Cualquiera que en Cuba menciona la palabra corrupción, al hablar de la comida, se refiere al estado de conservación de esta y no a su procedencia más o menos legal. Porque de otra forma, ¿qué comer y a qué precio?

El gobierno cubano siempre se ha preocupado en alimentar esa corrupción que proclama perseguir con peor Malasaña que el barrio madrileño. Se nutre de ella, y lo peor: la estimula con supuestas acciones legales.

La nueva resolución del Ministerio del Trabajo, que suspende temporalmente el otorgamiento de nuevos permisos para negocios particulares como paladares y habitaciones de alquiler, así como establece que no se darán más licencias para la venta de productos agropecuarios, no solo va en contra del desarrollo económico del país, sino pone de manifiesto —una vez más— las limitaciones de quienes ejercen el control político.

Cierto, han mantenido ese control por décadas, y por lo tanto habría que considerarlos exitosos en sus propósitos. Pero tal afirmación elude no solo el precio que la población ha pagado durante ese tiempo: también deja fuera el señalar la incapacidad de aprendizaje de los gobernantes.

Igual puede argumentarse que quienes controlan el poder no se sienten obligados a ensayar nuevos mecanismos, si los que vienen empleando desde hace demasiados años les han permitido permanecer en la cúpula sin grandes cambios.

Sin embargo, todo ese andamiaje de tira y encoge, exprime y afloja, aprieta, pero no ahoga, hostiga y suelta no define una política de gobierno y se queda simplemente en una práctica de usurero, casa de empeño o actitud proxeneta.

Explicar las razones que sustentan la medida, desde la óptica del poder, es tarea fácil. Tanto el temor al desarrollo de un más que incipiente grupo productivo de probada eficiencia, frente al deterioro y la capacidad del sector empresarial estatal, como la priorización de los factores de control político sobre la realidad económica, e incluso el detener a la fuerza la competencia —fundamentalmente en el sector turístico— que representan quienes ofrecen mejores servicios, y a un precio más bajo, a los visitantes extranjeros.

Pero al final todas estas explicaciones salen casi sobrando ante una realidad más burda: lo que ha vuelto a imponer el gobierno de Raúl Castro es el menosprecio al cubano, la envidia como razón de su existencia de mando y la represión a manera de único instrumento de control.

La respuesta de la calle ante estas nuevas limitaciones será, como siempre, el recurrir a la trastienda, la ilegalidad obligada y la supervivencia como un ejercicio de escape y temor.

Con su vida fundamentada sobre el principio de la escasez, tanto económica como sicológica, el cubano vive preso de la corrupción, que detesta y practica con igual fuerza, y evitar cualquier actividad que lo destaque y termine en denuncia.

En un proceso que tiene como única razón de existencia el perpetuar en el poder a un reducido grupo, ese mecanismo de represión invade todas las esferas de la forma más descarnada, y sin tener que detenerse en los tapujos de supuestos objetivos sociales, que ya desaparecieron o pasaron a un último plano desde hace largo tiempo.

El mantenimiento de un poder férreo, que sobrevive por la capacidad de maniobrar frente a las coyunturas internacionales —y se sustenta fundamentalmente en el aniquilamiento de la voluntad del individuo— resulta no solo obsoleto, en el sentido más nefasto del término, para las libertades individuales. También evidencia un empeño arcaico que solo cede ante la inevitable biología.

Cuba cansa, hablar del caso cubano ya ni siquiera agota. Podría resumirse en que aburre esa repetición de la repetición practicada desde la Plaza de la Revolución, en que lo único insólito continúa siendo la paciencia de los que esperan, desde arriba o desde abajo.

Este trabajo también aparecerá en la edición del lunes 7 de agosto de 2017, en El Nuevo Herald.

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