El abogado de la familia de Alan Gross acusó hoy al Gobierno de Cuba de “tergiversar” lo que el subcontratista estadounidense hacía en la Isla cuando fue arrestado hace dos años, y calificó de “absurda” la explicación de su encarcelamiento.

En una declaración enviada hoy a Efe, el abogado Peter J. Kahn señaló que los esfuerzos del Gobierno cubano “por tergiversar lo que Alan P. Gross hacía en Cuba son un intento por justificar ante la comunidad internacional una sentencia carcelaria de 15 años por ayudar a los judíos cubanos a mejorar su acceso al Internet”.

El viernes pasado la Sección de Intereses de Cuba en Washington dijo a Efe que Gross fue encarcelado no por ayudar a la comunidad judía a mejorar su conexión a Internet, sino por poner en marcha un “programa encubierto financiado” por el Gobierno de EEUU.

Gross fue enjuiciado con apego “a todas las garantías” y fue sometido a juicio “porque él violó las leyes cubanas al implementar un programa encubierto financiado por el Gobierno de EEUU y dirigido a interrumpir el orden constitucional en Cuba”, indicó la Sección de Intereses.

“Durante sus visitas a Cuba, Gross nunca le comunicó a las personas que contactó que él estaba trabajando para un programa del Gobierno estadounidense. Las actividades encubiertas realizadas por Alan Gross en Cuba constituyen crímenes en muchos países del mundo, incluyendo Estados Unidos”, alegó.

Pero hoy, en respuesta, el abogado de Gross en EEUU señaló que durante el juicio contra su cliente en marzo pasado en La Habana, ninguno de los judíos que dieron testimonio ofreció información sobre “cualquier acción o declaración por parte de Alan que podría constituir una amenaza para el Gobierno soberano de Cuba”.

“Sin vacilación, todos respondieron que no” cuando la defensa preguntó si “fueron testigos, escucharon o conocían de cualquier actividad subversiva por parte de Alan”, añadió.

Al describir las actividades de Alan, uno de los testigos, un anciano dijo visiblemente emocionado que éste les mostró “el mundo” en Internet y en particular el Muro de los Lamentos en Jerusalén, señaló Kahn.

El abogado calificó como “simplemente ridícula” la sugerencia de las autoridades de La Habana de que Alan, un hombre de 62 años y que viajaba solo y bajo su propio nombre de pila, estuviese involucrado en un programa encubierto para “interrumpir el orden constitucional”.

Gross no habla español, entregó una declaración de aduanas y “pasó sus días mostrando a los judíos fotos del mundo y estableciendo una intranet comunitaria para compartir recetas y oraciones”, señaló el abogado.

Sin importar lo que diga ante los medios, “la verdad es que el Gobierno cubano se ha negado a entablar un diálogo significativo sobre una solución al caso de Alan, y ha preferido utilizar a un hombre y a su familia, que están sufriendo enormemente, como prendas en la continuación de más de 50 años de hostilidades entre Cuba y EEUU”, argumentó Kahn.

“La familia Gross permanece comprometida a negociar una solución en una atmósfera de respeto mutuo. Están esperanzados de que, en el espíritu de (la fiesta judía de) Hanukkah, el presidente Raúl Castro tendrá la bondad de permitirles reunirse pronto con Alan”, puntualizó el abogado.

El sábado pasado se cumplieron dos años desde que Alan fue encarcelado, bajo cargos de participar en planes subversivos contra el Estado por distribuir tecnología de comunicaciones en la comunidad judía de la Isla.

En el momento de su arresto, Gross, oriundo de Baltimore (Maryland), trabajaba para “Development Alternatives” (DAI), una empresa subcontratista de la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional (USAID, por su sigla en inglés).

El programa de Cuba de USAID, dotado de 20 millones de dólares para el año fiscal 2012, centra sus esfuerzos en “incrementar la capacidad de los cubanos de participar en asuntos cívicos y en mejorar las condiciones de derechos humanos en la Isla”, señala la agencia federal en su página web.

El Departamento de Estado y la Casa Blanca, así como líderes demócratas y republicanos del Congreso y representantes de grupos cívicos se han sumado a la exigencia de la familia Gross de que Gross sea puesto en libertad de inmediato por razones humanitarias.

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