En un reportaje de la televisión chilena, una mujer lloraba. Era la madre de un joven que hubiera cumplido 22 años el pasado domingo. Pero no pudo hacerlo, porque murió despedazado en el accidente de aviación ocurrido en el aeropuerto de La Habana. La mujer era una holguinera de mediana edad. Temblaba y cada intento de palabra era sepultado por los sollozos. No se entendía que decía. Pero no era difícil entender lo que quería decir.

La muerte de más de cien personas —cubanas, argentinas, mexicanas, saharauis—, el dolor de decenas de familias, los muchos proyectos tronchados, esperanzas caídas, sueños incompletos, nos obliga a todos —oficialistas, oposicionistas, reformistas, emigrados e insulares— a mirar seriamente al presente falleciente de nuestra sociedad y al futuro dudoso que nos espera —repito, a todos y todas— si no encaramos un asunto de esta naturaleza más allá de las condolencias. Sería yo un miserable, si intentara politizar este asunto. Pero un cobarde, si mirara hacia el lado sin exigir las responsabilidades que tantos muertos reclaman. Es un mandato de la decencia.

Haber contratado este avión para este vuelo es una irresponsabilidad del Estado cubano, con probables implicaciones criminales. El avión era una chatarra voladora, con 40 años de uso cuando todo el mundo sabe que más de 25 es excesivo para cualquier aeroplano. Existían evaluaciones sobradas del pésimo talante de la compañía (que solo contaba con tres aviones en su stock) lo que fue detallado por un técnico de Cubana de Aviación quien enumeraba deficiencias técnicas de los sistemas de control, gomas en mal estado, accidentes en cabina y falta de seguridad. Guyana había rechazado la presencia de estos aviones en su aeropuerto capitalino. Entre otros indicios que hubieran motivado la no utilización de este ataúd volante, si hubiera existido una mínima consideración por la vida de los viajeros.

Creo que todos —sin importar credos políticos o locaciones— tenemos el deber moral de exigir al Gobierno cubano la asunción de sus responsabilidades y proceder a acciones de reparación.

• En primer lugar, se impone que el Estado cubano se disculpe convincentemente, ante los deudos y ante toda la sociedad, por haber sido incapaz de garantizar la seguridad de sus ciudadanos. Y permitir que una empresa estatal atentara de esa manera contra la vida de decenas de compatriotas. No es necesario esperar mucho: que lo haga ya.
• En segundo lugar, debe proceder administrativa o legalmente contra los responsables directos de las muertes. Sería prudente que el vicepresidente explique que fue lo que hizo en un encuentro del día 22 de marzo con los directivos de Cubana de Aviación que la prensa adocenada calificó de “fructífero intercambio”. Y eventualmente ser destituido por incapaz de cumplir sus funciones elementales. También debe ser relevado el ministro de Transporte, quien, en un procaz intento de politización de la tragedia, lanzó sobre el bloqueo americano la culpa del accidente. Y creo que de ahí en adelante —los funcionarios del Instituto de Aeronáutica Civil y de Cubana de Aviación no sólo deben ser destituidos, sino investigados para detectar responsabilidades punibles penalmente, y obrar en consecuencia.
• Finalmente, las familias deben ser indemnizadas. No con una casita prefabricada o un televisor chino —es lo que acostumbra a hacer el Gobierno cubano en medio de la miseria generalizada que se vive en la Isla— sino con dinero suficiente y según estándares internacionales. Esto no devuelve a los muertos, ni paga por la tristeza, pero fija líneas de conducta. Pagar es reconocer una deuda.

El accidente que acaba de ocurrir en Cuba es producto de la insensibilidad de la élite política postrevolucionaria, de la falta de controles democráticos sobre ella, de la inexistencia de transparencia y de una pobreza vergonzosa, no por culpa del bloqueo-embargo (como declaró impúdicamente el ministro de Transporte), sino de la incapacidad de un Estado esclerótico, más preocupado por perseguir cuentapropistas que por garantizar el bienestar social en una isla que se está despoblando.

Nada podemos hacer por el joven que no pudo cumplir 22 años. Garanticemos al menos, que su muerte sirva para algo. En nombre de la decencia.

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