Tres jóvenes británicos de ascendencia paquistaní (Shafiq Rasul, Ruhal Ahmed y Asif Iqbal) acaban de pasar por Madrid para presentar la película Road to Guantánamo [Camino a Guantánamo], que se filmó en Irán bajo la dirección de Michael Winterbottom y Mat Whitecross. Esta cinta ha sido la primera en exhibirse al mismo tiempo por cine, DVD e Internet. Ya obtuvo el premio Oso de Plata (Festival de Cine de Berlín) al mejor realizador.

Winterbottom y Whitecross denuncian las torturas y maltratos de prisioneros sobre suelo cubano bajo bandera americana, por medio de la historia de aquellos tres jóvenes, quienes viajaron en septiembre de 2001 desde Tipton (Inglaterra) a Karachi (Pakistán) para celebrar la boda de Asif, que ahora es el final de la película.

Luego prosiguieron hacia Afganistán "en plan aventura juvenil" y acabaron siendo apresados en Kunduz por el grupo antitalibán Alianza del Norte. Tras ser entregados a las tropas estadounidenses pasaron al centro de detención de Guantánamo, acusados de terrorismo por haber asistido a un mitin de Bin Laden.

Sin posibilidad de nombrar abogado defensor permanecieron encerrados hasta que consiguieron probar que estaban en Gran Bretaña cuando aquel mitin tuvo lugar. Los "tres de Tipton" fueron agasajados entonces con comida en la prisión y regresaron al Reino Unido (marzo 5, 2004), donde quedaron libres sin cargos, pero también sin disculpas de las autoridades.

Ley del embudo

Según la lista parcial divulgada por el Pentágono, gracias al reclamo de Associated Press sobre la base de la Ley de Libertad de Información (Código Federal, Título 5, sección 552), por lo menos otros 558 prisioneros de 40 nacionalidades no han corrido igual suerte en la cárcel de Guantánamo. Se estima que unos 490 continúan detenidos sin acusación definida ni sujeción al debido proceso.

A estos deben sumarse quienes no aparecen en la lista porque aún esperan audiencia ante comisiones militares. Más de 750 "combatientes enemigos" han tenido cabida en la Base Naval de Guantánamo desde que habilitaron el centro de detención (enero de 2002) con aquiescencia del gobierno de Cuba. Unos 200 han sido devueltos a sus países de origen.

La Comisión de Derechos Humanos (ONU) recomendó ya (febrero 16, 2006) cerrar esta prisión, pero el Departamento de Estado tachó el informe de "habladuría" y hasta alegó que los relatores especiales no habían estado en Guantánamo. Uno de ellos, Paul Hunt, replicó: "Hay que tener cara para decir eso".

El acceso a la prisión fue solicitado desde 2002 y se concedió en el otoño de 2005 bajo condición de no hablar con ningún preso. Los relatores objetaron semejante restricción y recogieron entonces testimonios de ex prisioneros y sus abogados en Francia, España y Reino Unido.

Las visitas oficiales a la base naval de Guantánamo no permiten descifrar qué ocurre dentro de la cárcel y las únicas fuentes disponibles son precisamente los presos liberados y algunos pocos documentos. Las denuncias recopiladas por los relatores de la ONU (tortura, discriminación religiosa, desatención a la salud, alimentación forzosa de reclusos en huelga de hambre) constaban ya en Amnistía Internacional.

El Parlamento Europeo se sumó (80 votos a favor, uno en contra y una abstención) a la petición de cierre formulada por la ONU e instó a dar mejor trato a los detenidos conforme a las leyes internacionales, así como a juzgarlos cuanto antes. Ellos no gozan del amparo procesal básico del hábeas corpus (so pretexto de la "extraterritorialidad" de la base naval estadounidense en suelo cubano), ni de las garantías de los prisioneros de guerra (porque no pertenecen a ejército regular).

Sin embargo, la tercera Convención de Ginebra (1949) prescribe que todo detenido en conflicto armado tiene derecho a ser oído por tribunal competente para determinar si es o no prisionero de guerra (Artículo 5). En la Guerra del Golfo (1991) se concedieron más de mil audiencias por este motivo y los jueces militares americanos encontraron que casi tres cuartas partes de las detenciones eran injustificadas.

Crueldad fútil

La Comisión de Derechos Humanos (ONU) se refirió a corruptelas de la práctica penitenciaria (desnudar a los presos y encadenarlos al suelo, amedrentarlos con perros o someterlos a temperaturas severas) que ya habían sido reconocidas como incidentes aislados en el reporte Schmidt Furklow (2004) del Departamento de Defensa.

Un informe más reciente (mayo 19, 2006) del Comité contra la Tortura (ONU) exigió a Washington cambiar las técnicas de interrogatorio que puedan dar pie a torturas o tratos inhumanos, y citó prácticas como "el submarino" (introducir la cabeza del detenido en el agua hasta casi asfixiarlo), colocar grilletes muy apretados o intimidar con perros.

Así mismo recomendó "cerrar ese centro de detención, permitir que los detenidos sean juzgados o liberados lo antes posible y asegurarse de que no sean enviados a otro país donde puedan correr peligro real de tortura".

Winterbottom y Whitecross dan un segundo aire documental al conflicto con la filmación de los propios implicados y la cruda exposición de las condiciones carcelarias, así como de la arrogancia del mando militar estadounidense, obsesionado por demostrar que todo detenido está vinculado a grupos terroristas.

Entre la realidad y la ficción muestran cómo los reclusos son privados del sueño y golpeados, sometidos a torturas psicológicas y a interrogatorios que parecen sacados de la obra teatral de Virgilio Piñera Falsa alarma (1948), donde el personaje del Juez tiene absoluto desinterés por los hechos.

Coda

La detención indefinida como consecuencia de la "guerra contra el terrorismo" propicia otra coartada a los gobiernos totalitarios, que no tienen siquiera contraparte en sus propios tribunales ni permiten la discusión del tema en la sociedad civil. El Tribunal Supremo estadounidense dispuso ya que no hay término medio: se enjuicia a los detenidos por jueces imparciales, o se ponen en libertad.

El fallo de 6 jueces contra 3 reconoció el derecho de todo detenido a discutir los fundamentos fácticos de su detención ante un tercero imparcial ( Hamdi contra Rumsfeld, 2004).

La clave jurídica es simple: la Base Naval de Guantánamo, bajo control del gobierno de Estados Unidos, es un territorio donde tienen que imperar el debido proceso y las demás garantías constitucionales americanas.

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