Después de las embajadas

Para muchos un día de esperanzas y para otros una fecha nefasta, pero no hay duda de que hoy, con la reapertura de las respectivas embajadas de Cuba y Estados Unidos, es un día histórico. Aunque más allá de la frase retórica, queda la pregunta de cuánto va a cambiar en las relaciones entre ambos países a partir de ahora.

Puede que mucho o muy poco. La apertura de las embajadas no se limita a la ceremonia de un día, que se realizará solamente en Wahington, porque la cancillería estadounidense prefiere esperar un viaje del secretario de Estado, John Kerry, para izar su propia bandera frente al Malecón —aunque a los efectos legales ya desde hoy la Sección de Intereses de EEUU en Cuba se convierte en embajada—, y tampoco al reclamo de una supuesta victoria por parte del régimen de La Habana o al empecinamiento republicano en detener o dilatar lo más posible la nominación de un embajador norteamericano.

Implica el inicio de un diálogo a un nuevo nivel, que posiblemente lleve a un cambio en determinados aspectos de la política migratoria de ambos países a mediano plazo.

En este sentido, tanto Washington como La Habana se han apresurado en las reafirmaciones en sentido contrario: de momento todo continuará igual. La Habana todavía aprovechando los frutos del cambio que permite a la mayoría de los cubanos viajar y la Casa Blanca enfatizando que no se producirán modificaciones en la famosa Ley de Ajuste Cubano o su abolición, con el objetivo de moderar al menos la creciente huida desde la Isla, algo que no han conseguido.

Sin embargo, hay cuestiones menos peliagudas por resolver. A partir del momento en que comiencen a airear las banderas, el Departamento de Estado tiene la obligación de tratar de influir con mayor énfasis en algún que otro aspecto, que podría parecer no esencial desde el exterior, pero que evidencia la naturaleza del régimen.

Uno de ellos es intentar propiciar una modificación en las leyes migratorias cubanas: que dejen de negarles los derechos a muchos estadounidenses nacidos en Cuba, a quienes no se les permite visitar el país sin renovar antes el pasaporte cubano.

La Habana tiene todo su derecho a exigir una visa —y por supuesto a negarla—, pero ninguno a chantajear y no permitir la visita si no se cumple un requisito que implica no solo una vuelta atrás, sino una falta de ética con el país que permitió adoptar tal ciudadanía.

Lo que desde hace décadas busca La Habana es incrementar las ganancias económicas, con los inmigrantes en general y especialmente con los que considera “respetuosos” y el exilio llama “obedientes”.

Para ello no le faltan explicaciones, como hablar de la ”emigración patriótica” y otras palabras propias de un vendedor del último mejunje curalotodo en un pueblo del oeste.

Este razonamiento siempre tiene un fin muy preciso: buscar términos de igualdad y semejanza entre quienes se fueron y quienes se quedaron, pero en base a una obediencia disfrazada de amor a la patria; un concepto que —como ocurre en un país totalitario— se confunde e iguala al de Estado, gobierno y en última instancia caudillo.

La actualización en la política migratoria que llevó a cabo Cuba no fue más que modificar una ley arcaica mientras se mantenía su esencia.

Por supuesto que fue un paso de avance que más cubanos pudieran viajar, la simplificación en los trámites y el aumento del permiso de estancia en el extranjero. Pero con respecto a quienes viven en el exterior, se ha producido una inversión de la “Parábola del Hijo Pródigo”. No se trata del padre misericordioso ni del perdón hacia el hijo pecador. Todo se reduce, obligatoriamente, a que a su vuelta ese hijo debe mostrarse arrepentido. Y ese arrepentimiento tiene un nombre: pasaporte cubano.

La norma es además arbitraria. Quienes emigraron antes de 1970 pueden entrar usando el pasaporte de su nacionalidad actual. Sin embargo, la diferencia no implica un cambio total, ya que en ese caso se requiere un “Documento de Viaje”, aunque este cuesta $100,00, mucho menos de los $350,00 del pasaporte cubano, o las dos posibles prórrogas, de $180,00 cada una.

Un país cuya parte de su población no solo ha emigrado sino continúa haciéndolo, y donde esos que se van contribuyen a la economía nacional al verse obligados a alimentar a los familiares que dejaron atrás, debe permitir la doble ciudadanía o al menos establecer una visa múltiple a un precio justo.

De lo contrario, queda claro que la intención del gobierno cubano no es solo controlar a quienes viven en la Isla, sino también a quienes se fueron.

Si Estados Unidos intenta llevar a un nuevo nivel sus vínculos diplomáticos con Cuba, debe abordar este problema con las autoridades de ese país, y desde el exilio también debe realizarse un esfuerzo al respecto.

Quienes se marcharon de Cuba —no para limitarse a la pequeña patria putativa de Miami sino para vivir de acuerdo a las leyes de la nueva nación— deben reclamar a su país de adopción que se les respeten sus derechos, en el supuesto caso de que deseen viajar al país donde una vez nacieron, pero al que no quieren volver a residir sino apenas visitar como extranjeros, quizá lo que siempre fueron dentro de él.

Una versión de este artículo también aparece en El Nuevo Herald.

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