La aspiración a la democracia constituye un elemento esencial en cada episodio de la historia de Cuba. La revolución de 1959, considerada por sus protagonistas como el colofón de esa aspiración, ha demostrado en la realidad que tal objetivo es inalcanzable sin la incorporación de los derechos y libertades para la participación ciudadana. El irresuelto tema, vivo en la esperanza de los cubanos a pesar de casi medio siglo de gobierno totalitario, ha irrumpido nuevamente con fuerza a partir de la sucesión del poder, ya más permanente que provisional.

La posibilidad de que el añorado anhelo pise definitivamente tierra cubana depende de la voluntad de los actores, de cómo se proceda en el intento y, sobre todo, por dónde se inicie. Al tratarse de problemas estructurales que lo tocan y afectan todo, se hace necesario establecer un orden que combine intereses y prioridades.

¿Por qué tener en cuenta el diferendo? Al menos por tres razones: la capacidad simbólica que poseen para el inmovilismo la intervención militar en la Guerra de Independencia, la Enmienda Platt y las intromisiones en los asuntos internos de Cuba durante la República, han sido aprovechadas con gran habilidad por el régimen; él mismo ha brindado y continúa brindando a La Habana el principal argumento para que un país armado en la década del cuarenta con la constitución más progresista de la región y con un avance destacado en el ámbito de la democracia, haya involucionado en materia de derechos y libertades básicas hasta uno de los últimos lugares en el mundo; y la evolución del contencioso ha convertido las relaciones entre ambas partes en política doméstica.

Esa estrecha relación entre inmovilismo y diferendo obliga a incluir el tema en la agenda para la transición a la democracia, bien como punto de partida, bien acompañando otros pasos.

A ello se añade que el gobierno cubano, poseedor de la economía, las fuerzas armadas, los medios de comunicación y el control casi absoluto de la sociedad, tiene intereses que defender y, por tanto, sólo emprenderá un proceso de democratización si existe un mínimo de garantías para que la democratización también lo incluya. Es decir, la seguridad de que la democracia que se proyecte también sea para ellos. Sin tener en cuenta esa realidad es impensable proceder a la democratización, por la única vía posible en Cuba, la pacífica, pues el intento de emplear la violencia podría ser, además de sangriento, el último episodio de la inconclusa nación cubana.

Con todos y para todos

No queda, pues, sino mirar al diálogo, la negociación, la reconciliación, para intentar la nación con todos y para todos. En un "todos" que no puede excluir a nadie, mucho menos a los que tienen el poder, pues el esquema de vencedores y vencidos pertenece al pasado, aunque se continúe enarbolando. Y como siempre, después de tantos daños materiales y espirituales, pérdidas humanas, dolor y sufrimientos, se presenta como único camino realista y posible el abandono de trincheras, esquemas inoperantes, lenguajes y actos agresivos como paso previo hacia el inicio de las negociaciones, única forma que responde a la naturaleza y la dignidad humanas.

Como todo proceso de diálogo-negociación requiere voluntad, flexibilidad e imaginación, es necesario precisar los principios básicos sobre los cuales establecerlo. Se trata, por supuesto, de las relaciones cubanoamericanas y no de la relación gobierno-oposición; que sería un proceso posterior o paralelo.

Hasta ahora el escenario se puede simplificar más o menos de la siguiente forma: Washington exige, entre otras cosas, la liberación incondicional de todos los prisioneros políticos y de conciencia, el reconocimiento de la oposición y elecciones libres; mientras La Habana demanda, entre otras, la suspensión del embargo, el cese de acciones hostiles y la devolución del territorio ocupado por la base naval de Guantánamo. Son las mismas demandas de siempre, pero en un escenario diferente por la sucesión gubernamental.

El fracaso de la política de fuerza norteamericana y la imposibilidad de los gobernantes cubanos de conservar el poder sin proceder a los cambios, condicionan una nueva realidad, ante la cual La Habana debería dar claras señales de racionalidad para hacer posible una transición ordenada, con pleno apoyo internacional y capaz de preservar tanto algunos logros como determinados intereses.

El punto de partida

En una entrevista realizada por el diario Granma el pasado 18 de agosto, Raúl Castro expresó: "siempre hemos estado dispuestos a normalizar las relaciones en un plano de igualdad". Mientras, el Secretario de Estado adjunto para el Hemisferio Occidental, Thomas Shannon, alegó que el gobierno de Estados Unidos está dispuesto a considerar un levantamiento del embargo si el gobierno de la Isla lleva a cabo reformas democráticas, y agregó que el levantamiento de las sanciones dependía de que el régimen de Fidel Castro acordara liberar a los presos políticos, mostrar respeto por los derechos humanos y llevar a cabo elecciones democráticas multipartidarias.

Ambos planteamientos, aunque a primera vista parezcan más de lo mismo, podrían ser el punto de partida para iniciar la negociación del diferendo.

Para el posible despegue sería de gran utilidad reducir inicialmente la demanda de cada parte a mínimos. Por ejemplo, la parte cubana podría comenzar a liberar gradualmente a los presos políticos y de conciencia. Estados Unidos podría responder con una declaración de no-agresión y/o con algunas medidas liberatorias respecto al embargo, o con una suspensión temporal del mismo.

Pasos en esa dirección crearían un clima favorable y eliminarían todo argumento para la represión contra las actividades de la oposición y de los grupos de derechos humanos. De ese escenario podrían surgir otras medidas para la liberación de la economía y de otros ámbitos de la sociedad. En ese clima de distensión, los pretextos esgrimidos para el inmovilismo perderían todo sentido; la sociedad civil cubana emergería gradualmente como sujeto activo sin ningún otro sujeto externo que defina lo que los cubanos pueden, deben y tienen que definir; y las contradicciones internas ocuparían nuevamente su papel como fuente del desarrollo de la sociedad.

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