Las lecciones de la “Primavera Negra”

En el semestre pasado, luego de años de indiferencia, finalmente el mundo decidió volver a prestar atención a la tragedia cubana. Sin embargo, este interés matizado por la visión generalmente atenida a los fenómenos por parte de la de la prensa, se ha concentrado en el tema de las excarcelaciones de los presos.

No abundan las voces que hayan explorado en las causas que permitieron a Fidel Castro transformar cualitativamente la ola represiva de mediana intensidad contra la oposición de 1997 a 2003, en la subsiguiente “Primavera Negra”. Lejanos quedaron ya los tiempos en que el mundo se alarmaba por los cuatro años de cárcel contra los autores de La patria es de todos y la proclamación de la Ley 88, ambas en 1999.

Al gobierno cubano le hubiese resultado imposible aquella escalada represiva sin la conjunción de una serie de acontecimientos. Aquí me atrevo a adelantar algunas hipótesis que podrían resultan ventajosas a la hora de buscar soluciones a la crisis cubana.

2002: Un año clave

A comienzos de mayo de 2002, un movimiento dirigido por Oswaldo Payá había logrado – con el apoyo de otras organizaciones independientes, la recolección de 11.200 firmas a favor del Proyecto Varela. A raíz de este acontecimiento, el presidente Bush, con motivo del centenario de la independencia cubana, en un publicitado discurso afirmó que si la Asamblea Nacional lo aprobaba, colaboraría con el Congreso a favor de las iniciativas para levantar parcial o totalmente el embargo.

Salvo Jorge I. Domínguez no he encontrado otro investigador que haya atribuido la debida importancia de la política de George W. Bush en aquel momento – luego radicalmente cambiada, a partir de mayo de 2004. La ley Helms-Burton había establecido que no se negociaría el embargo con un gobierno presidido por alguno de los hermanos Castro, mientras Bush hacía posible su levantamiento si el longevo dictador realizaba algunas concesiones. Asimismo el tema de las expropiaciones dejaba de ser utilizado como reclamación por la parte norteamericana. En efecto, tanto Bush en su primer período como ahora Obama han dejado de establecer dicha exigencia a la hora de las negociaciones con La Habana.

Fidel Castro intuyó de inmediato el peligro que representaba este cambio en la política exterior norteamericana. Ya no le sería posible agitar el fantasma de que los exiliados habrían de acudir a desalojar tierras y viviendas en Cuba. Entonces concibió una vía para eliminar tanto el Proyecto Varela, al cual tendría que prestar oído en la Asamblea Nacional a menos que violase su propia constitución y de paso el apoyo que le venía desde los Estados Unidos.

Decía Ortega y Gasset en una obra suya poco atendida, Mirabeau o el político que la labor de este último consiste, en oposición al intelectual, en confundir las ideas. Confunde, no aclara los términos de un problema. En esto Castro fue un excelente ejemplo. Así en su discurso del 8 de junio en Santiago de Cuba da a conocer que las “organizaciones de masas” así como la Asamblea Nacional brindarían respuesta al cambio de política del gobierno de los Estados Unidos, afirmando que Bush: No debió plantear exigencias sobre cuestiones que tienen que ver exclusivamente con nuestra soberanía.

Esta respuesta, por sí sola, debió motivar indignación en la opinión pública internacional – no voy a hablar de la nacional. La decisión de aprobar o rechazar el Proyecto Varela correspondía exclusivamente a la Asamblea Nacional y no al presidente de los Consejos de Estado y de Ministros – si vamos a darle hipotéticamente credibilidad a la “constitución socialista” cubana. Castro no dijo, simplemente, que le correspondía a la Asamblea Nacional determinar la constitucionalidad del Proyecto Varela sino que, ejerciendo su inveterado hábito dictatorial– con lo que no solamente desconocía los derechos universales sino los pocos que la constitución que impuso en 1976 reconoce – adelantó la respuesta de la Asamblea Nacional.

Para los diputados estaba ya determinado por el “máximo líder” cuál habría de ser el veredicto sobre el proyecto de Payá. Sin embargo, como su presión contra la Asamblea Nacional era demasiado evidente, Castro buscó una forma de encubrir la violación de uno de los artículos de la constitución que obligaba a discutir todo proyecto que tuviera más de diez mil firmas. No estaba dispuesto a que se diera a conocer el Proyecto Varela aunque se rechazara. Ideó entonces una reforma constitucional.

La iniciativa habría de partir, aparentemente, de las organizaciones de masas. No hace falta recordar un hecho conocido. Sin embargo, luego de que la TV y todos los medios de difusión hicieran campaña a favor del proyecto gubernamental –negando el tópico de que en Cuba no hay campañas electorales a favor del Partido Comunista – y se lograra por el viejo mecanismo totalitario de la coacción económica unido a la represión visible y la latente, recopilar varios millones de firmas, hubo una nueva violación de la constitución de 1976, reformada en 1992. En efecto, para que fuera constitucional, toda reforma de la Carta Magna castrista debía ser sometida a referendo por el voto secreto según su artículo 137. Algo que, por supuesto, Castro no se atrevió a hacer.

En base a esta violación de la constitución en 2002, la Asamblea Nacional, un año después declaró contrario a la misma al Proyecto Varela. Por espacio de cinco años, Payá detuvo la recogida de firmas, coincidiendo con la “Primavera Negra”. La solución de actuar dentro del derecho totalitario fue dejada a un lado, luego de recibir críticas de un sector del exilio y sufrir la violación por parte del gobierno.

Fue en este ambiente de unanimidad totalitaria en que Fidel Castro pudo sentirse seguro para dar el zarpazo represivo de marzo de 2003. Otros factores fueron el desvío de la atención internacional hacia el conflicto de Iraq, el fortalecimiento del proceso chavista en Venezuela y el descontento popular expresado en una abortada ola de emigración ilegal hacia Estados Unidos (pretexto utilizado por Castro para culpar a la administración Bush de intentar desestabilizar el país y por tanto presentar a los disidentes como un peligro en tales circunstancias) pero probablemente fue el escenario construido tras la aprobación del “carácter socialista irrevocable” el más importante.

Aquí la pregunta que conviene hacerse es si las declaraciones de Bush constituyeron una ayuda o un freno a los planes de Castro para impedir la discusión del Proyecto Varela en la Asamblea Nacional. Sin embargo, las presiones totalitarias que hacen a la sociedad cubana reaccionar como una masa susceptible de ser movilizada en tribunas abiertas, desfiles del 1ro de mayo etc. son bastante independientes de la idoneidad de los pretextos utilizados para su movilización.

Todavía no logro olvidar aquellas manifestaciones del 2004 donde se exhibían carteles con las fotografías de los detenidos en las cárceles de Iraq, amenazados por soldados y perros. Para el pueblo sencillo no era un problema de dignidad oponerse a eso —como tampoco para la opinión pública internacional, el presidente Bush incluido— pero era demasiado pedirle abstenerse de participar de unas protestas que vinculaban las sanciones norteamericanas a Cuba con los desmanes de las tropas de dicho país en Iraq, algo cualitativamente diferente, mezclado o confundido por Fidel Castro.

Es por esto que pudo decir a comienzos de marzo de 2003: Al referirme a peligros de carácter interno, no estoy pensando en riesgos políticos (…) Cuando alguien sumamente poderoso nos exigió desde el exterior cambiarlo (el rumbo socialista de la revolución) , la respuesta de nuestro pueblo fue declarar en la Constitución de la República el carácter irrevocable del socialismo en Cuba. No les queda otra alternativa que inventar trucos y mentiras para alimentar sus magras y ridículas esperanzas (referencia al abierto apoyo de James Cason a la oposición en aquel momento). 

Era una confesión anticipada de la decisión que tomaría dos semanas más tarde. El otrora líder revolucionario se sentía muy seguro con la alteración del orden constitucional -por precario que fuera- del año anterior. Es lamentable que pocos en el mundo hubieran atendido a esas señales que el máximo poder en Cuba les enviaba. Sólo recuerdo haber leído un llamado de alarma en aquellos años por obra de un autor socialdemócrata cubano: Juan Antonio Blanco. No es casual entonces que uno de los líderes del Movimiento Cristiano Liberación, impulsor del Proyecto Varela fuera condenado en la ola represiva, ya que era muy difícil hacerlo con Oswaldo Payá, mucho más conocido internacionalmente.

Lecciones para el presente

Las circunstancias, sin duda, han variado radicalmente del 2003 a nuestros días. La retirada norteamericana de Iraq está programada para fines de 2011, con una transferencia escalonada de sus funciones militares a las fuerzas de defensa de aquel país desde agosto de este año. La llegada a la Casa Blanca de un líder demócrata ha hecho más difícil la continuación de la guerra contra el terrorismo lanzada por la pasada administración y por consiguiente, el pretexto de una hipotética invasión norteamericana a Cuba.

Asimismo el programa de reunificación familiar aprobado en 2007 por Estados Unidos así como las posibilidades migratorias establecidas por España y Ecuador han reducido en parte el peligro para el régimen de una nueva ola de emigración ilegal, sin que el descontento deje de crecer y expresarse en múltiples maneras, con mucho mayor fuerza que en los momentos en que tuvo lugar la “Primavera Negra”, luego de ocurrir el problemático traspaso sucesorio de uno a otro de los hermanos Castro.

Pese al rechazo internacional y la promesa de que los presos de conciencia serían liberados la amenaza de una nueva ola represiva se mantiene latente con la persistencia de los instrumentos “jurídicos” para llevarla a cabo cuando las circunstancias lo permitan. Así como las reformas económicas efectuadas entre 1993 y 1995 fueron progresivamente revocadas entre 1996 y 2004, así también la escalada represiva pudiera incrementarse. Importa por tanto prestar atención a la necesidad de cambios en las “leyes” cubanas como única garantía de que pueda evitarse el drama del presente.

Es por esto que debe no debe desviarse la atención del progreso de iniciativas como el Proyecto Varela, reiniciada hace dos años y enfocar a la opinión pública en el ilegal obstáculo creado en el 2002 con el proyecto de “socialismo irrevocable”. Exigir a la Asamblea Nacional que celebre el referendo al que la obliga el artículo 137 de la constitución cubana, el mismo que se negó a realizar en aquel año, es una posible vía para permitir que el pueblo exprese su voluntad por el voto secreto, esta vez sin el temor a las habituales represalias. Una votación masiva a favor del “no” al socialismo irrevocable podría ser el comienzo del fin del sistema totalitario que padece Cuba hoy.

Ariel Pérez Lazo es licenciado en Filosofía y máster en Historia Contemporánea por la Universidad de La Habana. Fue profesor de Filosofía en la Universidad de la Habana y en el Instituto Superior de Arte (ISA), así como investigador de la Casa de Altos Estudios Don Fernando Ortiz.

© cubaencuentro.com