El laberinto del General

Los "cambios estructurales y de conceptos" prometidos por el general Raúl Castro, no aparecen. Las prohibiciones absurdas en esencia son mantenidas y, por el contrario, desde junio de 2008 se arreció la represión contra el sector informal de la economía, una especie de contrarreforma que contradice las esperanzas de transformaciones.

En su discurso resumen de la Asamblea Nacional del Poder Popular, el 27 de diciembre pasado, el presidente arrojó un jarro de agua fría sobre el advenimiento de los cambios, posponiéndolos para una discusión a realizar en el próximo VI Congreso del Partido Comunista —del que se habla bastante poco—, mientras problemas de todo tipo se acumulan en un entorno de riesgos internacionales cada día más complejo y adverso.

Al mismo tiempo, Castro pronosticó que la reparación de los daños provocados por los tres huracanes de 2008, en particular la reconstrucción de más de 500.000 viviendas dañadas total o parcialmente y las 70.000 de eventos anteriores, "con un esfuerzo continuado, pudiera necesitar de 3 a 6 años". Y opinó sobre otros asuntos importantes, muchos de los cuales podrían tener sentido en términos generales, pero para desarrollarlos necesitan un proyecto integral de transformación de la sociedad, desconocido hasta ahora.

En modo alguno puede objetarse el planteamiento del general de que no puede gastarse más de lo que se ingresa. Objetivo que resulta inalcanzable si no se crea un ambiente propicio para la laboriosidad y el desarrollo del potencial creativo. Actualmente, sólo hay alicientes para que las personas no trabajen y desmotivar la creatividad del ciudadano. El propósito anunciado de reducir el 50% de los gastos previstos en viajes al exterior de organismos y empresas, así como la disminución radical de las "gratuidades", podrían ser medidas correctas, aunque insuficientes si no se acompañan de políticas dirigidas a suprimir las ataduras que impiden el avance de las fuerzas productivas.

Ideas al vuelo

Hoy más que nunca es necesaria una verdadera reforma agraria, que brinde incentivos a los campesinos para producir los alimentos requeridos y dejar de importar cantidades fabulosas de víveres, que en gran parte pueden ser producidos en las extensas tierras baldías del país. La entrega de tierras en usufructo, que marcha al parecer muy lentamente por la cantidad de prohibiciones y cortapisas de la ley, no es la solución a los problemas de la agricultura.

Al mismo tiempo, debería fomentarse la libertad para el trabajo por cuenta propia y permitir la creación de pequeñas y medianas empresas particulares que generen riquezas, brinden flexibilidad a la economía y den empleo real y eficiente a muchos ciudadanos. De esta forma se facilitaría el traslado de mucha mano de obra sobrante y subutilizada en las sobrecargadas empresas estatales.

Esto último es básico para alcanzar una racional organización del trabajo, imposible en las condiciones actuales: las plantillas infladas impiden tomar las medidas organizativas indispensables para el incremento de la productividad. En una primera etapa, esas medidas crearían las bases para el perfeccionamiento de la economía y servirían de incentivo a la necesaria inversión extranjera, que está desmotivada para participar en un país varado en el tiempo.

Criterios aportados por el general en el mencionado discurso, rompen ciertamente el fracasado esquema igualitarista que por muchos años imperó, con enormes daños para la economía nacional y sin correspondencia con una verdadera concepción socialista. Es justa su visión de que el salario debe ser la base del ingreso de los trabajadores, y que la responsabilidad del Estado debe ser esencialmente asegurar educación, salud pública y seguridad y asistencia social, mientras la del individuo es realizar el máximo esfuerzo para alcanzar el progreso propio y de su familia.

Estos conceptos no deben quedar en la retórica, sino en la creación de condiciones y la libertad necesaria para que las personas puedan ganarse la vida dignamente y aportar a la sociedad.

¿Más aparatos burocráticos?

Raúl Castro habló de la creación de la Contraloría General de la República, como órgano jerárquicamente superior a los organismos de la administración central y subordinada directamente al Consejo de Estado, con el objetivo de acrecentar el control sobre la utilización de los fondos públicos.

Con nombres iguales o diferentes, en muchos países existen entidades semejantes, pero si no se promueve el buen uso de los recursos ni se mejora el nivel de vida de los trabajadores, con Contraloría o sin ella continuarán los altos niveles de corrupción y descontrol.

La solución no radica en diseñar más costosos aparatos burocráticos de administración, sino en ir al fondo de los males. Es imposible detener el desvío de recursos con un salario promedio mensual de 414 pesos, equivalente a unos 20 dólares estadounidenses, o lograr un control aceptable cuando los economistas y contadores públicos tienen retribuciones insuficientes, condiciones laborables inaceptables y falta el reconocimiento social, lo cual ha ocasionado que en la mayoría de las empresas la contabilidad carezca de confiabilidad.

Además, la dualidad monetaria crea grandes complicaciones para el mantenimiento del control, sin soslayar los efectos perniciosos de la anarquía en materia de precios y la inexistencia de tasas reales entre las monedas nacionales y las foráneas.

Como dato interesante, podría citarse que en Ciudad de La Habana sólo 421 empresas, el 46,7% del total, tenían una contabilidad certificada como confiable al cierre de 2008, según una información brindada a principios de este año por el director provincial de Economía y Planificación al periódico Tribuna de la Habana. Esto, a pesar de que en la capital hay muchos más recursos para el control que en el resto del país.

El presidente, en su intervención ante la Asamblea Nacional, reconoció que el problema de que muchas personas ni trabajan —para el Estado— ni estudian, no se resuelve con disposiciones, ni siquiera con leyes. Su solución requiere un enfoque que integre acciones políticas, económicas, legales y administrativas, pero, sobre todo, deben crearse las condiciones para que las personas sientan la necesidad de trabajar. Ese punto de vista también podría ser aceptable en sentido general, partiendo de que las condiciones actuales son absolutamente adversas para lograrlo.

Al problema de los bajos salarios, se unen las dificultades del transporte y la alimentación, las adversas condiciones laborales, la carencia de ropa y calzado necesario y, algo muy importante, el reconocimiento social al trabajador, hoy perdido. No se puede exigir que las personas deseen ser maestros, constructores, agricultores o ejercer otras profesiones, si el salario no alcanza para vivir —como ha reconocido Raúl Castro— y están ausentes las mínimas condiciones laborales.

A 50 años del triunfo revolucionario, los problemas de la sociedad son inmensos, y lo peor es que se acumulan sin que se tomen medidas para empezar a solucionarlos. Para salir del laberinto actual se requiere emprender un programa integral de reformas con coraje y decisión.

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