El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se equivocó al decir que Cuba es un Estado fallido. Con eso, como con otras medidas contra La Habana, quiere halagar a los conservadores del patio para que no le digan comunista y también a los cubanoestadounidenses de Miami, que de todas maneras lo desprecian. ¡Ay, Joe!, si tú supieras lo que dicen de ti en el restaurante Versailles o en La Carreta de Bird Road mientras se toman un cafecito…

Y Juan González, su principal asesor para el hemisferio occidental, no porque no sepa mucho, sino porque le toca, también dice sus cositas en esta última cruzada contra La Habana: Que el embargo “no hace sufrir al pueblo cubano”, dijo en entrevista con Efe y que Estados Unidos sancionará a los responsables cubanos en caso de que los organizadores de la marcha del 15N acaben procesados o encarcelados.

Pero la pregunta del título define el tema de esta nota. Y tal vez es una pregunta sin respuesta, consta de muchas variables y ninguna matemática. Cualquiera puede pronosticar lo que sucederá, despreocupándose de lo que suceda, porque cuando suceda nadie va a recordar de quién se equivocó. Pero es una pregunta legítima e interesante, teórica y algo especulativa. Intentaré contestarla.

La oposición ya existe en Cuba. Y relativamente tolerada por el Estado, aunque no legitimada. Existe como opinión popular desorganizada y como oposición organizada, pero muy relacionada y a veces financiada, como ha señalado el periodista Tracey Eaton, a través de organizaciones cubanoestadounidenses exiliadas, desde el gobierno de EEUU, lo que hace dudar de su carácter específicamente nacional.

La relativa tolerancia forma parte de la política iniciada por Raúl Castro durante el el gobierno de Barack Obama, en busca de una proyección de imagen apropiada para el deshielo. Aunque no debíamos dudar que el Estado cubano, ante la citada política trumpista de Biden, y en la medida que vea amenazado su poder es capaz de cambiar sus políticas de acuerdo con su zona de confort. Y en eso es definitorio, la conducta de Washington respecto a Cuba.

Si Biden se mantiene afín al memorando secreto de Lester Mallory, secretario adjunto de Asuntos Interamericanos en 1960, cuando se gestaba el embargo a Cuba, que recomendó: “provocar hambre, desesperación y el derrocamiento del Gobierno”; o si se decide a “ser Obama” aunque le moleste el orgullo, en pro de solucionar “el diferendo Cuba-EEUU”, dejando solucionar sus problemas a los cubanos entre sí.

Eso, para un radical del exilio, sería como “entregar al pueblo cubano a las fauces del comunismo”, pero también sería un saludable límite de la influencia estadounidense en la realidad política cubana, que ya dura 119 años y que ha definido siempre —para bien o para mal— los gobiernos de la isla, desde Tomás Estrada Palma, en 1902, hasta Miguel Díaz-Canel, en 2021. Cuba ha sido siempre como un apéndice, mimado o condenado, de Washington.

Y tal vez como corolario de la reflexión anterior, podemos hablar de cuál sería el futuro de una oposición legal dentro de Cuba.

Ningún Estado leninista, desde octubre de 1917 en Rusia hasta La Habana de 2021, es decir, en sus 104 años de historia, ha permitido una manifestación de carácter político previamente anunciada, como la del próximo 15N. Como tampoco ninguna ha aceptado a una oposición política como legal.

El leninismo, que le corre por las venas a políticos, dirigentes, e intelectuales cubanos, y en una solución menos concentrada a policías y la parte del pueblo que comulga con la Revolución, intenta definir el futuro inevitable de la sociedad según dos o tres preceptos económico-sociales. Y siempre aseguró categóricamente cuál era el destino de la humanidad: el comunismo.

Ahora, cuando el santo grial del leninismo se mantiene, por escasez de hospitalidad internacional, hospedado en La Habana, puede decirse, sin lugar a dudas, que una oposición política real nunca será permitida en Cuba mientras su Estado siga teniendo dicha ideología. Y la Constitución de 2019 lo dice claramente, en su artículo 4: “El sistema socialista […] es irrevocable”.

Cuba tiene una situación económica muy difícil actualmente. El todopoderoso Estado cubano no ha logrado, aunque ha tratado, que las leyes de la economía lo obedezcan. Parece que no hay arreglos contra la realidad. La inflación actual en Cuba alcanza el 6.900% en el mercado informal. Se esperan despidos masivos si cuando cierren las empresas estatales improductivas, los cuentapropistas, después de la pandemia, no tienen capacidad de emplearlos.

Por eso el Gobierno ha agilizado la legislación de las Mipymes, ya ha aprobado 168 empresas privadas en Cuba. Ha olvidado, temporalmente, la máxima de Raúl Castro de ir “sin prisa, pero sin pausa”. Pero lo crucial sería saber quién irá más deprisa, quién llegará primero a la realidad de Cuba, si la solución económica o el agravamiento de la crisis.

Porque solo nuevas medidas económicas, ligadas a la realidad nacional y alejadas de consignas, pueden reparar la maltrecha economía cubana, animar a aceptar la Constitución de 2019, a pesar de sus limitaciones, y, con ello, legitimar al presidente Díaz-Canel.

Hay quien piensa que la potencial transformación positiva de la economía cubana haría progresar, automáticamente, los derechos cívicos de asociación política y, con ello, la aceptación de una oposición legalizada. Pero eso no ha sucedido en Vietnam, ni en China. Y dudo mucho que suceda pacíficamente, en los países que siguen los parámetros del leninismo, donde se encuentra Cuba.

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