Un informe mensual de mayo del Centro de Información Hablemos Press (CIHPRESS), radicado en La Habana, registró por los menos 274 arrestos contra el movimiento opositor cubano, activistas y defensores de los derechos humanos.

En un comunicado la entidad señaló que las autoridades de la Isla “se encargan de arrestar a disidentes en sus hogares y llevarlos a estaciones policiales donde los presionan, utilizando como medida de coerción la Ley 88”, conocida como Ley Mordaza.

El reporte mencionó la muerte del disidente cubano Juan Wilfredo Soto García, ocurrida el pasado 8 de mayo. Soto denunció supuestamente una golpiza que sufrió a manos de la policía tres días antes de su fallecimiento.

El CIHPRESS declaró que la muerte de Soto, así como la del opositor Salvador Ferrer Rodríguez, ocurrida el 22 de mayo en el Hospital Julio Trigo, en La Habana, “son la punta del iceberg de la alarmante situación de los derechos humanos en Cuba”.

Las conclusiones del reporte también destacaron las limitaciones impuestas contra los cubanos de a pie para movilizarse de un punto a otro de la Isla sin que sean intervenidos por la policía cubana. Según el grupo “se estima que unos 300 ciudadanos, detenidos cada semana en la capital por ser declarados ilegales, sufren deportaciones hacia sus respectivas provincias”.

En referencia a los juicios políticos y condenas de cárcel el reporte denunció un clima de hostigamiento y “una nueva fábrica de presos políticos”.

Entre muchos casos mencionó la situación legal de Marcos Maykel y Antonio Michel Lima Cruz, enjuiciados y sancionados a 3 y 2 años de privación de libertad, respectivamente, por el Tribunal Municipal de Holguín. Las sentencias fueron dictadas el 24 de mayo por “desorden público” y “ultraje a los símbolos patrios” por usar letras de rap que criticaban al gobierno.

Otra de las preocupaciones recayó sobre cuatro disidentes cubanos que, a inicios del año, distribuyeron octavillas en La Habana llamando “asesinos” a los hermanos Castro.

El reporte también abordó la reactivación de las llamadas Brigadas de Respuesta Rápida, integradas por fuerzas policiales y grupos progubernamentales para silenciar a la oposición.

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