Se acabó la “habilitación” del pasaporte, los cubanos de Hialeah y Kendall podrán navegar en sus propios yates a La Habana y muchos en el exilio no tendrán que recondenarse esperando 8 años para volver a abrazar a sus familiares en Cuba, a diferencia de las décadas de separación que han sufrido muchos de sus compatriotas.

Entre las nuevas medidas anunciadas por el canciller cubano Bruno Rodríguez bajo la clave “Estados Unidos cierra y Cuba abre” hay obviamente mucho ruido contra la Administración Trump, pero también algunas llamativas nueces.

Pongamos por ejemplo la autorización para que los cubanoamericanos viajen en sus embarcaciones a partir del 1ro de enero a dos marinas en La Habana y Varadero, algo impensable por casi 60 años. En el imaginario del cubano de a pie, el yate de recreo ha sido privilegio de la más exclusiva élite gubernamental y de turistas adinerados. Un cubano en alta mar era por definición balsero, o acaso dueño de una “chalupita”, aquellos botecitos de madera carcomida y motor primitivo para pesca de litoral, siempre que contara con un permiso de las autoridades.

No habría que esforzarse mucho para imaginar el espectáculo de los yates de Miami, con sus 25, 30 pies de casco reluciente y dos o tres motores fuera de borda, dejando una espumosa estela de éxito en su ruta a la Marina Hemingway. Los mismos cubanos que habían huido de su país con una mano alante y otra atrás, regresando convertidos en espejos de bienestar e independencia para celebrar con sus hermanos en la Isla.

De todas las medidas recientes, ésta sería sin duda la de más difícil digestión para el ala más radical tanto en Cuba como en Miami, especialmente por sus implicaciones simbólicas y políticas. Pero se trata de un paso en la dirección positiva y mucha gente lo agradecerá.

Por lo pronto, la Guardia Costera ya anunció que no permitirá un carnaval de barcos en dirección a Cuba y que todas las tripulaciones necesitarán un permiso especial para viajar, pero la pelota ha quedado en la cancha norteamericana.

Otra medida a valorar, aunque de menor impacto, sería el fin de la “habilitación”, un sello en el pasaporte equivalente a un certificado de “buena conducta” para viajar, y cuya tramitación era gratuita. Según cifras de Cuba, la medida beneficiará a más de 800 mil residentes en el sur de la Florida. Un permiso menos, pudiera simplificarse.

En cualquier caso, el cese de la “habilitación” no tendría un mayor costo económico ni de seguridad para el Gobierno cubano. El otorgamiento del pasaporte y su renovación cada dos años se convertirán de hecho en el filtro que sustituya al antiguo permiso de entrada a Cuba. Y la realidad es que quien escape a esos controles podría ser retenido en cualquier aeropuerto cubano y devuelto a Estados Unidos, como ocurre a cada rato.

El canciller Rodríguez también anunció que cesa el veto de 8 años para que los cubanos que dejaron la Isla ilegalmente puedan regresar, aunque se mantiene la prohibición para muchos, en especial médicos, deportistas y diplomáticos que abandonaron sus empleos oficiales al escapar.

Una medida no incluida en el paquete, y largamente esperada fuera de Cuba, sería la autorización para que los exiliados puedan retornar usando pasaportes norteamericanos, españoles, chilenos y de decenas de nacionalidades. La Habana jamás lo ha permitido, con excepción de quienes salieron antes de 1971 —que pueden viajar con pasaporte estadounidense y un permiso de entrada especial en cada viaje—. Pero por primera vez, y de manera expresa, el diario comunista Granma ha abierto la puerta a esa posibilidad.

No resulta muy difícil dilucidar qué ha llevado al gobierno cubano a acelerar tales cambios. Al fin del “deshielo” de Obama, le siguió un endurecimiento de la Administración Trump, con recomendación expresa a los norteamericanos a no viajar a la Isla tras el misterioso ataque sónico que afectó a una veintena de diplomáticos de Estados Unidos.

La Habana calcula que ello pudiera conducir a una reducción de los viajes de norteamericanos y, eventualmente, de cubanos del exilio, que el año pasado viajaron a Cuba en un número superior a los 400 mil. Y obviamente quiere proteger tanto los viajes como las remesas, del mismo modo que México o República Dominicana harían en circunstancias semejantes.

Justo en tal escenario sería posible una luz verde al empleo de otros pasaportes para entrar a Cuba. Un pasaporte cubano en Estados Unidos cuesta como promedio $400, más $160 por renovación cada dos años. Cada tramitación suele tardar de 3 a 12 meses, lo que convierte el asunto en una experiencia cara y desesperante.

Y eso era antes de que quedara un solitario funcionario consular en la Embajada cubana en Washington para tramitar pasaportes, tras la expulsión de otros 15 diplomáticos por la Casa Blanca en medio del “Sonicgate”.

Ante esa coyuntura de crisis de personal diplomático y menos viajes a la vista, La Habana pudiera abaratar, facilitar y modernizar la tramitación de pasaportes cubanos o apuntar en otra dirección potencialmente atractiva: los miles de cubanos que tomarían un avión, un ferry o un yate mañana mismo si pudieran usar sus pasaportes estadounidenses.

En Miami son muy comunes las voces que se quejan del precio exorbitante del documento cubano, que simplemente se niegan a esperar largos meses, y que consideran al pasaporte norteamericano una garantía de protección adicional (aunque en la práctica, allá en Cuba, la cosa sea distinta).

En última instancia será una operación de suma y resta, más que una decisión basada en consideraciones constitucionales o de seguridad. Cómo se comportan las remesas del extranjero, en qué mar navega la economía, qué tanto resisten las arcas del Estado, a qué ritmo se enfría la emisión de pasaportes de $400 en Washington. Frente a ello: cuántos miles, con esos mismos $400 y más, tomarían el próximo avión si pudieran usar sus pasaportes americanos.

Al final, más allá del historial del Gobierno cubano y sus motivaciones, lo que la gente quiere es viajar a ver sus familias de la manera más libre, económica y fácil.

Con estas nuevas medidas, posiblemente estemos presenciando la actuación de un Gobierno con más capacidad de maniobra en un escenario política y económicamente cambiante frente a Estados Unidos. En lo personal, creo que apuntan en dirección al beneficio de la comunidad cubana dentro y fuera de la Isla, en especial el reconocimiento de la nacionalidad a los hijos de cubanos excluidos que nos tocó nacer en otros países. Un derecho que ahora se puede solicitar desde el extranjero. Y que estoy pensando reclamar.

Joe García es abogado y excongresista. En la actualidad se desempeña como copresidente de la firma de relaciones públicas Mercury.

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