La representante republicana por la Florida, Ileana Ros-Lehtinen, condenó las órdenes de prisión efectiva contra dos opositores pacíficos y una ciudadana cubana que realizaron protestas en La Habana para denunciar las necesidades de la población, informó El Nuevo Herald.

“La tiranía castrista tiene que liberar incondicionalmente a estos activistas prodemocráticos que han sido transferidos a cárceles de máxima seguridad porque se atrevieron a manifestarse pacíficamente contra el régimen”, dijo Ros-Lehtinen en un comunicado enviado al diario de Miami.

Según la nota, a comienzos de esta semana las autoridades cubanas encarcelaron sin un proceso legal establecido a Isabel Haydeé Álvarez Mosqueda, Ivonne Malleza Galano y su esposo Ignacio Martínez Montero. El grupo fue acusado de desorden público y peligrosidad delictiva, una figura que permite a las autoridades ampliar las condenas de privación de la libertad por considerarlos potencialmente capaces de cometer una nueva falta.

El 26 de agosto, recuerda el diario, Malleza organizó una insólita protesta en el populoso mercado de Cuatro Caminos, en La Habana. Durante al menos dos horas gritó consignas como “Hay hambre” y “Comida para los niños”. El cacerolazo fue grabado en vídeo por Martínez y comenzó a circular en internet.

Malleza salió nuevamente a las calles el 30 de noviembre para expresar su inconformidad con las dificultades diarias que deben afrontar las familias cubanas. La protesta fue en el conocido Parque de la Fraternidad. En esa oportunidad la ciudadana Haydeé Álvarez Mosqueda se solidarizó con los reclamos de la activista. Finalmente fueron arrestadas junto con Ignacio Martínez.

La mayoría de los disidentes que son detenidos para impedir protestas públicas u otras actividades antigubernamentales terminan siendo liberados horas o días más tarde, generalmente con una advertencia de la policía de que serán llevados a juicio y enviados a la cárcel si persisten. Sin embargo, el grupo liderado por Malleza siempre permaneció retenido en una unidad de la Seguridad del Estado y sin derecho a libertad condicional.

El lunes, Malleza y Alvarez fueron conducidas a la cárcel de mujeres Manto Negro, y Martínez trasladado a la prisión de Combinado del Este, ambas en La Habana.

La ofensiva por parte de las autoridades cubanas coincide con el anuncio del gobernante Raúl Castro de otorgar indultos por razones humanitarias a aproximadamente 2,900 presos y la excarcelación anticipada de 86 extranjeros de 25 países.

Ros-Lehtinen criticó abiertamente a los Castro por la ola de arrestos injustificados e intentar convencer al mundo que la dictadura está cambiando y es más flexible, explicó.

“Las naciones responsables tienen que ver esto como una farsa de la dictadura cubana”, dijo Ros-Lehtinen.

Mientras, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación debido al acoso y las recientes agresiones sufridas contra Sara Marta Fonseca, activista y portavoz nacional del Frente de Resistencia Cívica y Desobediencia Civil Orlando Zapata Tamayo. La CIDH urgió a Cuba que adopte las medidas necesarias para garantizar la vida e integridad física de Fonseca.

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