El juicio oral por el caso Sintel, filial de Telefónica, que involucra a los cubanoestadounidenses Jorge y Juan Carlos Mas Santos, dará inicio el próximo 4 de noviembre y en él se debatirá si los ocho directivos acusados fueron los culpables del vaciamiento patrimonial y posterior quiebra de la compañía, reportó Efe.

La fecha del juicio se ha decidido en la vista celebrada este jueves en la Audiencia Nacional de España, donde se han debatido además algunas cuestiones previas que serán resueltas en los próximos días, tales como la alegación de indefensión de algunos de los acusados, que consideran que se les citó en una fase muy tardía del procedimiento.

Se resolverán asimismo el tema de las comisiones rogatorias incompletas, así como la incorporación de documentación procedente de otros procesos.

En el juicio del 4 de noviembre tendrán que comparecer todas las partes, incluidos los acusados.

En ese sentido, el juzgado está a la espera del veredicto del forense sobre si la ausencia del ex vicepresidente de Sintel Ricardo Campos en la vista celebrada este jueves está justificada con la documentación médica aportada por su abogado.

La agencia recuerda que Sintel, filial de Telefónica, fue vendida en el año 1996 a Mas Tec Incorporated, propiedad de la familia Mas Canosa que, según la acusación, la descapitalizó de forma “consciente” hasta llevarla a la quiebra cinco años más tarde.

El actual presidente de la junta directiva de la Fundación Nacional Cubano Americana, Jorge Mas Santos, fue presidente de MasTec Incorporated y ex presidente de Sintel, y su hermano Juan Carlos Mas Santos fungió como ex consejero de MasTec International y de Sintel. Ambos son hijos del fallecido empresario cubano exiliado en Estados Unidos, Jorge Mas Canosa, fundador de la FNCA.

Los antiguos empleados de la compañía —algunos de los cuales estuvieron seis meses instalados en un campamento en el Paseo de la Castellana de Madrid— piden ahora “justicia” en los tribunales.

La Fiscalía Anticorrupción española ha solicitado penas de prisión de entre dos años y seis meses y cinco años y seis meses para los ocho acusados, además de una fianza de 300 millones de euros para resarcir a trabajadores y acreedores.

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