Permiso para viajar

Hace menos de dos años, le preguntaron a Ricardo Alarcón, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y miembro de la élite política, si no sería conveniente permitir que los cubanos viajaran con libertad. El dirigente respondió, en el mejor estilo de Tres Patines, que si existiera ese derecho el cielo se llenaría de aviones que chocarían unos con otros provocando un gran desastre.

Poco después, el presidente de la Unión Nacional de Escritores y Artistas, el escritor Miguel Barnet, afirmó que en la Isla existe total libertad para viajar, y que un ejemplo de ello es que él mismo ha viajado a una treintena de países. No dijo Barnet que aspiraba a seguir haciéndolo y que, para ello, debía portarse muy bien, aun a riesgo del descrédito absoluto.

La complicidad implícita en las declaraciones se extiende a buena parte del campo intelectual, incluyendo a muchos "progresistas" y "reformistas", cuyas poses críticas tanto gustan a los corresponsales extranjeros en La Habana.

Hace unos días me escribió un renombrado intelectual cubano radicado en Nueva York, decepcionado por un conocido y activo "reformista" —un compañero de otros tiempos—, que dedicó varios minutos, en un evento en Pittsburgh, a explicar que la única limitante para salir de la Isla es la obtención de una visa.

A veces no se menciona directamente el asunto, como sí hicieron Barnet y el amigo de otros tiempos en redituables derroches de impudicia, sino que se desvía la vista, mirando insistentemente hacia el lado estadounidense, sin distinguir nada alrededor, como si se hubiera desatado una epidemia de retinosis pigmentaria política.

Las agitadas reacciones respecto a la no concesión a tiempo de una visa estadounidense a Silvio Rodríguez, o las propuestas de la sección Cuba de la Asociación de Estudios Latinoamericanos (LASA, donde hay muchos intelectuales cubanos, reformistas y duros) para reclamar a Washington mayores facilidades a la participación de los académicos de la Isla, son ejemplos de ello.

Categorías de viajeros

La realidad cubana es, en cuanto a la libertad para viajar, muy lamentable, una flagrante violación de los derechos civiles.

Ante todo, para los cubanos, viajar no es un derecho, sino un privilegio que se otorga y se retira. Una concesión de un poder inapelable y sin un marco jurídico definido.

En Cuba hay tres maneras de viajar al extranjero:

1- Con un estatus excepcional, que permite entrar y salir del país casi libremente: Lo disfrutan algunas personas que se han casado con extranjeros (no todas) y miembros prominentes de la élite política, intelectual o sus familiares. Debería ser el estatus normal, pero es una posibilidad otorgada selectivamente, a muy pocos ciudadanos, anulable si el beneficiado muestra algún tipo de comportamiento político que el gobierno desaprueba.

2- Por misiones oficiales: para funcionarios, académicos, médicos, artistas, periodistas y técnicos, entre otros. Quienes viajan de esta forma necesitan que una institución gubernamental autorice la salida.

Si algún ciudadano en viaje oficial decide no regresar a la Isla —"se queda"—, pierde todos sus derechos, no puede volver al país en varios años (hasta cinco) y el gobierno puede obstaculizar la salida de miembros de su familia.

Huelga anotar que si un académico o funcionario se muestra particularmente crítico durante algún viaje, es posible que no se le permita salir nuevamente del país en largo tiempo.

3- En viajes privados, que pueden ser de dos tipos: El primero, por salida "definitiva", se aplica a los ciudadanos que emigran. Estas personas no pueden regresar a vivir en Cuba y pierden todos sus derechos y propiedades en la Isla. El segundo es el caso de quienes sólo aspiran a viajar temporalmente. Estos pueden estar fuera del país hasta 11 meses, tras los cuales deben regresar o se convierten en "emigrantes definitivos".

Todas las salidas deben ser autorizadas por el Ministerio del Interior y, en el caso de los viajes privados, por la institución donde la persona trabaja o trabajó por última vez.

Existen categorías de profesionales —los médicos, por ejemplo— que no pueden viajar por la vía privada. El gobierno suele poner también impedimentos a los disidentes.

El caso más dramático conocido es quizá el de la neurocirujana Hilda Molina, a quien La Habana niega desde hace más de una década la posibilidad de reunirse con su hijo y conocer a sus nietos, residentes en Argentina.

Algo particularmente negativo es que las personas que viajan por 11 meses no pueden llevar a sus hijos menores con ellos. Esto sólo es posible si se emigra "definitivamente".

Los viajes no oficiales implican gastos considerables (carta de invitación, pasaporte, permiso de salida), que pueden llegar a ser superiores a los 500 dólares, una suma inmensa en un país donde el salario medio es de algo más de diez dólares.

Una vez en el país de destino, los ciudadanos deben pagar a la embajada cubana correspondiente una suma variable por cada mes de permanencia en el exterior, que oscila entre 150 y 40 dólares.

Arbitrariedad y control político

Cuando una persona decide radicarse en otro país, a excepción de la exigua minoría que ha sido autorizada a ello, pierde todos sus bienes y derechos en Cuba, por lo que técnicamente se convierte en desterrado.

Si en algún momento quiere regresar, sólo puede hacerlo de visita, para lo cual debe ser autorizado específicamente por el gobierno, mediante un sello que se coloca en su pasaporte (conocido como "habilitación").

Muchos cubanos no son autorizados, ni siquiera en casos de emergencia familiar. Otros son rechazados cuando llegan al país, incluso con el "pasaporte habilitado".

El gobierno exige a los emigrados que viajan a la Isla un pasaporte cubano, no importa si han adquirido otra ciudadanía.

No hay ley ni normas escritas claras sobre estos procesos, sino que se trata de una práctica discrecional y arbitraria, que mezcla resortes de control político, francamente fascistas, con motivaciones mercuriales de la peor ralea. De manera que el gobierno niega un derecho —el de viajar libremente— que luego vende a quienes puedan comprarlo.

Los cubanos que viajan al exterior deben portarse bien políticamente si quieren seguir haciéndolo. Quienes deciden quedarse en otro país deben cuidarse de no molestar al régimen si desean volver a ver a sus seres queridos o regresar a Cuba un día, al lugar donde nacieron.

El derecho de entrar y salir libremente de su propio país les ha sido expropiado por una élite política autoritaria y represiva, que ha negado uno por uno los valores y las metas humanas de la revolución y del socialismo que una vez dijo propugnar, y que exige un pago para poder seguir reproduciendo su proyecto de poder con el mismo estilo parasitario con que lo ha hecho en los últimos 50 años.

En el caso de los emigrantes, estamos frente a una situación de violación mayúscula de los derechos de las personas y del origen de muchos sufrimientos humanos.

Vale la pena que miremos este asunto, incluso para ayudar a personas como Miguel Barnet y al amigo de otros tiempos, a que no estén obligados a agacharse de manera tan poco ejemplar ante esta brutal horca caudina que el gobierno les impone.

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