El 10 de mayo de 1957, los expedicionarios del Granma bajo custodia de agentes del orden batistiano fueron condenados —junto con otros alzados detenidos en Oriente— a penas de entre uno y ocho años de cárcel. El juez Manuel Urrutia emitió un voto particular en contra del veredicto y la historiografía descuidada trastoca este pasaje con otro imaginario en el juicio del Moncada:

Rafael Rojas, Historia mínima de la revolución cubana, 2015

Aquel juicio [Causa 56/1956] venía andando desde el 22 de abril de 1957 con 226 acusados —83 presos, 73 en libertad y 70 en rebeldía— por delitos “contra la estabilidad de la República”: el desembarco del Granma el 2 de diciembre de 1956 y los levantamientos el 30 de noviembre en Santiago de Cuba y el central Ermita de Guantánamo. La causa se había radicado en el Tribunal de Urgencia [1] de Oriente y Urrutia presidió la sala juzgadora. Los otros jueces fueron Eduardo Cutié y Alberto Segrera. Participaron el mismo fiscal del juicio del Moncada [Causa 37/1953], Francisco Mendieta, y 22 abogados defensores. De los acusados presentes salieron 110 absueltos y 40 sancionados, entre estos los 22 expedicionarios confesos del Granma [2].

Aquel particular

En contra del fallo condenatorio que dictaron Cutié y Segrera, Urrutia Lleó se apeó con “la absolución de la totalidad de los procesados”. A tal efecto recicló la misma norma de la Constitución de 1940 que Castro había invocado en La historia me absolverá (1954) para justificar el asalto al Moncada: “Es legítima la resistencia adecuada para la protección de los derechos individuales garantizados anteriormente” (Artículo 40).

Así aflora el problema de la adecuación. La resistencia armada vendría bien con el Moncada, pues la Constitución de 1940 había sido violada por el general golpista Batista el 10 de marzo de 1952, pero ya no tan bien con el Granma. Batista había tomado posesión el 24 de febrero de 1955 como presidente electo [3] y restableció, siquiera formalmente, aquella constitución.

Urrutia soltó que no podía negarse la legitimidad de las acciones de los acusados de la causa 56/1956 para superar “el actual estado de cosas”. Y que tomar las armas era reacción adecuada “a la situación actual, amparada en las Fuerzas Armadas”. Juan Pablo de Lojendio, embajador (1952-60) de España en Cuba, tiró la piedra de que semejante voto particular escondía más bien “futuras ambiciones políticas”. Esa pedrada daría de refilón en la historia de Cuba [4], pero acaso resulte más interesante el argumento que dio Urrutia para colar la guerra civil en la jurisprudencia cubiche:

“[E]n Cuba existe un estado de cosas mantenido por algunos civiles y unos pocos miembros de las Fuerzas Amadas, que consiste en la actual ejecución continuada, a veces permanente, de actos que han quedado, por una razón o por otra, impunes en la inmensa mayoría de los casos, y que ya ha llegado a constituir la actuación habitual de aquellos mantenedores de esta situación, que integran violaciones de los derechos reconocidos al pueblo y a los ciudadanos en los artículos de la Constitución, que no se respetan en Cuba ni están garantizados de hecho actualmente” [5].

Nótese como ése es el mismo retrato de la Cuba de hoy, sólo que con muchos más civiles y militares, sin un solo juez dispuesto a describirlo y, sobre todo, sin que aparezca por ningún lado la resistencia adecuada. Quienes rechazan ir a la única guerra que queda por dar —electoral— tampoco van a la única alternativa: “La buena guerra, la total, la llevada hasta el exterminio, sangre y espada totales”. Y es así porque, como seguía diciendo “El Gordo”, “el hombre ya no sólo no se deja matar por ninguna idea. Lo que es más horrible: por ninguna de sus pasiones llegaría hasta la muerte” [6].

Para vencer al castrismo no queda entonces más remedio que emigrar, pero hay come-candelas que sacan pasaje de ida a la libertad y de vuelta a la represión para dárselas de salvadores de la patria implorando a Estados extranjeros que aprieten las clavijas y sosteniendo campañitas y letanías contra “la transferencia de poder a la nueva generación de la Familia Castro”, sin acordarse de que ayer mismo habían alardeado con que iban a impedirla con la acción de casi todos los cubanos.

Coda

Quienes enfocan la situación en Cuba como cosa de la Familia Castro antes que del partido único comunista llevan razón en otro aserto suyo: “Desconocemos a la dictadura”. Nada más cierto. No conocen al enemigo que, con alarde y vanagloria, alegan enfrentar. Ni van a juicio por alzarse.

Notas

[1] Los tribunales de urgencia vinieron al mundo judicial cubiche con el Decreto-Ley 292, de 15 de junio de 1934, como sucesores de los tribunales de defensa nacional creados por el Decreto-Ley 51, de 5 de marzo de 1934, para juzgar por vía sumarísima los actos que sumían al país “en continuo estado de agitación y alarma”. Las salas de lo criminal de las audiencias provinciales se constituían como tribunales de urgencia para juzgar delitos contra la seguridad nacional y el orden público. Esta función cesó con el Decreto-Ley 696, de 28 de marzo de 1936, pero se restableció al amparo de la Ley Extraordinaria 34, de 19 de noviembre de 1941, que declaró el estado de emergencia al entrar Cuba en la II Guerra Mundial. Así se mantuvo hasta que el gobierno provisional de Urrutia abrogara los tribunales de urgencia, el 5 de enero de 1959, y diera paso a los tribunales revolucionarios.

[2] El más allegado a Fidel Castro, Jesús Sergio [Chucho o Chuchú] Montané Oropesa, encajó seis años de cárcel en el Presidio Modelo. Ya había salido su foto en la prensa con este pie:

“Lo que nos dejaron seguir viendo”, Bohemia, 16 de diciembre de 1956, p. 51

No obstante, Castro dejó que Chucho Montané, tras salir en libertad el 1ro de enero de 1959, siguiera andando por el camino de la revolución hasta con grado de comandante y se desempeñara como ayudante del Primer Secretario del único partido desde enero de 1973 hasta su muerte, el 7 de mayo de 1999. La agencia EFE reportó que Castro, “visiblemente emocionado”, encabezó el cortejo fúnebre hasta el panteón de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) en el Cementerio de Colón.

[3] Las elecciones del 1ro de noviembre de 1954 dieron a Batista el favor electoral más alto [1 262 587 votos] en la historia de la Cuba republicana pre-castrista.

[4] Al denunciar el pacto fundacional de la Junta de Liberación Cubana (Miami, 15 de octubre de 1957), Castro largó que su grupo político [MR-26-7] tenía la “respuesta a la pregunta de quién sucederá al Dictador[:] el digno Magistrado de la Audiencia de Oriente, Doctor Manuel Urrutia Lleó”. Así como lo puso, Castro cortó primero las alas presidenciales de Urrutia —tras tomar posesión como primer ministro el 16 de febrero de 1959— y acabó quitándolo de un soplo el 17 de julio de 1959.

[5] Sobre la pedrada de Lojendio y el voto particular de Urrutia consúltese a Manuel de Paz-Sánchez: Zona rebelde, Taller de Historia [Centro de la Cultura Popular Canaria], 1997, 35.

[6] José Lezama Lima, Diarios, Verbum, 2014, 29.

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