Cuba-EEUU: una ruta para liberar a Alan Gross

El juicio contra el subcontratista de la USAID Alan Gross es una oportunidad para que el Gobierno cubano demuestre, tanto las bases legítimas de su defensa nacionalista contra la política intervencionista norteamericana, como su buena voluntad hacia los millones de norteamericanos que se oponen a la política de Washington hacia Cuba. Al final del juicio debe hacerse evidente que los estadounidenses que viajen a Cuba no tienen nada que temer si mantienen una saludable distancia de los programas de cambio de régimen, y que Washington y la Habana ganarían desmantelando la lógica de hostilidad.

El juicio sirve al Gobierno cubano para generar tres efectos:

Primero, movilizar el nacionalismo de la población cubana al denunciar la injerencia extranjera en los asuntos internos cubanos. En este sentido, el juicio debe esclarecer si Gross informó a los líderes de la comunidad hebrea de su vínculo con el programa Cuba de la USAID, auspiciado bajo la ley Helms-Burton. De no existir ese consentimiento informado, será obvio el carácter encubierto del programa y el riesgo en el que se colocó a cubanos involucrados, violando normas elementales de un programa de asistencia internacional al desarrollo. La Administración Bush, gestora del proyecto, nunca estuvo interesada en la promoción de la sociedad civil cubana, sino en el uso de intercambios religiosos como arma para promover la “inestabilidad”, como confesó su subsecretario Roger Noriega.

El juicio es, en segundo lugar, un disuasivo ejemplarizante contra el involucramiento de cubanos, norteamericanos o nacionales de terceros países en los programas de cambio de régimen impuestos desde Washington bajo la sección 109 de la ley Helms-Burton.

Nadie después de Alan Gross podrá decir que no sabía que corría riesgos de condenas de hasta veinte años. Todo lo relacionado con la ley Helms-Burton es rechazado por la sociedad civil cubana, pues carga el estigma de una intervención ilegal en asuntos de exclusiva soberanía cubana.

Tercero, la denuncia del programa Cuba de USAID activará la repulsa internacional a la política norteamericana hacia Cuba. La divulgación del carácter encubierto e injerencista del programa dañará la credibilidad de la USAID en países como Venezuela, Bolivia, Nicaragua o Ecuador, donde sus gobiernos quieren reducir la influencia legitima norteamericana derivada de auténticos programas de asistencia al desarrollo. Es un daño intangible pero significativo a la política exterior de Obama, focalizada en el uso del poder atrayente norteamericano y el tendido de puentes. EEUU tendrá que reflexionar nuevamente sobre la racionalidad de subordinar sus intereses estratégicos en el hemisferio a la politiquería electorera del sur de la Florida.

Castigar a la ley Helms-Burton, liberar a Alan Gross:

La esperanza de la Subsecretaria Roberta Jacobson de que Gross sea juzgado y enviado a casa es razonable. Por ser el primer norteamericano arrestado bajo la ley de defensa de la soberanía y la integridad territorial cubana, Gross debe contar con el beneficio de la buena voluntad cubana hacia el pueblo norteamericano.

La utilidad para el Gobierno cubano de retener a Alan Gross en la Isla, una vez terminado el juicio, comienza a disminuir. Una vez denunciada la política enunciada en la ley Helms-Burton, el único beneficio para el Gobierno cubano de mantener a Gross en prisión es la mención frecuente, como asociación a su caso, de la situación de los cinco cubanos condenados en Miami bajo acusaciones de espionaje, en juicios considerados por Amnistía Internacional y el grupo de la ONU sobre detenciones arbitrarias, como carentes de garantías de justicia e imparcialidad. Nótese que la abogada que representa a Gross en el juicio es la misma que ha asesorado la acción de los familiares de los cinco.

En esa circunstancia sería muy útil la intervención de una o varias personalidades norteamericanas reconocidas por su prestigio, como los dos senadores de más alto rango en el Comité de Relaciones Exteriores John Kerry y Richard Lugar. Tal visita podría ser precedida por una delegación de la Conferencia de organizaciones judías norteamericanas, que interactuando con la oficina de asuntos religiosos y el liderazgo de la comunidad hebrea cubana, recogerían de primera mano su visión sobre la ley Helms-Burton y la utilización (inefectiva) de los contactos inter-religiosos como arma política para imponer un cambio de régimen.

La visita sería una ocasión propicia para que la prensa norteamericana reporte sobre lo factible y favorable de los viajes de los estadounidenses a la Isla, en el contexto de un regreso de Gross a casa. Los visitantes norteamericanos deberían a su vez escuchar a los familiares de los cinco cubanos arrestados en EEUU y reflexionar sobre las circunstancias en que se dio el juicio a los mismos. Tal dinámica daría impulso a los que abogan por un cambio de política norteamericana hacia Cuba y crearía espacios a otros gestos sustanciales de distensión por parte del Gobierno norteamericano, antes del inicio de la temporada electoral (Eliminación de Cuba de la lista de países terroristas; cancelación de las medidas de embargo que afecten al sector privado emergente en Cuba; posibilitar la venta de alimentos a crédito).

La tragedia personal de Alan Gross, ciudadano norteamericano con intereses en la asistencia internacional al desarrollo, ha revelado una vez más el daño —para la sociedad estadounidense— de permitir el secuestro de sus valores por agendas ajenas a los derechos humanos y sus intereses estratégicos. EEUU no tiene que disculparse por la promoción de sus valores democráticos pero, el ejercicio de esos principios no debe enmascarar políticas de reclamación de propiedades o cambio de régimen a través de injerencias ilegales.

Cuba, por su parte, no debe servir a los intereses de aquellos que aprobaron la ley Helms-Burton y que quieren convertir a Alan Gross en un obstáculo insalvable para el avance de mejores relaciones con EEUU. Contra la ley Helms-Burton y sus programas, toda la fuerza del derecho y la justicia. Hacia Alan Gross y su familia, toda la apertura y cordialidad cubana necesaria para acortar las distancias entre sociedades de Cuba y EEUU.

Larry Wilkerson es profesor visitante Harriman del Colegio de William and Mary en Virginia. Es coronel retirado de las Fuerzas Armadas de EEUU y ex jefe del gabinete del Secretario de Estado Colin Powell (2001-2005).

Arturo López-Levy es conferencista y candidato a Doctor en la Escuela Josef Korbel de Estudios Internacionales de la Universidad de Denver.

Una versión de este artículo fue publicado por The Washington Note en inglés.

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