Es cierto que las armas, por sí solas, no matan; matan quienes las usan. Pero también es verdad que causan masacres. El factor cuantitativo es lo que convierte en desastre nacional a lo que en otro momento no debió haber pasado de tragedia doméstica o altercado local.

Los defensores de lo que consideran el derecho a tener un arma de fuego repiten una y otra vez un mantra distorsionado: la segunda enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que postula que “el derecho del pueblo a poseer y portar armas no será infringido”.

Sin embargo, cuando se estableció la enmienda no existían fusiles AR-15. Este dato importante se pasa por alto. Como si se tratara simplemente de tener un mosquete o una escopeta de caza en casa.

El presidente Joe Biden ha llamado a prohibir los fusiles de asalto y urgió al Congreso regular la tenencia de armas después del tiroteo en Boulder, Colorado, la segunda masacre de este tipo en menos de una semana. Aunque una prohibición de este tipo existió con anterioridad, es difícil restablecerla por los cambios ocurridos tras la nominación de tantos jueces y magistrados durante el mandato de Donald Trump.

Resulta difícil entender, fuera de las fronteras de Estados Unidos, este empecinamiento por las armas. Para algunos es un rasgo de la clásica agresividad estadounidense y para otros una muestra de inmadurez: una gran nación que no ha dejado de ser, en parte, un pueblo fronterizo.

El derecho a tener armas, exhibirlas, limpiarlas y dispararlas pasa a ser entonces una característica (indeseable) de la sociedad norteamericana. Lo curioso es que muchos de los que lo defienden no tienen ni han pensado nunca en comprar un arma, y mucho menos se atreverían a usarla.

Sin embargo, con tesón e insistencia se lanzan a invocar la Constitución ante la menor amenaza de una restricción. Que no se infrinja el estar armado adquiere un carácter simbólico y pasa a formar parte de la defensa de las libertades individuales, algo tan apreciado en esta nación.

Así que por lo general los defensores de las armas repiten declaraciones que no pasan de clichés repetidos, y que van desde la necesidad de proteger al hogar y a los seres queridos hasta el resguardo que proporciona haber conservado el pistolón del abuelo para cuando las hordas comunistas toquen a la puerta.

Sin embargo, todas estas justificaciones forman parte del enmascaramiento de un problema que por largo tiempo esta sociedad se ha negado y se sigue negando a debatir: la existencia de una industria armamentista que requiere de un consumo amplio para poder subsistir. Un consumo que se da no solo a nivel internacional, como es común en muchos países, sino también interno.

Sin hablar de este consumo interno, poco sentido tiene la discusión sobre las armas de fuego. Y por supuesto, no hay enmienda constitucional alguna que impida el “infringir” la producción y el consumo masivo de una variedad de artículos cuyo objetivo es simplemente matar de forma rápida y efectiva.

De esta forma, la poderosa Asociación Nacional del Rifle —con sus declarados cerca de cinco millones de miembros y 30 millones de simpatizantes— no es simplemente una especie de “club de cazadores” que por años presidió el “vaquero” de Charlton Heston, sino una maquinaria de cabildeo que responde a los intereses y los millones que suministra esa industria del armamento personal para que sus productos sigan vendiéndose sin límites, no importa a quien.

Nada más conveniente para ese negocio que lo ocurrido en 2004, cuando el gobierno de George W. Bush dejó sin efecto la medida de 1994, creada durante la presidencia de Bill Clinton, que prohibía la venta de fusiles de asalto.

Nada ha cambiado mucho a partir de entonces.

Durante los ocho años de mandato del expresidente Barack Obama y los cuatro años en el ejecutivo de Trump, el Senado ejerció una fuerte oposición para aprobar medidas que impidieran la venta de este tipo de armas.

Es por ello que hoy cualquiera pueda comprar fusiles AR-15, AK-47 (de fabricación china, rusa o de cualquier otro país) y pistolas Glock en este país. Muchos para defender al hogar y sus seres queridos, otros para asesinar al mayor número posible de inocentes. Si esta situación cambia con el mandato de Biden, será un logro indudable. Pero de momento, más que la cautela impera el pesimismo.

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