El pasaje inicial de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos invoca la existencia moral de "ciertos derechos inalienables", no negociables ante la voluntad política de ocasión.

Esos derechos naturales, basados en verdades "evidentes en sí mismas", confirman libertades para todos por igual que nadie tiene derecho a quitar a los demás. Entre ellos están "la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad". Ese pasaje sirvió de base más tarde a la Constitución norteamericana, que contiene en su Primera Enmienda la protección de la libertad de expresión. Es la "razón legítima" de una sociedad libre.

La Corte Suprema norteamericana ha defendido con mayorías significativas el respeto por la libertad de expresión, independiente del mensaje que se exprese. Al margen de alguna mancha histórica, la protección de la libertad de expresión en Estados Unidos, bajo la Primera Enmienda a la Constitución, ha sido casi absoluta.

La Corte siempre ha respaldado la libertad de expresión con las limitadas excepciones de obscenidad, difamación contra personas privadas o incitación a violencia inminente. En esencia, expresiones que constituyan "no parte esencial de la exposición de ideas" y "de escaso valor social como paso a la verdad" ( Chaplinsky v. New Hampshire, 1942). Próceres de otras naciones, incluido José Martí, admiraron ese derecho a expresarse libremente, uno de los pilares del progreso estadounidense.

Felipe Pérez Roque, ministro cubano de Relaciones Exteriores, ha afirmado con orgullo que en Cuba jamás se ha permitido quemar una sola bandera norteamericana. En Estados Unidos, ocurre todo lo contrario. La bandera como objeto es menos importante que las libertades que representa.

En la opinión mayoritaria del caso United States v. Eichman (1990), a propósito de la legalidad de la quema de la bandera, el juez Brennan afirmó que "castigar la quema de la bandera diluiría la misma libertad por la cual ese emblema es tan respetado". Los jueces firmantes reafirmaron que "el gobierno no puede proscribir una idea por el mero hecho de que la sociedad la encuentre ofensiva o desagradable".

Una postura antinorteamericana

A algunos exiliados cubanos en Estados Unidos les cuesta entender esa lógica. Defienden el Estado de derecho en Estados Unidos si sirve a su conveniencia, y niegan su vigencia cuando sirve a los demás. Nada más contrario al espíritu democrático estadounidense. Los derechos naturales consagrados en la declaración de independencia y la Constitución no distinguen preferencia política.

En 1999, los líderes de la derecha cubana exiliada convirtieron al niño Elián González en una especie de Moisés que los llevaría de retorno a la tierra prometida. Montaron carpa para batallar por una excepción a las leyes de custodia legal sobre menores de todo Occidente y hasta para darle al niño la ciudadanía estadounidense por ley del Congreso. Incluyeron regalos de juguetes y perros, vigilias y peregrinaciones, y hasta desafíos a la autoridad de las Cortes y a los alguaciles del gobierno norteamericano. Todo ese circo terminó en fiasco.

Cuba necesita una derecha moderna, que reconozca y aprenda de esos errores pasados, y se comprometa con los valores democráticos. Señales de optimismo a ese respecto aparecen a veces pero, en general, terminamos decepcionados. Un amigo republicano, que cabildea en Washington para grupos de agricultores norteamericanos del medio oeste, recuerda que en la capital norteamericana se dice que la diferencia entre los revanchistas cubanos y el Titanic, es que aquel barco no trataba de chocar con el iceberg.

Con la censura del libro Vamos a Cuba por el buró de educación de Miami, la derecha exiliada enfila ahora contra la Primera Enmienda de la Constitución norteamericana.

Protegiendo la libertad de expresión desde la escuela

Un sistema democrático es más libre no por su signo ideológico, sino porque garantiza libertades negadas por las dictaduras. Partiendo de esos supuestos, no puede ser menos que insostenible la pretensión de censurar un libro de las bibliotecas del sistema educativo de una ciudad norteamericana porque se discrepe de su contenido político.

En 1982, la Corte Suprema discutió el caso Board of Education v. Pico, en el que un buró de escuelas equivalente al de Miami-Dade ordenó retirar ciertos libros, incluyendo Soul on Ice, de Eldridge Cleaver, y Slaughterhouse five, de Kurt Vonnegut, de las bibliotecas del sistema educacional del distrito, porque consideró que los libros eran "antiamericanos, anticristianos, antisemitas y simplemente groseros". La Corte afirmó con mayoría de 5-4 que "la Constitución protege el derecho de recibir información e ideas" y que "los estudiantes también son beneficiarios de tal principio".

El juez Brennan, que escribió la opinión mayoritaria, reconoció la facultad de un funcionario escolar para determinar el contenido de las bibliotecas de su escuela, pero esta "no puede ser ejercida de forma estrechamente partidista o política". La Constitución —continuó Brennan— "no permite la supresión oficial de ideas".

De modo que la legitimidad de la remoción de libros de las bibliotecas escolares —según la Corte— depende de la motivación detrás de las acciones del Buró Escolar. "Si la intención de bloquear el acceso a ideas de las que se discrepa es el factor decisivo de la remoción de los libros, tal acción viola la Constitución". La Corte afirma que "los buroes escolares no pueden retirar libros de los libreros por el simple hecho de que no le gusten las ideas contenidas en ellos o para postular lo que consideren ortodoxo en política, nacionalismo, religión o cuestiones de opinión".

En Miami se está intentando. Después de recibir una queja de Juan Amador, un padre que discrepa del contenido político del libro Vamos a Cuba, el buró de educación de Miami-Dade, alentado por el congresista estatal David Rivera (R-Miami), acordó retirar el libro de las bibliotecas escolares del distrito. El acuerdo desconoció las recomendaciones del superintendente escolar Rudy Crew y de respectivos comités de asesores (compuesto por un psicólogo infantil, miembros de la comunidad y varios educadores) y de apelaciones que recomendaron que el libro no fuera removido.

Que no se nos confunda. No identificamos a Miami, ciudad en la que orgullosamente creció uno de los autores de este artículo y testimonio del ingenio y la laboriosidad cubana, con las decisiones antidemocráticas de una minoría.

Otros ejemplos

No recomendamos Vamos a Cuba para conocer la realidad de la Isla y entendemos que muchos padres exiliados rechacen su descripción de la patria de la que tuvieron que partir. El libro tiene errores, algunos que son históricos, no de interpretación. Por poner un ejemplo, atribuye a nuestros indígenas el haber pintado el bello mural de la prehistoria en el Valle de Viñales.

Sin embargo, si el criterio para excluir un libro de las librerías escolares fuera que contiene errores sobre la historia de Cuba habría que agregar unos cuantos materiales.

Pongamos dos ejemplos: En un artículo publicado en la revista The National Interest en la primavera de 2002, Irving Louis Horowitz, profesor mimado por la derecha exiliada, pifia al afirmar que Antonio Maceo fue excluido de la negociación del Tratado de París de 1898 entre España y Estados Unidos. Para ser excluido, Maceo hubiese necesitado que Jesucristo le dijera como a Lázaro "levántate y anda", porque el Titán de Bronce había muerto en Punta Brava en 1896.

Otro ejemplo: Brian Latell, del Instituto de Estudios Cubanos y Cubano-Americanos de la Universidad de Miami, comete varios errores históricos en su libro Después de Fidel. Para mencionar algunos, Latell confunde a diferentes miembros del clan Somoza en Nicaragua, al atribuir a Anastasio el apoyo de su hermano Luis a la invasión de Bahía de Cochinos (p. 198).

Latell llama al conflicto de 1898 "la guerra hispano-norteamericana", término inaceptable para el patriotismo cubano, pues ignora la participación mambisa en la contienda (p. 183) y ubica en 2004 la represión de la primavera negra de 2003 (p. 248). En términos de interpretación, Latell dice que nada en la obra de José Martí indica una defensa de la democracia liberal (p. 118).

La consistencia en la aplicación de una política es la mejor defensa contra acusaciones de parcialidad. ¿Sacarían los censores de las bibliotecas públicas del sistema educativo de Miami el libro de Latell o el artículo de Horowitz por esos errores? ¿Quién está facultado para juzgar cuáles errores son permisibles y cuáles no?

Censurar no es una tradición norteamericana. En todas las democracias se publican materiales con información errónea o controversial, pero es mejor que cada lector o padre juzgue lo que es conveniente para su lectura o la educación de su hijo que darle al gobierno la función de "gran hermano". En una sociedad democrática las discrepancias se resuelven a través de la crítica y la responsabilidad individual de formar su propia opinión. Esa libertad es más compleja que el tutelaje de las dictaduras, pero es preferible.

Un documento vivo

En 1776, la Declaración de Independencia norteamericana articuló firmes cimientos morales no sólo para la separación de las trece colonias de Inglaterra, sino para la construcción democrática que la sucedió. Casi dos siglos después, Martín Luther King afirmó que su movimiento venía a "cobrar una promesa" ( to cash a check) contenida en ese documento. En ese sentido, los padres fundadores norteamericanos trascendieron su tiempo y su latitud.

Reynaldo Taladrid, que gusta recordar al reverendo King en la Mesa Redonda de la televisión cubana, quizás pueda citar al prócer de los derechos civiles cuando dijo: "Si hubiésemos sido encarcelados tras las cortinas de hierro de una nación comunista, no pudiéramos hacer esto. Si estuviésemos en la prisión de un régimen totalitario, no podríamos expresarnos así. La gran gloria de la democracia americana es que uno siempre tiene el derecho de protestar por sus derechos".

La acción legal de la Unión de Libertades Civiles Americanas (ACLU) contra la censura del libro Vamos a Cuba por el buró de educación de Miami no es de derecha ni de izquierda, es democrática y americana. La Primera Enmienda de la Constitución americana dice claramente que el Congreso "no impondrá obstáculos a la libertad de expresión y prensa". La Primera Enmienda también se aplica a las legislaturas u órganos de los Estados. Bajo la Constitución norteamericana, ni David Rivera (R-Miami) ni el buró de educación de Miami-Dade pueden justificar sus acciones.

Sería bueno que nuestros compatriotas de derecha aprendan algo de lo sucedido con Elián. En las democracias, los problemas no se resuelven amenazando a los miembros del buró escolar con ponerle una bomba al carro. Miami no es una ciudad tras la cortina de hierro, ni está en Arabia Saudita. En Estados Unidos, las cortes judiciales y el pueblo han tenido el coraje de defender sus libertades. Nunca se dijo: "Elecciones, ¿para qué?" o "Este es el hombre".

El comportamiento cavernícola de un grupo específico en Miami para censurar el libro Vamos a Cuba es inconcebible en Nueva York, California, Colorado o Montana. Por fortuna, esa falta de compromiso democrático es cada vez menos aceptada en el exilio cubano.

Contra el espíritu de libertad de la Declaración de Independencia y la Constitución norteamericanas no pudo el senador McCarthy y de seguro no podrán sus actuales herederos. Como dijo el presidente Clinton: "No hay nada malo en Estados Unidos, que lo bueno de Estados Unidos no pueda curar".

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