Ya incluso antes de la Gran Recesión, la democracia en todos los rincones del mundo experimentaba algunos contratiempos. En 2007 Freedom House informaba de un evidente descenso en su clasificación de “países libres”, “parcialmente libres” o “no libres”. Desde entonces la caída ha continuado, lo que ha convertido a los últimos cuatro años en el período más prolongado en disminución de las libertades en cuarenta años.

En el continente americano, Nicaragua, Guatemala, Honduras y Venezuela han experimentado el deterioro más grave. Otros cinco países se situaron en la categoría de “parcialmente libres” y Cuba como el único “no libre”. Aun así, la mayor parte de las naciones son catalogadas como “libres” y la democracia se sostiene.

El índice que Freedom House brinda ha servido de fondo para el estudio The Political Culture of Democracy, 2010, basado en entrevistas a cerca de 44.000 encuestados en 26 países. Desde 2004 el Proyecto de Opinión Pública de América Latina (LAPOP | Vanderbilt University) —de la Universidad Vanderbilt— ha elaborado informes sobre los ciudadanos de la región. El más reciente resulta particularmente útil, pues a pesar de que corren tiempos tan difíciles desde el punto de vista económico, los latinoamericanos continuaron defendiendo la democracia.

Mitchell Seligson y su equipo de investigadores ofrecen una fascinante explicación. En muchos países los gobiernos han abordado la situación con habilidad. Políticas económicas sensatas ya habían establecido sólidas bases macroeconómicas y consiguieron mantener límites reducidos de inflación, lo que sin duda ayudó mucho. Casi en su totalidad, las clases políticas han aprendido la lección sobre economía.

Y si bien dos de cada cinco encuestados hacen responsables de la crisis al Gobierno actual o al predecesor, solo uno de veinte la atribuían a la democracia. Cerca del 13% culparon al sistema económico y un porcentaje similar de los participantes en el sondeo se responsabilizó a sí mismo, en calidad de ciudadano. Menos del 8% la atribuyó a los países ricos, lo que envía una clara señal a La Habana, Caracas y otros gobiernos análogos.

Teniendo en cuenta el pasado no tan lejano de América Latina, probablemente pocos ciudadanos creen que esta última crisis ha sido la peor. La mala racha de finales de los 90, por ejemplo, sí afectó la actitud de la ciudadanía hacia la democracia. Pero una vez de regreso al crecimiento en 2003, muchos países dieron pasos de avance contra la pobreza y ampliaron la clase media. Los resultados de la encuesta LAPOP de 2010 reflejan una creciente madurez que supone un buen presagio para la región.

A pesar de todo, más les vale a las élites políticas y económicas no dormirse en los laureles, pues aún queda mucho por hacer para consolidar la democracia en América Latina. Si bien resulta inimaginable un regreso generalizado a las dictaduras, la arquitectura institucional que sostiene actualmente las sociedades abiertas y democráticas no es sólida. Pienso en Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua, pero también en Argentina, que todavía debe enterrar parte del peronismo, y en México, donde aún persiste lo peor del viejo Partido Revolucionario Institucional.

En el sondeo LAPOP siempre se le hacen cinco preguntas a los encuestados, para medir el apoyo al sistema, en una escala del 1 al 100:

¿Los tribunales garantizan un juicio justo?

¿Siente respeto por las instituciones políticas de su país?

¿Están protegidos los derechos de los ciudadanos?

¿Está orgulloso de vivir bajo el sistema político de su país?

¿Deben los ciudadanos apoyar el sistema político?

Al comparar las respuestas de 2008 y 2010, los años de la crisis, se obtuvieron resultados sorprendentes. En Honduras el apoyo al sistema político creció significativamente, del 46,4% al 60,4%. Antes del golpe de Estado la mayoría tenía una opinión negativa, pero después de las elecciones de noviembre de 2009, el apoyo se disparó. Los ecuatorianos y los nicaragüenses dieron a su sistema político una puntuación significativamente más alta, mientras que los venezolanos otorgaron al suyo un puesto similar (por debajo de 50) al de 2008.

La opinión pública aplaudió la elección de partidos opositores. En Uruguay, Panamá, Paraguay y El Salvador, los ciudadanos expresaron un apoyo notablemente más alto, y el primero de estos países se situó en el primer puesto de la clasificación. En 2010 los paraguayos otorgaron a su sistema político una puntuación menor de 50, pero bastante superior a la de menos de 30 asignada en 2008. Los panameños votaron a favor de un gobierno de centro derecha. Y los salvadoreños eligieron a Mauricio Funes, candidato por centro izquierda, lo que supuso el cambio más relevante de todos, si se tiene en cuenta la historia sangrienta de esta nación.

Al igual que Cuba, Haití constituye un caso aparte, pero por razones diferentes. Los haitianos no confían en su sistema de justicia, no respetan las instituciones políticas de su país, no consideran que sus derechos fundamentales estén protegidos, ni se sienten orgullosos de su sistema político. Pero aparecen en el rango más alto en activismo, con participación en protestas políticas, grupos religiosos y comunitarios o asociaciones de padres, profesionales y mujeres.

Los haitianos —los más pobres del continente americano— son los mejores ciudadanos de la región.

El equipo de la Universidad de Vanderbilt, que realiza este estudio, no incluye a Cuba. LAPOP, a fin de cuentas, analiza la opinión pública en las democracias. Pero sospecho que, incluso después de una transición, los cubanos figurarán más bien en los últimos puestos. Reconstruir su espíritu será más difícil que establecer instituciones democráticas.

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