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El Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros aprobó un grupo de medidas para, según se planea, otorgar autonomía en su gestión a las Unidades Básicas de Producción Cooperativa (UBPC), y que puedan superar la ineficiencia e irrentabilidad que las ha caracterizado desde su creación.

Entre las medidas se encuentra un nuevo Reglamento General emitido el 13 de agosto mediante la Resolución No. 574/2012 del Ministerio de la Agricultura (MINAG), que las define como una “organización económica y social cooperativa, integrada por miembros asociados voluntariamente, con autonomía en su gestión y administración de los recursos, que recibe en usufructo las tierras y otros bienes que se determinen, por tiempo indefinido, así como otros que adquieren mediante compra; posee personalidad jurídica propia; forma parte de un sistema de producción al cual se vincula, constituyendo uno de los eslabones primarios que conforman la base productiva de la economía nacional”.

Las UBPC fueron creadas el 20 de septiembre de 1993 mediante la conversión de las granjas del pueblo en supuestas cooperativas. Los trabajadores de las ineficientes granjas se acostaron siendo trabajadores asalariados y despertaron como cooperativistas, sin haber sido consultados. Según cifras oficiales, un año después existían 2.519 UBPC y actualmente son 1.989, la gran mayoría perteneciente al sistema del MINAG y el resto al Grupo Azucarero AZCUBA. De acuerdo con esa información, cuentan con un área de más de 1.700.070 hectáreas, el 28 % de la superficie agrícola del país, estando ociosa el 23 % de sus tierras.

Actualmente solo aportan el 12 % de las viandas, hortalizas y granos, y el 17 %de la leche de la producción nacional. Al término de 2010, el 15 % de las UBPC cerraron con pérdidas y un 6 % ni siquiera presentó balance económico, según datos brindados por Julio Martínez Roque, director nacional de Atención a las Unidades Productoras en el MINAG, publicados en el periódico Granma el 11 de septiembre pasado. Hay que apuntar que la irrentabilidad ha sido mucho más alta en años anteriores. Lamentablemente no se dio información actualizada al respecto. También señaló que al cierre de 2010 las UBPC pertenecientes al sistema del MINAG acumularon deudas estimadas en 1.229 millones de pesos; pérdidas de años anteriores por unos 680 millones más y otros 203 millones heredadas de unidades disueltas; en total una deuda de 2.112 millones de pesos.

Se plantea además que se ha realizado una categorización preliminar para ubicar las UBPC existentes en tres grupos esenciales: 1) Con una situación productiva y económica favorable; están en estas condiciones 540, el 27,1 %, de ellas 112 pertenecientes a AZCUBA. 2) Con dificultades de índole organizativo, productiva, económica y financiera, pero que pueden subsanar sus problemas mediante una serie de medidas; son 1 122 unidades, el 57 %. 3) En crítica situación, sin posibilidades de recuperarse; se trata de 327 unidades, todas del MINAG.

Con las medidas que ahora se anuncian, es muy difícil que las UBPC puedan salir a flote, pues cuando se lee el nuevo Reglamento resalta que las reformas son absolutamente superficiales, y la supuesta autonomía continúa siendo una ficción. Las UBPC continuarán con la camisa de fuerza de los planes y tendrán que desarrollar su gestión en la línea fundamental de producción y de objeto social, trazada desde entidades del MINAG, asimismo deberán cumplir con la demanda estatal, lo que significa que los contratos que firme correspondan a la “demanda estatal planificada”, lo cual hace que los contratos a suscribir con las entidades acopiadoras, basados en precios fijados centralmente, sean documento sin carácter comercial real.

Por otra parte, las facultades recién otorgadas de poder vender algunas producciones, después de cumplido el compromiso con la demanda estatal planificada, dejan muy poco margen para comercializar a precios no regulados por el Estado. Sobre todo si se tiene en cuenta que productos como la caña de azúcar, la leche, la carne de vacuno y otros tienen que ser entregados en su totalidad al Estado. También se plantea que las UBPC podrán adquirir insumos y otros productos en otras empresas, con mayor libertad de elección. Sin embargo, debe subrayarse que estas supuestas cooperativas no están autorizadas a poseer moneda convertible; incluso las ventas que realicen al sector turístico solo pueden realizarse en moneda nacional. En esas condiciones, la libertad para escoger suministradores es una ficción. Además, no puede olvidarse que muchos recursos esenciales, como combustible, se distribuyen fundamentalmente a través de la planificación.

La situación de las UBPC es mucho más complicada que en el momento de su creación en 1993. Entonces todavía existían equipamientos y recursos recibidos de la Unión Soviética y otros países del Este de Europa. Actualmente solo poseen arados y carretas tirados por animales; azadones y machetes mayoritariamente de baja calidad. Incluso donde subsisten equipos, están muy deteriorados por el paso del tiempo. Con ello atender eficientemente unidades de 890 hectáreas (66 caballerías), resulta muy difícil.

La autonomía que se plantea será otorgada a las UBPC continúa siendo una ficción. Esas falsas cooperativas se mantendrán ineficientes e irrentables en un gran porcentaje. El nuevo Reglamento, como las otras reformas implantadas en los últimos años por el Gobierno cubano resultan absolutamente insuficientes y no permitirá el incremento productivo agropecuario que con urgencia necesita Cuba.

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