Se habla por estos días de los problemas de los jubilados cubanos. Un reportaje de la agencia AP da cuenta de la necesidad de emplearse de nuevo, después del retiro, para poder subsistir medianamente. Algunos insisten en que este no es un problema único de Cuba, lo cual es cierto, pero los datos dicen mucho más. Es cierto, pero no es igual.

En países con economía de mercado, la protección del salario —ante el incremento de los precios nominales— se ejecuta aplicando una corrección concreta: el Índice de Precios al Consumo (IPC). Tal mecanismo ha estado ausente durante medio siglo en la economía nacional.

A la congelación de salarios aplicada en Cuba en 1962, le correspondió, en teoría, un proceso similar en los precios de las mercancías. Tal medida se "justificaba" con el inicio del embargo norteamericano, el desbarajuste económico derivado de "la propiedad social sobre los medios de producción" —léase depredación de la propiedad por parte del Estado— y el inicio de los innumerables experimentos económicos por parte de un grupo de neófitos, voluntaristas e irresponsables aventureros, devenidos profesionales de la revolución social.

La base del congelamiento de los salarios se basó en la implantación de la "libreta de abastecimientos", de manera que se supuso —al menos así se argumentó— que salarios más precios congelados, por igual, darían como resultado una ecuación de estabilidad del salario y el consumo.

Sólo que, como toda cartilla de racionamiento, la "libreta de abastecimientos" no garantizó el consumo mínimo al que estaba acostumbrada la población. Especialmente, porque como consecuencia directa de la eliminación de la propiedad privada y de los experimentos económicos, la producción cayó en picado. Si a esto sumamos que hasta el 13 de marzo de 1968 se admitió la existencia de un sector privado, fundamentalmente en los servicios, las condiciones estaban dadas para el brusco incremento de los precios de mercancías y servicios, por dos factores reiterativos: escasez de mercancías y encarecimiento de los costos productivos.

No volvieron a hacerse correcciones salariales de ningún tipo —al menos, de forma general— hasta inicios de la década de los años ochenta, con la llamada "Reforma General de Salarios y Precios". Entonces se efectuaron algunos incrementos salariales —sin tener en cuenta el IPC de las dos décadas anteriores—, al mismo tiempo que se modificaron los precios al alza.

Justo al arribar al siglo XXI, volvió a hablarse de reformas salariales globales, pero el sistema de aplicación se ajustó al empleado con anterioridad. De manera que el salario sigue siendo una expresión simplemente nominal del pago por el trabajo, que no sirve de fuente de sustento a la clase trabajadora, toda vez que el IPC acumulado ronda dimensiones incalculables, que algunos analistas sitúan en 100 veces menor que el rendimiento de su poder adquisitivo en 1962.

Aunque evidentemente es un cálculo de difícil exactitud, dado el deterioro de las ofertas comerciales accesibles, la comercialización mediante el sistema de dualidad monetaria y el secretismo estatal en relación con los datos de la economía real.

¿Cuestión de años?

Si el salario real decrece de forma irremediable, otro tanto pasa con las jubilaciones. El sistema de Seguridad Social cubano se basa en las aportaciones de las empresas —léase empresas del único empleador, el Estado totalitario—; por tanto, en las aportaciones que el propio Estado hace, pasando de una mano a la otra una parte de las exacciones.

Supuestamente, desde 1962, los trabajadores no hacen aportes a la Seguridad Social, sólo el empleador, dice el gobierno. Este es un punto que ya quedó aclarado en un artículo anterior. Incuestionablemente, los trabajadores cubanos no sólo aportan directamente a la Seguridad Social —situación encubierta por la exclusión del salario bruto en sus nóminas—, sino que también lo hacen al asumir con su plusvalía los costos de impuestos que evidentemente el Estado no se aplica a sí mismo.

Hasta que fuera aprobada la nueva Ley de Seguridad y Asistencia Social, el sistema de jubilación de los trabajadores establecía, según su última ampliación en la Ley 24 de Seguridad y Asistencia Social de 1979, los siguientes elementos para los requisitos de acceso y cálculo de los pagos:

-55 años para las mujeres, 60 para los hombres

-25 años para acceder de pleno derecho

-Determinación del salario base medio mediante elección de los cinco mejores años salariales de los últimos diez años de trabajo

-Aportaciones al cálculo: 50% del salario base, más 1% por cada año laborado por encima de los 25 años requeridos (1,5 % en el caso de la categoría II, que comprende a trabajadores cuyo tipo de labor conlleva un desgaste físico o mental que impide la extensión en el tiempo del vínculo laboral)

Algunas medidas de incremento a los jubilados han sido utilizadas por el Estado para "argumentar" la "justicia social" de su sistema de pensiones. La pensión media en 1989 se encontraba en el rango de los 89 pesos nominales, mientras que en 2007, nominalmente, la alcanzaba la cifra de 205 pesos, es decir 8,20 pesos convertibles.

Si sólo en nóminas la pensión media de 2007 es 2,45 veces más alta que la media de 1989, en poder adquisitivo real, aplicando el IPC estimado, la pensión media perdió algo más del 70% de su capacidad real para la adquisición de bienes y servicios.

La nueva ley se ampara en una situación demográfica real: la población envejece. La tendencia al envejecimiento —personas con 60 años o más— alcanza en la actualidad el 16,6% y hacia 2025 debe alcanzar el 26,1%, con lo que seremos el país más anciano del hemisferio.

Las nuevas modificaciones generales en la Ley de Seguridad y Asistencia Social son las siguientes:

-60 años para las mujeres, 65 para los hombres

-30 años para acceder de pleno derecho

-Determinación del salario base medio mediante elección de los cinco mejores años salariales de los últimos diez años de trabajo.

-60% del salario base, más 2% por cada año laborado por encima de los 30 años requeridos hasta un máximo del 90% del salario base del cálculo

Más pobreza, menos beneficios

Un simple análisis de los principales elementos del texto legal permite arribar a las siguientes conclusiones: a) La nueva ley no tiene en cuenta las condiciones del salario en Cuba, a partir de su poder adquisitivo real. No puede hacerlo mientras no se reforme radicalmente el sistema económico del país; b) Está concebida sólo para alargar la vida laboral de los trabajadores, a la vez que incrementa los requisitos de años trabajados para acceder a la prestación básica; y c) Ofrece "beneficios" no comprendidos en la ley hasta el momento, tales como poder devengar salario íntegro en nuevo empleo, con posterioridad a la fecha de jubilación (de sector diferente al que motivó la pensión original), que de hecho sólo buscar extender aún más la vida laboral.

Los niveles de salario real en la población activa no son suficientes para un nivel digno de vida, a partir de la satisfacción de las necesidades humanas. Un reciente estudio del Centro de Información y Documentación de Estudios Cubanos de Madrid demuestra que los niveles de pobreza de la población cubana no sólo van en incremento, sino que los de marginalidad social se sitúan en parámetros cada vez más preocupantes. Uno de los problemas abordados es precisamente el de la vejez.

Según la nueva ley, para que un ciudadano de cualquier sexo llegue a devengar una pensión equivalente al 90% de su salario, debe trabajar ininterrumpidamente 45 años. Es decir, un hombre que comienza a trabajar a los 20 años de edad, para obtener tal beneficio, deberá hacerlo ininterrumpidamente hasta los 65. Una mujer tendría que comenzar a los 15. Y ello es imposible, pues la edad laboral se inicia legalmente a los 17.

En España, por ejemplo, donde las edades de jubilación aplicadas son las que ahora adopta La Habana, la esperanza de vida aventaja los parámetros de la Isla en muy pocos puntos o décimas porcentuales. Sin embargo, una simple comparativa entre requisitos de años trabajados y capacidad adquisitiva real de la pensión, demuestra que, en el caso cubano, la extensión de los años trabajados no redunda en mejoría alguna para el jubilado.

Es difícil comprender por qué la edad de jubilación de las mujeres difiere un lustro de la de los hombres, en medio de la propaganda sobre la igualdad de género y de la crisis demográfica. La esperanza de vida es favorable a las mujeres. Podría haberse buscado una media en los años de jubilación, igual para ambos sexos, que garantizara la disponibilidad de mano de obra, a la vez que un disfrute más o menos paritario del descanso en los últimos años de vida.

¿Los primeros serán los últimos?

Con los datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en la mano, en 1959 la situación de los trabajadores cubanos —y por ende de los jubilados— era favorable a los cubanos en relación con la de los españoles. Ahora un jubilado español percibe al año, como pensión mínima, algo más de 70 veces la jubilación media de un pensionista cubano.

Si a algún apologista se le ocurriera hacer referencia a los servicios de salud "gratuitos" del pensionista cubano, habrá que recordarle que nuestros jubilados asisten hoy a un sistema nacional de salud deteriorado, con pésima calidad de los servicios y con una escasez casi total de medicamentos, que, por cierto, exceptuando a los que son administrados en instituciones hospitalarias, son de pago. Agréguese que los jubilados españoles disfrutan de medicamentos gratuitos en las farmacias, amén de otros beneficios, como precios preferenciales —casi simbólicos— en áreas de importancia, entre ellas el transporte público.

Por último, el tema migratorio. Aunque Cuba es potencialmente un país del que emigrarían hasta los gatos, el flujo migratorio real no era preocupante, desde el punto de vista demográfico, hasta que se llegó al punto de un decrecimiento poblacional absoluto; es decir, a la pérdida de población.

La suma de todos los cubanos residentes en el extranjero o fallecidos en otras tierras, a lo largo de estos 50 años, es sustancialmente inferior a la de vidas perdidas con la absurda práctica del control de la natalidad mediante interrupción descontrolada del embarazo —4 millones hasta hace algo menos de una década, según estimados—. Y, por supuesto, la baja tasa de fecundidad es atribuible a la desesperanza de los jóvenes en relación con su futuro (vivienda, salario real, libertad para decidir la educación de los hijos, etcétera). No es de encargo oír a algunos funcionarios alabar la situación actual demográfica del país como "propia de países desarrollados".

En Cuba o España, el decrecimiento poblacional es una enfermedad demográfica que, aunque tenga componentes biológicos, es básicamente social. Sólo que las motivaciones sociales de la riqueza material no son las mismas que las de la miseria.

Por otra parte, el sector más productivo de la Isla es la población perdida —residente en el exterior—, pues, comparativamente, son los cubanos que más beneficios líquidos aportan a la nación. Por ende, sus aportaciones se sitúan entre los cuatro primeros rublos de ingresos netos de la renta nacional.

No habrá solución —ni para la economía ni para la población— hasta tanto no se reforme totalmente el sistema económico del país.

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