La isla Sheraton

Un artículo publicado en el diario Juventud Rebelde, en su edición del pasado 5 de febrero, informa de la expulsión de varios funcionarios cubanos del Sheraton María Isabel Hotel, ubicado en una muy céntrica zona de la capital mexicana.

El artículo ("¿Arrogancia o impotencia?") califica de "escandalosa y sin precedentes" la medida tomada por "órdenes del Departamento del Tesoro de Estados Unidos". Como es práctica usual en el "periodismo" oficialista, el texto se extiende en calificativos contra el gobierno estadounidense, la Embajada de Estados Unidos en México y, además, cuestiona la soberanía de México, toda vez que la medida fue tomada en un hotel propiedad de una empresa subsidiaria de una compañía norteamericana, ubicado en tierra mexicana.

El incidente podría pasar como uno más en la interminable porfía "evolución cubana versus imperialismo yanqui", de no ser porque la edición del Granma del 6 de febrero lo retoma, dedicándole ni más ni menos que un editorial que ocupa el mayor espacio de su primera plana [lo volvió a hacer el día 10, con otro editorial].

Esta otra referencia a la reciente contingencia del Sheraton María Isabel, demuestra que La Habana pretende convertir en suceso de interés internacional la medida adoptada por el Departamento del Tesoro estadounidense, en virtud de la Ley Helms-Burton.

Lo curioso del caso, no obstante los excesos de las leyes norteamericanas supuestamente encaminadas a ahogar a la revolución de Castro, es que del texto de ambos artículos se desprenden informaciones adicionales, como la misteriosa reunión de funcionarios cubanos con empresarios norteamericanos del petróleo, de la que no se había mencionado una palabra a los cubanos.

¿Discreción para proteger los negocios?

Los "informes" de la Asamblea Nacional de finales de 2005, no fueron pródigos en asuntos relacionados con el "descubrimiento" súbito del hidrocarburo en Cuba, pero —al parecer— los empresarios del "enemigo" poseen más datos que los cubanos, al demostrar interés en negociar con los funcionarios del gobierno.

No menos significativo es el hecho de que, según afirma el editorial de Granma, ya en 1992 —entonces en cumplimiento de la Ley Torricelli, que prohíbe a empresas norteamericanas y sus subsidiarias establecer vínculos comerciales con el régimen— el mismo hotel había cancelado un contrato con el Instituto Nacional de Turismo.

¿Qué inocente idea motivó, más de diez años después, que 16 funcionarios cubanos reservaran alojamiento allí? ¿Acaso no existen en Ciudad México otros hoteles que ofrezcan comodidades dignas? ¿O quizás no había otro hotel a la altura de la dignidad de los representantes de la revolución?

Otro dato interesante para descubrir la muy divulgada "austeridad" de nuestros dirigentes y para entender por qué el resto de los cubanos —despilfarradores por naturaleza— debemos desarrollar una cultura del ahorro, a pesar de que en este caso los "enemigos" del Norte pagaron las habitaciones.

Suponiendo incluso que resulte mezquino y ofensivo que no se permita a estos funcionarios hospedarse en hoteles propiedad de ciudadanos estadounidenses, o en otro hotel de cualquier parte del mundo, ¿cómo calificar la prohibición a los cubanos que, dentro de su país, no tienen derecho a hospedarse en los mejores hoteles, ni siquiera aquellos pocos ciudadanos que cuentan con las posibilidades económicas para hacerlo?

Este detalle se puede aderezar con un ingrediente adicional del absurdo: en determinados hoteles de Cuba, los nacionales no podemos entrar portando mochilas.

Caer en la tentación

Para disgusto de La Habana, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México consideró que el desaguisado en el Sheraton "es un asunto entre particulares".

Según AFP, el consultor jurídico de la cancillería, Joel Hernández, explicó en rueda de prensa que si la casa matriz de Sheraton y el gobierno estadounidense hubiesen impuesto una multa a la filial mexicana, se habría producido una violación de la soberanía.

"El Departamento del Tesoro ordena a la casa matriz (del Sheraton), la casa matriz gira una directiva interna, la directiva interna obliga al Sheraton (en México) a la salida de los nacionales cubanos: existe un efecto transnacional, pero no existe una violación a la soberanía", agregó Hernández.

Igualmente, el funcionario afirmó que esta acción del Sheraton no supone un delito, sino "una infracción de carácter administrativo que tiene como consecuencia una sanción pecuniaria", la cual podría llegar a los 442.000 dólares, de acuerdo con la misma fuente.

Sin embargo, la cúpula del poder en la Isla busca cualquier motivo para atomizar su endémico conflicto con Estados Unidos y magnificarlo a niveles impredecibles: azuza a terceros a participar tomando partido por Castro. Y cuando no es secundada en tales empeños, acusa a estos gobiernos de serviles a la potencia imperial. Ya se sabe de la poca simpatía que profesa el régimen cubano al presidente mexicano.

Todo parece indicar que Washington está dispuesto a incrementar las medidas para castigar económicamente a La Habana, pese a su probada ineficacia. En todo caso, Bush sigue ofreciendo municiones al régimen para apelar a la vieja y manida imagen del pequeño David enfrentando al gigante Goliat. En esta ocasión, el gobernante norteño se dejó arrastrar por la tentación (¿provocación?) del viejo zorro antillano.

Aunque, en definitiva, lleva razón el señor Kirby Jones, presidente de la Asociación de Comercio Cubano-Estadounidense, al sugerir que tal vez los cubanos deben averiguar, antes de hospedarse en cualquier ciudad, cuál es la nacionalidad de los dueños del hotel que elijan. Eso evitaría disgustos y ahorraría dinero al pueblo…, ¡perdón!, al Estado cubano.

De paso, aclaro al señor Jones que creer que los funcionarios cubanos (que a diferencia de la mayoría de los nacionales, gozan frecuentemente del privilegio de viajar fuera de la Isla) ignoran la ciudadanía de los propietarios de un Sheraton, es sólo comparable con la opinión de que algún cubano ignora quién es el autor de los editoriales del Granma. Menuda inocencia.

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