Las negociaciones abiertas en América Latina y España, sea para amnistías o para transiciones, han contado casi siempre con la unidad de criterio entre los gobiernos y la oposición. Los grandes conflictos se han cerrado con la conformidad de las grandes corrientes, reservando los peros para las minorías residuales o extremistas.

Lo que sucede hoy en España y Colombia, con respecto al terrorismo de ETA y de las guerrillas, respectivamente, son casos de moda en el veleidoso mercado de la memoria.

Algunos conservadores se oponen tajantemente al proceso de negociación abierto por el gobierno del PSOE con la banda terrorista ETA y, con idéntico entusiasmo pero en sentido inverso, aplauden la Ley de Justicia y Paz del presidente colombiano Álvaro Uribe. ¿Cómo pueden elogiarse o criticarse planes parecidos en las formas y muy similares en los fines, sólo por el signo ideológico de quien los promueve?

Queda claro que memoria, respeto a las víctimas y reconciliación nacional son términos con significados diferentes, según el puesto en que se vendan.

Sectores de la izquierda, por su parte, han sido excesivamente críticos con el programa de Uribe, mientras apoyan incondicionalmente el plan de Rodríguez Zapatero. Ambas propuestas "de paz" no dejan de ser polémicas, pero en el fondo encierran el mismo espíritu que animó a las transiciones española y sudamericanas: el punto final a capítulos conflictivos de las historias nacionales, con el menor coste político posible.

¿Acción o brazos cruzados?

Siempre quedará la posibilidad de que los procesos de restauración del orden democrático fracasen, pero intentarlo es lo menos que puede hacer un gobierno responsable. Zapatero ha dicho que no habrá coste político en el proceso de negociación con la banda terrorista. Lo que en buen español quiere decir que "la paz" no implica permitir la independencia del País Vasco, ni la anexión por parte de éste de la vecina región de Navarra, ni la salida masiva de carniceros profesionales de las cárceles. De momento, estas son las intenciones de Madrid. Habrá que juzgar a su presidente por los hechos, no por lo que imaginemos que es capaz de hacer.

ETA, casi derrotada por la vía policial pero todavía con capacidad militar, no comete asesinatos desde hace tres años. No será fácil vencerle, debido a sus estrambóticas reivindicaciones históricas, pero se sabe que en toda negociación las partes comienzan exigiendo máximos. Concederles demandas de primer o segundo orden forma parte del ajedrez al que se enfrentará Zapatero, un entramado en el que también juegan la negativa del principal partido de la oposición y de las asociaciones de víctimas a apoyar una salida "negociada".

En ambos procesos, el colombiano y el español, se manifiesta una verdad tan cruda como políticamente incorrecta: en un período de negociaciones para terminar grandes conflictos las víctimas confirman su papel socialmente activo y el dolor ocasionado vuelve a tocar el sentimiento de los ciudadanos, pero su influencia en las decisiones es muy limitada.

Tanto en España como en Colombia, las víctimas del terrorismo y del paramilitarismo han presionado a los poderes para evitar la vía de la negociación. Han hecho bien en expresar sus opiniones y en defender la idea de la reparación y la justicia. Sin embargo, las decisiones finales están en mano de los poderes públicos, los únicos con potestad para legislar y aplicar la ley, pensando en todos, en hoy y en mañana, sin olvido pero con distancia calculada.

El palo y la zanahoria

El presidente colombiano Álvaro Uribe ha presentado un razonable plan de desmovilización de paramilitares e incentivos para intentar terminar con un conflicto armado que dura ya medio siglo. Por otra parte, la mesa reunida en La Habana acordó abrir el diálogo entre gobierno y ELN, y el propio Uribe ha lanzado guiños a los miembros de las FARC. Bogotá parece decidida a continuar combinando la firmeza militar contra el terrorismo con la política de la zanahoria.

Tras duros debates sociales, los tribunales colombianos recortaron la Ley de Justicia y Paz para "asegurar el respeto a las víctimas". Ahora, a pesar de que continúa la polémica, es una legislación acorde con la Carta Magna, que puede convertirse en un valioso instrumento para el futuro. De forma general, la modificación dictaminada por la Corte Constitucional establece que quienes se acojan a la ley deberán cumplir a cabalidad sus resoluciones: confesión total de los delitos, la reparación y la verdad, y no volver a delinquir; así como el derecho de las víctimas a intervenir y estar informadas de todo el proceso legal.

Para la organización internacional Human Rights Watch, "la Ley de Justicia y Paz era una burla a principios básicos de los derechos humanos y de rendición de cuentas (…) pero la decisión de la Corte significa que ahora los paramilitares que desean recibir los beneficios deberán rendir una confesión veraz y completa de sus crímenes y hacer una reparación real a las víctimas".

Está claro que la ley, de por sí, no garantiza la limpieza del proceso, ni mucho menos el éxito del mismo, sobre todo cuando se conoce que cientos de efectivos han dejado la lucha armada para radicarse en el crimen organizado y otros tantos narcotraficantes se han alistado a los paramilitares para acogerse a los beneficios de la ley. Por lo pronto, Colombia no se ha quedado de brazos cruzados ante la mayor tragedia de su historia contemporánea.

Hoy este país es ligeramente más seguro que el año pasado, aunque las cifras de la violencia siguen siendo escalofriantes. En 2002, a la llegada de Uribe al poder se registraban aproximadamente 35.000 homicidios y 3.000 secuestros por año, como afirma el actual embajador de ese país en Portugal, Plinio Apuleyo Mendoza.

La combinación entre mano dura contra el terrorismo y el ofrecimiento de negociación evidentemente comienza a tener algunos resultados, aunque todavía muy insuficientes, en un país en el que la muerte es noticia diaria. Según los datos facilitados por Apuleyo Mendoza, los asaltos a poblaciones han disminuido en un 80 por ciento; el secuestro, un 45 por ciento; los asesinatos, un 22 por ciento, y 400 alcaldes que habían sido desterrados por amenazas de la guerrilla, han vuelto a ocupar sus cargos.

¿Puede alguien negarle legitimidad a Uribe para intentar acabar, dentro de los límites constitucionales, con la lacra que asola su país?

Ante los espejos

El asunto de la reconciliación y la reparación histórica no es simplemente anecdótico, sino un ejercicio de responsabilidad para el futuro de Cuba. Sobre cuál podría ser el alcance de la justicia en la era post-Castro es vano sostener un debate, so pena de incidir negativamente en la consecución de una transición inmediata.

Se equivocan quienes organizan listas de personajes 'menores' vinculados a las políticas represivas del régimen. Lo único que conseguirán es ralentizar el proceso de cambio. Nadie que se sienta amenazado por el futuro dará un solo paso para transformar el status quo de la Isla. La delimitación de responsabilidades no es un acontecimiento que corresponda a este tiempo.

La coherencia, como ejercicio para hoy y mañana, nunca viene mal. No se puede apoyar a Uribe y criticar a Rodríguez Zapatero desde las respectivas trincheras ideológicas, o viceversa. Hace falta más sustancia para el debate. El colombiano y el español han cometido errores y también aciertos. Vale la pena juzgarlos por sus actuaciones puntuales, con el matiz de las coyunturas históricas de por medio.

Que este entrenamiento sirva a los cubanos para extraer conclusiones sobre cómo enfrentar los próximos años, donde habrá mucho que condenar pero también que ceder —como en toda negociación—; salvo que se pretenda ignorar toda la experiencia en transiciones, reparaciones y reconciliaciones de la historia de la humanidad.

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