones precarios, trabajan doce horas diarias, por160 dólares USA los peones y 270 los especialistas, salarios ilegales en España, dado que se encuentran muy por debajo del mínimo interprofesional.
Quizás el caso más escandaloso de esta práctica sea la exportación de mujeres a Italia. Aunque no está totalmente confirmado, ni existen pruebas de que sea una operación abiertamente patrocinada por el Estado cubano; sí se reportan casos de muchachas cubanas contratadas por una empresa gubernamental para trabajar como camareras y bailarinas. A su llegada a Italia, han descubierto que su destino son los clubes de alterne, donde ejercerán la prostitución bajo la supervisión de patrones italianos, en condiciones de semiesclavitud, y recibiendo el consabido estipendio. Dado que las prostitutas cubanas son, en palabras del propio Fidel Castro “las más cultas del mundo”, esta práctica bien podría incluirse entre los intercambios culturales.
Tras admitir a fines de los 70 las trasferencias de dinero del exilio hacia la Isla, por concepto de ayudas familiares —segundo rubro hoy de la economía cubana, con 1.000 millones de dólares anuales—, el gobierno cubano ha comprendido también que el exilio es rentable. Claro que el exiliado por cuenta propia es libre de enviar (o no) dinero a la Isla, y no está sometido a los controles gubernamentales. No obstante, la libre tenencia de dólares, la existencia de familiares en Cuba en condiciones de precariedad económica permanente, y la instauración de una red de tiendas en divisas donde se puede acceder a productos no disponibles en pesos, y cuyos precios abusivos son monopolio del Estado; garantiza un flujo continuo de dólares hacia las arcas del gobierno cubano, que a cambio no ofrece al exiliado ninguna prestación. Por el contrario, se le obliga a visitar el país con pasaporte cubano, aunque haya obtenido una nacionalidad extranjera, se grava su documentación consular y se le obliga a pagar un carísimo visado para viajar al país donde nació. De modo que, tangencialmente, el exiliado es también objeto de la trata de cubanos.
Todo el sistema parte de una concepción paternalista y feudal de las relaciones entre el gobierno y los ciudadanos. Según ese “contrato social” el gobierno se compromete a dar al ciudadano asistencia médica y educación “gratuitas”, una canasta mínima mensual de productos a precios subsidiados, alguna que otra vivienda (en usufructo) cuando es posible, y ciertos servicios públicos insuficientes, pero a precios aceptables de acuerdo a los salarios. A cambio, el ciudadano pasa a ser propiedad del gobierno, quien determina sus derechos sociales y laborales. Decide sin lugar a discusión el salario que devengará. Decide qué información recibirá, qué puede opinar, leer, pensar y oír, y se erige en su único defensor, excluyendo al ciudadano de los derechos sindicales y de asociación que ese mismo gobierno ha refrendado en convenios internacionales. Decide qué alimentos se les suministrarán, y hasta qué edad es recomendable que los niños beban leche. Decide en qué provincia puede vivir el ciudadano, si puede viajar el extranjero y a qué edad le está permitido. Decide y le autoriza (o no) a emigrar. En tal caso, dado que el ciudadano es propiedad del gobierno, sus pertenencias son enajenadas. Y aún en el exilio, el gobierno decide si el ciudadano puede (o no) regresar de visita a la Isla.
Este “derecho a la propiedad” de los ciudadanos, esta lógica feudal donde el siervo de la gleba está sujeto a la graciosa voluntad de su amo, explica la trata de cubanos dentro y fuera de las fronteras de la Isla. Los defensores del libre mercado deberían comprender que un empresario hace con su mercancía lo que le da su reverenda gana.
“Trata de cubanos”; en: Cubaencuentro, Madrid, 30 de enero, 2002. http://www.cubaencuentro.com/economia/2002/01/30/6035.html.
