Trump, Cuba y la reconsideración del “deshielo”

Donald J. Trump acaba de convertirse en el cuadragésimo quinto presidente de Estados Unidos. Esta proeza lograda con el apoyo mayoritario de la clase trabajadora norteamericana, donde quedó demostrado que más que el género, la religión, la afiliación de partido, la raza o la etnia, lo que impulsó a los estadounidenses votar por el empresario neoyorquino fue la visión unísona de que imperaba la necesidad de un cambio de curso en la tierra de Washington y Lincoln. Esta elección histórica que augura dejar como resultado final un cambio sociopolítico paradigmático, no significa solo un clamor a la acción contra una globalización que urge reajustes profundos para remediar toxicidades que ha infligido, desproporcionalmente, a los obreros sin formación académica en el primer mundo, o contra un elitismo ideologizado que insiste en dominar el lenguaje y la cultura para así intentar aherrojar las mentes y las actitudes del resto de la sociedad. No. Esto ha sido también un referéndum sobre la presidencia de Barack Obama.

El primer presidente estadounidense de la raza negra, cargó sobre sus hombros las expectativas de que su Gobierno trazaría un camino de cambio y esperanza. Ocho años después, la administración de Obama y la política que prosiguió fue, paradójicamente, una de alimentar el orden globalizado imperante donde los más pudientes económicamente se alinearon con él y vieron en reciprocidad, su riqueza crecer geométricamente, mientras la gran multitud de abajo, se fue convirtiendo en más invisible y menos relevante, excepto en la retórica oficialista. La política exterior de Obama, aunque menos entendida por el ciudadano estadounidense, formó parte de esta gesta presidencial fracasada que fue rechazada en las urnas este pasado 8 de noviembre.

El restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre EEUU y Cuba comunista y todos los apéndices que han acompañado dicha política, constituye una de las piezas percibidas como estelares en la vitrina presidencial de Obama. Poniendo a un lado los cuestionamientos serios sobre los muy debatibles méritos del llamado “deshielo”, lo indiscutible es que dicha política fue construida y está sustentada sobre hojas de papel que portan una firma presidencial exclusivamente y no una validación del Congreso. En otras palabras, al no haber pasado estas medidas por el debido proceso deliberativo y democrático que requiere el fundamento de la separación de los poderes (elemento clave en una democracia), el pacto no escrito entre Obama y los Castro no es ley y puede ser anulado con la misma facilidad que fue impuesta: con la firma del jefe ejecutivo electo. ¿Qué hará el presidente electo Trump, a partir del 20 de enero del año entrante, con la serie de acciones ejecutivas obamistas que sostienen la política actual con La Habana?

En Gettysburg, un pueblo en el estado de Pensilvania donde se llevó a cabo una batalla dura de 2 días en 1863, que decidió la Guerra Civil Norteamericana a favor de la Unión (el Norte), y posteriormente honrando los caídos en dicho conflicto, el presidente Abraham Lincoln pronunció su discurso más famoso. Fue ahí donde Trump emitió el “Contrato con el votante estadounidense”. En esta programación de acción, el presidente electo delineó un curso generalizado de seguir en los primeros cien días de su Gobierno. Este compromiso de campaña, contiene seis medidas para frenar la corrupción y el tráfico de influencia en el Gobierno, siete acciones replanteando acuerdos y prácticas comerciales, diez actos legislativos seminales que le recomendaría al Congreso implementar y cinco cursos de acciones ejecutivas diseñadas para fortalecer el Estado de derecho en EEUU y revertir percibidos debilitamientos a la seguridad nacional y el orden constitucional, producto del activismo unilateral del ejecutivo que Obama desempeñó.

Es en este grupo del accionar presidencial prometido, donde Trump se pronunció a favor de “cancelar cada orden, memorándum y acción ejecutiva inconstitucional emitido por el presidente Obama”. Es en esta sección del Contrato (promesa electoral) donde podría entrar la reconsideración de la política obamista hacia el castrismo.

Antes de ofrecer cualquier recomendación sobre la ruta que el nuevo ocupante de la Casa Blanca debe tomar con respecto a Cuba, es fundamental esclarecer dos puntos. Primero, ¿qué es lo que se quiere para Cuba? El segundo factor de tomar en cuenta es ¿qué es lo que se considera ser lo más perjudicial para el dominio dictatorial castrocomunista?

En el primer punto, claro tiene que estar que lo que se quiere para Cuba (o se debe de querer) es nada menos que plena libertad, un Estado de derecho en una república constitucional y que sea, incondicionalmente, libre, soberana y democrática. Un régimen post-totalitario que transite hacia un autoritarismo con mayores espacios económicos, y algunos otros en lo social, sería insuficiente y los cubanos nunca se deben de trazar por una formulación de ese tipo.

Tampoco una oligarquía dictatorial con disfraces democráticos, como es el caso en la Rusia de Vladimir Putin, sería bueno. Ni siquiera un modelo de monopartidismo con entornos de libertades selectas, como fue el caso de México bajo la hegemonía del PRI, debe de ser una estación sociopolítica aceptable.

El segundo factor, la formulación de estrategias para debilitar y quebrar el orden dictatorial existente en Cuba, contiene en sí una serie de variables y coloca el análisis en aras más complicadas, ya que hay una mayor variedad de particulares por considerar y algunos mitos que hay que exponer y enterrar.

Una dictadura como la está operando en Cuba hoy, se mantiene por su capacitación exitosa de controlar estrictamente el comportamiento de la mayor parte de la población. Esto lo logra principalmente por el uso integrador del terror (directo e indirecto), la represión y del control monopolista de los medios de producción, de distribución, y de los mecanismos para la movilidad social.

La maquinaria necesaria para reforzar este operativo impresionante cuesta una enorme cantidad de dinero. Esto es un gran dilema para el castrocomunismo, porque a la misma vez que urge de grandes cuantías de capital para costear el Estado policiaco, su sistema socioeconómico al ser altamente improductivo, es incapaz de enfrenta su necesidad de abastecer su costo de manutención dictatorial y suministrar necesidades básicas a un pueblo. Ahí es donde entra en el juego, la antigua URSS y la Venezuela chavista, como transferentes de riqueza para subvencionar el comunismo cubano.

Dentro de cualquier proposición que busca promover el fin del statu quo dictatorial, hay varios mitos que hay que destruir. Parte del problema con recetas para la democratización, es que muchas de ellas brotan de un entendimiento erróneo acerca de la esencialidad y la composición estructural operativa del régimen en cuestión.

Los modelos de despotismo totalitario, esos donde el control político se extiende hacia todas las esferas de la vida pública y privada (lo económico y los social) y típicamente el monopolio del poder se sustenta con alguna adhesión ideológica (aunque sea en el sentido figurativo), no funcionan soluciones que pueden haber sido viables en su aplicación a dictaduras autoritarias (control despótico solo en el espacio político). Un ejemplo de esto es interpretaciones falsas acerca del turismo.

La idea que el turismo extranjero contribuye a producir transiciones democráticas en dictaduras totalitarias, es absurda. China comunista, el tercer principal recipiente de turismo en el mundo (en menos de una década será el segundo), ha falsificado el cuento que el turista foráneo es un motor de cambio político. Lo que sí indiscutible, es que el mismo es una fuente monumental de capital que posibilita que la red represiva cuente con el dinero para continuar sus operaciones siniestras. Otro mito es la cuestión de operar una empresa pequeña o mediana “privada” en un régimen totalitario.

Empresarios no estatales en dictaduras como la cubana, son permitidos operar dentro de un marco estrictamente regido por una concesión que el poder político le extiende. Operan como socios del Estado y no como entidades independientes con derechos y autonomía. El fascismo italiano y alemán, desde la década de 1920 hasta la de 1940, funcionó bajo la premisa que las empresas privadas cumplían una función política y en base a eso es que se les permitía existir. La Nueva Política Económica (NEP) de Lenin y sus perfeccionamientos con el comunismo asiático (China, Vietnam. Laos), dejan una muestra lúcida de lo que constituye el principio fascista de cooptar y dominar el sector no estatal. En palabras más crudas, empresarios en dictaduras comunistas son lacayos del sistema y harán nada para perturbar los privilegios que reciben, ni vociferarán algo contestatario.

La premisa que sustenta el argumento equivocado de que, tanto el turismo, el sector no estatal, el intercambio “pueblo a pueblo”, etc., son capaces de arrancar el motor democratizador, es la suposición errada de que existe una sociedad civil verdadera y relevante en una dictadura totalitaria. Esto facilita comprender la evidencia abrumadora e impactante que son los casos de China comunista y Vietnam. No existe una sociedad civil en regímenes de dominación total, solo hay una sociedad paralela que está ligada a la estructura política para alcanzar cualquier nivel de movilidad.

Medidas que buscan “aliviar” desde afuera situaciones críticas que brotan de fallos sistémicos, solo distancian la posibilidad de ver modificaciones o reformas sustanciales al sistema (donde está el problema). El castrocomunismo busca la eternización en el poder. Harán lo que tengan que hacer para intentar lograrlo. Si dádivas comerciales y concesiones financieras le llueven, ¿qué incentivo tendrían de alterar el modelo? ¿Por qué van a ceder control en los entornos sociales y económicos, sí se les permite operar así?

El presidente Trump debería de reconsiderar cada una de las medidas firmadas por su predecesor, que fueron emitidas en cinco grupos (“paquetes”) a través de 2015 y 2016. También es fundamental examinar los detalles de las negociaciones secretas que Obama inició desde 2009 con la dictadura castrista. La transparencia es vital, sobre todo dado el hecho de que, durante ese mismo tiempo, Cuba fue parte de varios actos ilícitos a nivel internacional en el tráfico de drogas, el de armas y sus convenios internacionales y de injerencia en los asuntos de otros países.

En cuanto a las relaciones diplomáticas, no es de apostar y ganar, que Trump las va a echar atrás. Estas han de seguir, pero anticipo que será en términos diferentes. En el escrutinio que su administración debe de hacer de todo lo que la firma de Obama legalizó, ha de primar la consideración de a quién sirve principalmente cualquier medida. La facilitación de dispositivos electrónicos a la población cubana es algo favorable, como también lo es la mejoría en servicios de Internet y la asistencia financiera a familiares en Cuba.

Entre otras medidas escasas que se pudiera rescatar, es el lenguaje que habla de la posibilidad de abrir oficinas en Cuba estableciendo una “presencia física”, la de transferencias de recursos a cubanos y ONG independientes (incluyendo la de derechos humanos), el de promover mecanismos educativos dentro de la Isla, etc. En otras palabras, existe como una parte minoritaria de las medidas, dentro de los cinco dispositivos ejecutivos de Obama, un lenguaje que se pudiera estructurar en una práctica de confrontación al régimen castrocomunista y ayudar formular una ofensiva proactiva. No creo, ni remotamente, que esa era la intención de Obama, ni mucho menos del castrismo, pero es un terreno que, con imaginación y voluntad, una nueva política hacia Cuba pudiera hacer uso de eso.

El groso de los acuerdos entre Obama y los Castro, sin embargo —todas esas acciones ejecutivas que le proporciona la posibilidad de inundar singularmente las arcas de las empresas oficialistas del régimen cubano y sus protegidos con capital norteamericano—, deben de ser revertidas o remendadas, lo antes posible.

Cuba comunista debe de ser incluida nuevamente en la lista de países que proporcionan el terrorismo y EEUU debe de fortalecer su vigilancia del operativo de espionaje castrista que elabora ahora sus artimañas y sus crímenes, desde su embajada en Washington.

Por último, el presidente Trump debería, como buen negociador de acuerdos según él mismo nos ha recordado, condicionar que el castrocomunismo se comporte civilizadamente con todos los cubanos que piensan diferentes, que discrepan y que lo quieren expresar públicamente. Empresas que algún día podrían estar contratando a cubanos para empleo, deberían poder hacerlo directamente y no por una agencia oficialista de la dictadura. También hay tres enormes injusticas, no ya aplicable a los cubanos directamente, sino al propio pueblo estadounidense, que aún queda por resolverse.

La Administración Trump debería exigir que el castrocomunismo se responsabilice por los $8.000 millones (dólares actuales) en propiedad norteamericana que le robó a más de seis mil individuos o empresas de EEUU. ¡Esto representa el mayor saqueó de propiedad estadounidense sin indemnización en la historia! Existe, adicionalmente, más de $2.000 millones de dólares que se está lavando en Cuba, producto del fraude al Medicare/Medicaid, a tarjetas de crédito, a pólizas de seguro, etc. Todo este dinero se debe recuperar. También está el hecho de que Cuba comunista ha sido y permanece siendo un refugio para criminales y prófugos de la ley norteamericana. Tienen que ser retornados estos individuos a EEUU para que enfrenten la justicia. Estos últimos tres factores, valga la redundancia, conciernen netamente a EEUU.

La luna de miel que la dictadura comunista de Cuba ha disfrutado con el Gobierno de Obama y los intereses comerciales que este ha representado, le queda hasta el 20 de enero de 2017. A partir de ahí, las reglas no serán las mismas. Considero que el castrismo está consciente de eso. Deben de estar buscando una serie de opciones alternas para la supervivencia. La fiesta que han tenido por ocho años se les acabó.

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