Tanto mandatarios y legisladores demócratas como republicanos se han mostrado más interesados en aparentar ante sus electores un interés por la situación en Cuba, que en contribuir a un cambio real en la nación caribeña.

Ante un cuestionamiento de este por lo general han saltado las alarmas sobre el “derecho” de Washington para forzar un “cambio” de régimen en Cuba. Solo que más práctico sería preguntarse si ser una superpotencia le otorga a cualquier gobierno de Estados Unidos —no importa si demócrata o republicano— una potestad ilimitada para despilfarrar el dinero de sus contribuyentes.

Por décadas, todo o gran parte de lo que se ha hecho para promover la democracia en Cuba, con fondos norteamericanos, se ha hecho mal. Asombra que la nación más poderosa del mundo sea tan torpe ante un pequeño país, salvo que se abrigue la sospecha que ineptitud no ha sido un pecado sino un objetivo. Es cierto que se entra entonces en la teoría de las conspiraciones, pero son demasiados datos para encerrarlos simplemente en la casualidad y la circunstancia.

Desde los lejanos planes de la CIA para exterminar a Fidel Castro, una y otra vez en este país se ha repetido un esquema similar, difícil de entender fuera de Estados Unidos: la utilización de amplios recursos y fondos millonarios con el objetivo de no lograr nada.

Lo que en muchas ocasiones se ha interpretado como torpeza o franca ineficiencia no ha sido más que la apariencia de un proyecto destinado al fracaso.

Sólo una nación que cuenta con un presupuesto de millones y millones de dólares, puede destinar algunos de ellos simplemente al despilfarro; solo un país poderoso y al mismo tiempo víctima de su prepotencia puede llevar a cabo tal tarea.

En el caso cubano, Washington lo ha hecho con éxito durante décadas.

La consecuencia es que ha surgido un “anticastrismo” que es más un empeño económico que un ideal político, alimentado en gran medida por los fondos de los contribuyentes.

Cuando a finales del siglo pasado la transformación de este modelo se acercaba al punto clave, en el cual la estrechez del objetivo político del grupo del exilio que lo sustentaba hacía dudar de sus posibilidades futuras, la llegada al poder de George W. Bush dilató su supervivencia, al tiempo que impuso un gobierno con una carga ideológica —afín precisamente a los principales beneficiarios del “modelo anticastrista”— como no se conocía en esta nación desde décadas atrás.

La política de extremos pasó a ser la estrategia nacional y no una maldición miamense. En este sentido —aunque no en otros—, la administración de Barack Obama, no hizo más que prolongar una situación heredada.

Desde que Donald Trump se convirtió en presidente de EEUU, el Departamento de Estado ha canalizado al menos $13.954.253 en proyectos relacionados con “llevar la democracia a Cuba”, a través del National Endowment for Democracy, según muestran los documentos. Por su parte, durante la época de Trump, la USAID gastó cerca de $40 millones relacionados igualmente con Cuba.

Los cinco principales beneficiados con esos fondos hasta 2019 (de acuerdo a los registros encontrados en explorer.usaid.gov) son:

1. Directorio Democrático Cubano, $3.900.000

2. People in Need (República Checa), $1.433.616

3. Grupo para la Responsabilidad Social Corporativa en Cuba, $1.380.000

4. CubaNet, $1.350.796

5. Asociación Diario de Cuba, $1.320.000

(Fuente: http://cubamoneyproject.com/2020/10/13/ned-23-million-in-cuba-grants-under-trump/)

Por supuesto que —como siempre— el régimen de La Habana continúa acumulando réditos en su poderosa capacidad para prolongar el desastre. Nada cabe esperar de La Habana y cualquier apuesta a favor de una correspondencia de gestos choca contra el muro de la inmovilidad. Pero si todos los esquemas, originados y financiados desde el exterior, en favor de fomentar la democracia, hasta ahora han fracasado en Cuba, por qué ese empeño torpe en gastar el dinero de los contribuyentes estadounidenses.

Si de algo ha sido ejemplo la Isla, es en ser un laboratorio que convierte en fracaso lo que en otras partes triunfa. Desde los lejanos días de la expedición de Bahía de Cochinos, ya era hora para haber aprendido la lección. Lamentablemente no ha sido así, y hay pocas esperanzas de que la nueva administración de Joe Biden haga algo por remediar este entuerto.

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