El gobierno cubano lleva a cabo una nueva ofensiva para fortalecer su control sobre la economía, que abarca desde decomisos en los mercados agropecuarios, hasta inspecciones en los llamados "paladares" o sectores tan sensibles como la vivienda.

El objetivo son los "nuevos ricos", como ha calificado Fidel Castro a quienes consiguieron hacer dinero con la libre circulación del dólar (1993-2004) y la tibia apertura que puso en marcha el régimen para intentar sortear la crisis económica tras la desaparición de la Unión Soviética.

Policías irrumpieron la semana pasada en agromercados de La Habana en busca de los intermediarios, a quienes las autoridades acusan de enriquecimiento ilícito y de encarecer las mercancías.

Según fuentes oficiales, han sido decomisadas toneladas de productos, se han ocupado decenas de camiones e impuesto multas de miles de pesos. Hay varios detenidos.

El presidente del Poder Popular en Ciudad de La Habana, Juan Contino, dijo a medios de prensa locales, todos bajo control del gobierno, que los mercados de productos agrícolas estatales estaban desabastecidos en los últimos meses por las condiciones climáticas, mientras que en los agromercados "había ofertas a precios exorbitantes", propiciados por quienes "no cumplen con sus entregas al Estado (…) y desvían sus mercancías hacia los particulares", reportó EFE.

Los agromercados, abiertos en 1994, fueron concebidos para regirse por la ley de la oferta y la demanda y son la principal fuente de abastecimiento de vegetales, frutas y carne de cerdo con que cuenta los cubanos, aunque los precios en ellos son elevados.

Una libra de tomates puede costar alrededor de 12 pesos; una de cerdo, 25 pesos; y un pimiento, 5 pesos. El salario medio mensual en la Isla es de 250 pesos cubanos.

El semanario oficialista El Habanero dijo recientemente que los precios de los mercados "no tienen nada que ver con el socialismo, contribuyen a irritar a la población y a hacer el juego a los planes anexionistas de (el presidente estadounidense George W.) Bush y la fauna contrarrevolucionaria de Miami".

Los dueños de "paladares" han sentido también la presión y hablan de inspecciones sorpresa y de la aplicación a rajatabla del reglamento que les permite tener sólo 12 sillas, les impide contratar personal libremente y vender, por ejemplo, carne de res o mariscos.

"Estamos pasando un mal momento. Hubo retiro de licencias. Estamos tomando medidas extremas, rigiéndonos estrictamente por el reglamento", dijo el dueño de un conocido paladar de La Habana, citado por Reuters.

En recientes discursos, Castro ha arremetido contra las paladares a las que acusa de consumir demasiada electricidad y pagarla a precios subsidiados, según el diario español El País. Pequeños empresarios del sector afirman que hoy quedan apenas 96 de los 600 restaurantes particulares que llegó a haber en la capital.

"Que controlen el despilfarro de gasolina me parece bien, pero no que repriman al que trata de ganarse la vida vendiendo (…) están contra los intermediarios, contra quien tiene dinero", afirmó a Reuters un vendedor ambulante a quien le fueron requisados alrededor de 500 discos compactos.

"Para ellos (el gobierno cubano) es ideológicamente difícil de aceptar que alguien gane dinero comprándole a una persona y vendiéndole a otra", dijo Phil Peters, un experto en Cuba del Lexington Institute de Washington.

Durante una reunión sobre "prevención, enfrentamiento a las indisciplinas, ilegalidades y manifestaciones de corrupción", este fin de semana, Juan Contino advirtió de que se vigilarán las ventas ilegales en la vía pública, el pago de multas impuestas por violaciones, "y toda acción delictiva y de irrespeto a la tranquilidad ciudadana".

Las autoridades tendrían también en la mira a los carros particulares alquilados como taxis en las calles de La Habana, donde el transporte público es crónicamente insuficiente.

Las medidas contra los intermediarios y el pequeño sector privado son parte de la campaña del régimen para recuperar el control sobre la economía después de la tímida apertura en la década de los años noventa.

Ahora que La Habana cuenta con poderosos aliados como Venezuela, de donde recibe entre 90.000 y 100.000 barriles de petróleo diarios a precios preferenciales, la apertura económica ya no es vista como un "mal necesario".

"A medida que la economía mejora, vuelven la espalda a las iniciativas de mercado y regresan a estrategias económicas centralizadas y dirigidas por el Estado", consideró Peters.

Ofensiva contra las 'irregularidades' y la 'corrupción' en el sector estatal

Además de la campaña contra el cada vez más pequeño sector privado las autoridades llevan a cabo una ofensiva contra las irregularidades y la corrupción en el sector estatal.

El gobierno militarizó entre setiembre y octubre el puerto de La Habana y puso al general de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Moisés Sio Wong al frente de las operaciones de carga y descarga con la esperanza de terminar con el robo de mercadería, informó El País.

En octubre, unos 15.000 "trabajadores sociales" tomaron las gasolineras para frenar la reventa de combustible.

"Son una tremenda fuerza (…) no se le ocurra a nadie —y mucho menos a los nuevos ricos y ladrones— desestimarla, porque con esa fuerza, realmente, se eliminarán unas cuantas lacras que todavía sufre nuestra sociedad", dijo entonces Castro.

El presidente del Poder Popular en la capital anunció este fin de semana que la campaña alcanzará a sectores tan sensibles como la vivienda, tanto por irregularidades en los alquileres, como por el robo de materiales de construcción o la ejecución de obras no autorizadas.

Paralelamente, las autoridades tomarán medidas dirigidas a fortalecer el control interno, impulsar planes de prevención y "fomentar una cultura ética en los colectivos laborales", señaló el semanario Tribuna de La Habana.

El objetivo, dijo Juan Contino a la publicación, es intensificar el combate contra las ilegalidades y la impunidad "ante ciertas conductas indeseables de una minoría".

Al menos un 20% de las empresas estatales fue sometido a auditorías especiales a finales de octubre.

La comprobación, a cargo del Ministerios de Finanzas y Precios con la participación del Sistema Nacional de Auditoría, evaluó la labor de dirigentes, funcionarios y trabajadores de base en el "enfrentamiento a indisciplinas, ilegalidades y manifestaciones de corrupción administrativa", informaron entonces medios locales.

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