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Actualizado: 17/05/2024 12:58

Investidura, España, Sánchez

España: el ruido y la furia

Si esta amnistía es una traición por perdonar delitos políticos, habría que considerar traiciones también la amnistía de 1977 que libró de culpas a los asesinos de la etapa franquista

Quienes abran hoy la prensa española, vean la tele o escuchen la radio, verán y escucharán que el presidente en funciones Pedro Sánchez, secretario general del Partido Socialista (PSOE), es un dictador, que quiere convertir el país en Venezuela (pero sin petróleo), que es un traidor a España, un corrupto, un peligro inminente para la nación si llega a la presidencia, dada su capacidad de hundir el país y, sobre todo, que España se rompe (por culpa de Sánchez, se entiende). Sobre esto último, he rastreado la frase “España se rompe” hasta 2007, cuando Sánchez ni siquiera asomaba, de modo que si España realmente se rompe lo va haciendo despacio. En cuanto a la calidad democrática del Estado español, según The Economist, el país se encuentra ahora mismo entre las 24 democracias más avanzadas y plenas; Freedom House lo clasifica como un “país libre” y la Fundación Alternativas le otorga 6,4 sobre 10 en calidad democrática, la nota más alta en los últimos 15 años.

¿A qué se debe entonces tanta sobreactuación y catastrofismo?

Para quienes no estén muy al tanto, España tiene una monarquía parlamentaria. No hay elección directa del presidente. Los ciudadanos votan a las listas propuestas por los partidos políticos, esos votos se traducen en escaños y son los congresistas quienes votan en el Congreso para elegir al presidente, no aquel que obtuvo más escaños (a menos que obtenga la mayoría absoluta), sino el que reúna más apoyos, de su partido y de otros, para su investidura. Eso lo sabe el Partido Popular (PP) porque en las últimas elecciones locales y autonómicas del pasado 28 de mayo, en Canarias y Extremadura el Partido Socialista fue el más votado y sin embargo no gobierna, porque, legítimamente, el PP forjó coaliciones que sumaron más escaños. No obstante, le exige al PSOE que no sigan su ejemplo y renuncie a formar alianzas que le permitan alcanzar la presidencia.

El Partido Popular fue el más votado en las últimas elecciones y trató de formar gobierno, pero no consiguió los apoyos suficientes, dado que su compañero de baile, con el cual ya gobierna en varias comunidades autónomas, es Vox, un partido de extrema derecha que niega la violencia de género, el cambio climático, está contra la inmigración, contra los derechos a la comunidad LGTBI, contra la ley de muerte digna, contra la recuperación de la memoria histórica que permitirá a los descendientes de los asesinados durante el franquismo conocer el destino de sus restos, y Vox, además, lleva en su programa la eliminación de las comunidades autónomas y la recentralización del país (algo que es inconstitucional), así como perseguir y prohibir cualquier partido político que, desde su perspectiva, sea “contrario a España”, del mismo modo que el gobierno cubano considera un “ataque a Cuba” cualquier crítica a ellos. Obviamente, la inmensa mayoría de los partidos políticos con representación en la Cámara no habrían votado jamás a un candidato que se apoyara en estos señores. Y menos los partidos nacionalistas. La investidura fue, por tanto, fallida.

Le toca entonces el turno al presidente del segundo partido más votado, Pedro Sánchez, del PSOE, pero él tampoco cuenta con los apoyos suficientes y ya ha negociado la coalición con Sumar, más a su izquierda, y el apoyo de los partidos nacionalistas vascos y catalanes. Pero estos apoyos no son, desde luego, gratuitos. Nunca lo han sido. Varios presidentes anteriores han tenido que pactar concesiones a cambio de votos, y más aun tras la fragmentación del espacio político a costa del bipartidismo. ¿De qué concesiones hablamos ahora?

En el caso de Sumar, se trata de políticas laborales y de vivienda más a la izquierda de lo habitual en el PSOE. Pero lo que está centrando los discursos más beligerantes son las concesiones a los partidos nacionalistas catalanes: Esquerra Republicana y Junts per Catalunya, en particular a esta última, dado que su líder, Carles Carles Puigdemont, permanece huido de la justicia española desde 2017. Y ahí tenemos que hacer un poco de historia.

Alcalde de Gerona entre 2011 y 2016, Carles Puigdemont se convirtió en presidente de la Generalitat de Cataluña por carambola tras las elecciones autonómicas de 2015, cuando Unidad Popular decidió impedir una nueva investidura de Artur Mas y echaron mano de este alcalde como un comodín temporal. Empujado por las fuerzas independentistas más beligerantes, impulsó la celebración de un referéndum de independencia de Cataluña el 1 de octubre de 2017, algo proscrito por la Constitución Española. El día 27 de octubre, ante la inminente acción del Estado español —desarticulación temporal del gobierno catalán mediante el artículo 155—, Carles Puigdemont estaba dispuesto a convocar nuevas elecciones autonómicas pero, dada la presión del independentismo hiperventilado declaró unilateralmente la República catalana. La más breve de la historia universal. Duró ocho segundos. (La de Lluís Companys en 1934 duró 10 horas, lo que tardó el Ejército español en entrar a detenerlo). A los ocho segundos, en el mismo discurso, dijo que se posponía unas semanas, pero no dijo cuántas, y huyó en el maletero de un coche. Hasta hoy. Por el contrario que otros dirigentes independentistas, que afrontaron las penas de cárcel por rebelión, sedición y malversación de caudales públicos y fueron indultados posteriormente. Desde entonces Puigdemont reside en Waterloo, Bélgica. Sí. El mismo Waterloo de Napoleón. Es diputado al Parlamento Europeo y dirige desde allí una nueva organización política, Junts per Catalunya, que en las últimas elecciones generales consiguió siete diputados.

El PSOE está dispuesto a conceder una amnistía a todos los implicados en el proceso independentista, más otras concesiones menores como una quita de la deuda de Cataluña por el parón económico de la pandemia, que se haría extensiva a otras comunidades autónomas, y el traspaso parcial de los trenes de cercanías. El Partido Socialista argumenta que después de seis años, una amnistía sacará de la esfera judicial y retornará a la política un conflicto político, y consolidará el clima de convivencia en Cataluña, en parte ya conseguida con los indultos a los políticos encarcelados. ¿Es cierto o no? Si esto contribuye a retornar el clima político de Cataluña a los cauces anteriores a 2017, como permite suponer el hecho de que gracias a la distensión ya hoy menos de la mitad de los catalanes están a favor de la independencia, sería cierto. ¿Lo hacen por esta causa? En tal caso, no lo harían ahora, cuando necesitan los votos de los partidos independentistas para la investidura. Lo habían hecho antes.

Aunque todavía no se conocen los detalles de la ley, la derecha se ha movilizado contra una amnistía que califican de traición a España. ¿Es cierto o no? Si se habla de una tradición a España, es que no se considera a Cataluña como parte de España. O que se considera a “su” España la única posible. Y si esta amnistía es una traición por perdonar delitos políticos, habría que considerar traiciones también la amnistía de 1977 que libró de culpas a los asesinos de la etapa franquista. Y sería una traición la amnistía fiscal decretada por el gobierno de Mariano Rajoy, que eximió de culpas a grandes fortunas que habían defraudado sistemáticamente a Hacienda, es decir, a todos los españoles. ¿Lo hacen por esta causa? Está claro que si el acuerdo con los independentistas prospera, habrá investidura y España tendrá un gobierno de izquierdas durante los próximos cuatro años. En cambio, si la presión consigue que ese acuerdo descarrile, habrá que repetir elecciones en enero, a las que llegará el PSOE dañado por el ruido mediático, dado que al estar negociando con discreción no puede contrarrestar la algarada callejera de la derecha. Una nueva oportunidad para el Partido Popular.

Factor común: alcanzar el poder. ¿Para qué? Según Pedro Sánchez, para evitar un gobierno de la derecha y la ultraderecha que retrotraería a España a tiempos oscuros, y garantizar un gobierno que dé continuidad al programa progresista de los últimos años. Según Alberto Núñez Feijoo, candidato por el PP, para “derogar el sanchismo” y evitar que España se rompa por la acción conjunta de etarras, secesionistas, y perversos bolivarianos. Ninguno de los dos aspira a disfrutar de aquello que Fidel Castro llamó “las mieles del poder” cuando se refería a otros, porque el suyo era todo sacrificio y entrega. Del mismo modo, ni Sánchez ni Núñez Feijoo aspiran a ocupar la vivienda más deseada de España, el palacio de la Moncloa, por razones personales o inmobiliarias. Ambos están dispuestos a sacrificarse por nosotros.

© cubaencuentro

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