Actualizado: 27/03/2024 22:30
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Cubalex, Represión, Derechos

La nueva ola represiva

Lo llamativo de la intrusión en Cubalex es que no era este el tipo de organización usualmente reprimida por el Gobierno cubano

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Laritza Diversent es la directora de Cubalex, una agencia no gubernamental que se dedica a prestar servicios legales gratuitos a los cubanos. Es una profesional joven, mestiza, de hablar suave e ideas precisas, como las que usan los abogados cuando entablan pleitos. La vi en un documental en que narra como una horda de agentes del Gobierno cubano rompieron, sin cobertura legal, la puerta de su casa, donde radica Cubalex. Confiscaron todo tipo de material y la sometieron a ella, sus colaboradores y su familia a un acoso que no hubiera podido suceder si en Cuba existiera, siquiera en su forma primaria, un estado de derecho.

Es justo en esta dirección en que trabaja Cubalex, tratando de encontrar en la propia legislación cubana y en los pactos internacionales que Cuba suscribe, los resquicios legales mínimos para proteger los derechos de los desprotegidos. De ello ha sido acusada Laritza: de denunciar que existe violencia de género y familiar, y de que no hay mecanismos de prevención y castigo; de que se ejerce la violencia política no solamente apaleando opositores, sino impidiéndoles acceder a medios básicos de vida; de que el sistema cubano carece de un régimen claro de derechos, y por ello la población vive a merced de lo que deciden los gobernantes que nadie ha elegido de forma competitiva, limpia y equitativa. Laritza, suavemente y con precisión, trata de compensar la tremenda brecha entre una dictadura inapelable y una ciudadanía devaluada.

Y por eso ha sido reprimida groseramente. Dícese que recibe financiamientos externos, y es cierto. Pero en Cuba todo el mundo los recibe, pues hace tiempo que esa empobrecida nación perdió la capacidad de generar un plusvalor considerable. Y es razonable que una organización opositora —como Cubalex—los reciba, pues aparte de esa pobreza generalizada, se le niega status legal, no pueden levantar fondos propios al interior de la Isla y sus miembros son despojados de derechos básicos que atañen a la posibilidad de un empleo digno. Es cierto que reciben dinero de organizaciones radicadas en Estados Unidos y provenientes del Gobierno norteamericano, nada de lo cual es un motivo para estar feliz. Pero nadie en Cuba —ni el Gobierno, ni esa parte de la sociedad civil que exhibe un puritanismo nacionalista intolerante al mismo tiempo que se nutre de fondos tan extranjeros como la oposición— tiene catadura moral para criticarles mientras persista el actual clima de represión.

Lo llamativo de la intrusión en Cubalex es que no era este el tipo de organización usualmente reprimida por el Gobierno cubano. La dictadura castrista había bañado a todo el mundo con sus difamaciones y golpizas, pero sus preferencias represivas iban dirigidas contra quienes andaban en las calles. El límite era el espacio público y por eso sus víctimas predilectas eran los activistas orientales de UNPACU, las Damas de Blanco, etc. A quienes preferían otras acciones que no implicaban directamente la invasión del espacio público se les advertía y acosaba, se les limitaban derechos, pero con menores ardor y frecuencia. Lo que parece estar sucediendo es que la represión entró con fuerza mayor en las casas.

No es casual que grupos como el centro de reflexión Convivencia en Pinar del Río, los proyectos cívicos de la Mesa de Unidad Democrática y ahora Cubalex, comienzan a ser reprimidos con mayor vehemencia. Sus actividades son interferidas y sus activistas son intimidados en sus casas y secuestrados por varias horas sin que se ofrezca información a sus familiares y colegas sobre sus paraderos. En ocasiones son golpeados y maltratados físicamente, tarea esta que puede correr a cargo de los carceleros o de las bandas obscenas de partisanos creadas por el Gobierno.

La única buena noticia, es que el Gobierno cubano no sabe que hacer. Sabe que los tiempos se le acaban, que la oposición no se agota y que tiene como única opción levantar rápidamente la economía y poner a los cubanos a pensar con los estómagos. Pero esta opción parece cada vez más difícil en el corto plazo: se esfuman los espejismos de petróleo rápido y las esperanzas de aliados internacionales que paguen por la mediocridad de los dirigentes cubanos. Y todo hace creer que la única manera que tienen de lograrlo es vinculando más estrechamente la maltrecha economía insular a la economía americana. Cuyas oportunidades se muestran poco a poco —como en un estriptís erótico— pero donde siempre van a aparecer ofertas culturales e ideológicas incompatibles con el poder monopólico a que aspira la élite castrista en su proceso de conversión burguesa.

Raúl Castro el desastrado octogenario que dirige los destinos de una sociedad en bancarrota, quiere mucha paz para continuar administrando el negocio con pedazos de mercado y trocitos del régimen burocrático y estatalista que se ufana en llamar socialismo. Y abriendo el camino a la restauración capitalista en beneficio de la élite que le ha acompañado. Como los chinos, pero seguramente con menos suerte —por razones que no podemos discutir aquí. Y con Estados Unidos, como desde hace dos siglos, tan cerca como poderoso. Y con un presidente joven, carismático y negro, que los habitantes de la Isla recuerdan recorriendo, paragua en mano, una Habana Vieja lloviznada y diciendo en cada tribuna que la guerra había terminado.

Es por todo esto que Laritza Diversent, la joven abogada de hablar pausado, les aterroriza cuando trata de enseñar a los cubanos a ejercer sus magros derechos.


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