Actualizado: 27/06/2017 12:37
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Reforma agraria, Cuba, Agricultura

La propiedad agraria en Cuba

Cuba necesita otra reforma agraria, plantea el autor de este artículo

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“In most developing countries, land is the most important
asset, and is key to economic and thus political power…
The solution is land reform, an orderly redistribution of assets”
Fared Zakaria[1]

En ocasiones olvidamos que Cuba es un país agrario, que la principal fuente de riquezas es la agricultura, tal vez ello este motivado por el fenómeno, de signo contrario, de que Cuba es un país con una mayoría de la población viviendo en áreas urbanas. El problema agrario es un tema central en cualquier discusión o análisis acerca del futuro de nuestro país. Es más, casi me siento tentado a decir que el problema agrario siempre ha sido un problema central en Cuba, y que las formas en que este asunto se ha resuelto, o no, a lo largo de la historia, han influido en los demás procesos económicos, sociales y políticos.

Sin embargo, cuando leemos, o escuchamos los proyectos que, en ocasiones, por cierto, que no muchas, se han elaborado para la reconstrucción del país, este primordial tema ni se menciona. Tomemos un ejemplo reciente que con el título de “Para propiciar el día después”[2] realiza una serie de proposiciones de que hacer para ese esperado día, y después. Podemos estar o no de acuerdo con lo que propone, pero lo que sí consideramos un serio error es el pasar por alto qué medidas se tomaran con la propiedad agraria, qué se hará con los grandes latifundios estatales, cómo se va a lograr reconstruir la clase campesina virtualmente desaparecida, cómo se va a lograr elevar la producción alimentaria.[3] Quién y cómo va a facilitar los recursos económicos, imprescindibles en la actualidad, para llevar la agricultura a los niveles de producción necesarios para el abastecimiento del país.[4]

El análisis de esta problemática es medular y añadiría que impostergable y en ninguna forma debe ser considerado como un aspecto coyuntural, en Cuba hay que poner de cabeza las formas de explotación de la tierra, es necesaria una reforma agraria.

Reforma agraria hemos padecido de varias, y no me refiero solo a las de 1959 y 1963, aunque esas fueron las únicas que jurídicamente se presentaron como tales. A la llegada del conquistador y procederse a los repartos de tierras, y de paso de los indios encomendados, se produjo lo que podemos llamar nuestra primera reforma agraria. De una posesión natural de la tierra, más que posesión un uso, en la cual el aborigen se asentaba y utilizaba el medio como base de su sustento de manera natural sin otro ánimo que ese, de ese estado primigenio, cuasi edénico, pasamos a una posesión refrendada por la fuerza y la aplicación más o menos consecuente de las “Leyes de Indias”.

La entrega en 1536 por el cabildo de Sancti Spíritus de un área de tres leguas de radio a Fernando Gómez, vecino de Manicaragua, comenzó la formación de los latifundios ganaderos; el cabildo de La Habana siguió ese ejemplo con alegría y entusiasmo repartiendo corrales, hatos y estancias al “buen tun tun”, generando tal desastre que tomó varias décadas el solucionar el enredo que crearon. Eran aquellos inefables tiempos en que, al recibir una real orden, que generalmente llegaba con casi un año de retraso firmada por la augusta persona, ni resolvía la situación que había demandado el interés del Rey, ni se ajustaba a los deseos de la poderosa, relativamente, oligarquía habanera. De ahí la deliciosa actuación de los regidores que tendría gran trascendencia en la sociología del cubano de los siglos posteriores, y que consistía en poner sobre su cabeza la orden real y proclamar con voz profunda y bien articulada: “Se acata… pero no se cumple”. Los latifundios ganaderos fueron legalizados en 1574 por las Ordenanzas de Cáceres.

Pero llegó el siglo XVIII y el desarrollo de la industria azucarera se encontró, entre otros variados problemas, el del asunto de la posesión, que no era propiedad, de la tierra. Cómo iniciar una industria que requería, aún en aquellos primeros tiempos, de una inversión de capital que se tendría que realizar sobre la base de una “no propiedad” del principal activo: la tierra.

No, a nadie se le ocurriría emplear su capital en y sobre algo de lo cual sólo tenía en el mejor de los casos un simple registro en las actas del Cabildo y que podía en cualquier momento ser retomado por su verdadero, por la gracia de Dios, propietario: el Rey.

La Real Cédula emitida en 1819 para definir los propietarios legítimos, no reconoció a los campesinos que trabajaban las tierras realengas. Por esa razón más de 10 mil familias fueron despojadas de la tierra. El proceso de transformación de los corrales y hatos en pequeñas, medianas y grandes haciendas llevó años, miles de miles de legajos en el Archivo Nacional de Cuba recogen las batallas legales que se originaron en el proceso que conocemos como demolición de las haciendas comunales. Ese proceso, que para ser completado requirió la sabiduría, habilidad y el ingenio de varios funcionarios y decenas de miembros de la naciente burguesía; marcó las bases para que la tierra, el principal activo, no solo dejara de ser una posesión sino propiedad con todas las prerrogativas que de tal estatus se derivan, lo cual incluye su enajenación en un acto de compra y venta, dentro de los cánones del mercado capitalista.

Con el surgimiento del mercado de tierra se abrió una nueva etapa en esa reforma agraria y con ella la acumulación de tierras en pocas manos, pero ya no como una posesión, sino como una propiedad, se desarrollaron las formas de explotación de la mano de obra que correspondía a esa nueva estructura con el aparcero, el arrendatario, el precarista, todas ellas formas no feudales, como gustan de señalar ciertos historiadores, sino como formas de explotación vinculadas a la economía mercantil. La tierra misma era una mercancía.[5]

Sobre la explotación del esclavo y paralelamente a esa estructura no clásica de esclavitud se desarrolló esas otras formas de apropiación del trabajo ajeno. Cultivos como el del tabaco generaron una incipiente pequeña burguesía agraria y el desarrollo de la industria azucarera con la entrada de los adelantos técnicos en el siglo XIX fue preparando las bases del colonato, que nada tiene que ver con la forma de explotación del mismo nombre en los años finales de Roma, y que fuese precursora de las estructuras feudales.

El colonato en Cuba es la peculiar manera en que la separación de la industria de la agricultura se desarrolló, el mismo se aceleró con las guerras independentistas ampliando las bases de una burguesía agraria que tendría en la república un importante papel en los campos cubanos.

Otros no menos importantes procesos de transformación agraria se produjeron en el siglo XIX como la desaparición de los llamados “bienes de mano muertas” que estaban en poder de la Iglesia y que resultaban en grandes posesiones generalmente improductivas, o puesta a censo.

Al finalizar la guerra de independencia en 1898, prácticamente la estructura agraria de Cuba estaba establecida y refrendada jurídicamente. Tres interesantes procesos se destacan a partir de ese momento:

Uno la penetración del capital norteamericano propiciado por las órdenes 34 y 62, dictadas en 1902 por el gobierno interventor, para que las compañías ferrocarrileras y los inversionistas norteamericanos pudieran adquirir tierras. De ese proceso emergió el moderno latifundio, que concentró más de la mitad de la tierra del país en manos de empresas nacionales y extranjeras.

Dos, el movimiento político nacionalista iniciado, entre otros, por Sanguily y Juan Gualberto Gómez que trató de frenar ese proceso, lo cual visto desde la actual perspectiva era una tarea imposible, ya que se enfrentaban a las fuerzas del mercado capitalista, a sus avatares, a sus altas y bajas.

Y el tercero, que, también queremos analizar desde la perspectiva actual, fue el proceso de reconstrucción de la agricultura después de los terribles destrozos ocasionados por la guerra, en particular en las provincias occidentales.

La tea, y más que la tea la “reconcentración” de Weyler dejaron nuestros campos desiertos, pocas cabezas de ganado en el occidente se salvaron del bandolerismo, las necesidades de las tropas españolas y mambisas, y de la hambruna generalizada. Los cultivos eran prácticamente inexistentes y solo se fomentaban unas pocas labranzas de subsistencia en pequeños conucos en los alrededores de las zonas fortificadas que defendían los poblados rurales. El censo de 1899 deja claro los estragos sufridos por la guerra, el del 1907 nos deja entrever que esos estragos fueron superados en menos de los ocho años transcurridos de un censo al otro.

¿Cómo se produjo eso que podemos llamar milagro económico? Tomemos en cuenta que ese proceso en nada dependió de inversiones extranjeras, sólo las pequeñas aportaciones de capital comercial en forma de “refacción”, de larga tradición en nuestros campos, y que generalmente era suministrada o por pequeños comerciantes de la zona o por otro campesino, aunque esto último no fue lo más común.

Sin bueyes, con la tierra yerma y necesitada de una profunda preparación, casi sin aperos, el campesino se aprestó, en primer término, a alimentar a su familia y después a producir para el mercado. El campo rindió frutos y las hambrunas desaparecieron, y ninguna ayuda se recibió para aliviarla, fue el trabajo el que dio la solución. Para 1907 la población en la mayor parte de los pueblos y ciudades afectadas por la guerra se había recuperado y en muchos de ellos se incrementó con relación a 1895.

Sin empréstitos, ayuda o inversiones extranjeras, sin bancos que financiara la recuperación económica se logró la misma.

El siglo XX profundizó y expandió las formas capitalistas de explotación agraria sin con ello admitir que esto generó en todos los planos las más adecuadas formas de distribución y explotación de la tierra. El latifundio improductivo fue un mal de la república que intentó tibiamente eliminar en la Constitución del 40, ello justificó la reforma agraria de 1959 que tenía un fuerte fundamento económico y social, aun cuando el postulado “la tierra para quien la trabaja” quedara prácticamente incumplido con la constitución de las “granjas del pueblo” y las demás invenciones nominales que no fueron más que formas mal aplicadas de capitalismo de Estado. El proceso refrendado por la llamada Segunda Reforma Agraria en 1963 ya carecía de un fundamento económico, su justificación era ideológica y su resultado fue la expropiación del campesino medio.

El desastre generado se hace evidente cuando tomamos la propia Habana que antes de 1959 prácticamente se auto abastecía, alrededor de la ciudad existía un cinturón de pequeñas propiedades que suministraban la leche, junto a modernas plantas para procesarla, además las legumbres y otros alimentos eran producidos a menos de 15 kilómetros del Capitolio, las lechugas y otras actuales rarezas eran sembradas por chinos y cubanos en pequeñísimas parcelas bien regadas por los pequeños arroyos tributarios del Almendares. La genial invención del Cordón de la Habana solo trató de reproducir algo que había existido y funcionado sin dificultades, dentro de la estructura de la agricultura mercantil, su resultado: ni café suficiente para una taza, arrasaron con los frutales, mangos, mameyes, guayabas, etc., y afectaron lo que quedaba de la producción de vegetales y flores en esa área. Y además la conversión en rentistas de la tierra a los pocos campesinos que quedaban en la zona.

Qué esperar ahora de las tibias medidas tomada en el sector agrario a partir de la aplicación del Decreto-Ley 259 [10 de julio de 2008] cuyo reglamento se estableció por el Decreto No. 282 [29 de agosto de 2008] y ambos fueron modificados por el Decreto-Ley 300 [20 de setiembre de 2012]; muy poco se puede esperar ya que el problema de la propiedad de la tierra, en ese decreto no se soluciona, sino que se reafirma la voluntad gubernamental de monopolizar la tierra.

Un breve análisis de ese Decreto-Ley 259 nos dará la razón. Veamos:

Ya en su primer artículo, por no señalar desde el título del decreto, se presenta el primer problema: ARTÍCULO 1.- Se autoriza la entrega de tierras estatales ociosas en concepto de usufructo a personas naturales o jurídicas, las que serán utilizadas en forma racional y sostenible de conformidad con la aptitud de uso del suelo para la producción agropecuaria. Es decir que la tierra será entregada en usufructo y no en propiedad, con lo cual de hecho limita la utilización productiva y económica de la tierra. Quién va a invertir capitales en una tierra que no es de su propiedad y sólo la posee en usufructo.

En el segundo artículo se define el alcance temporal del usufructo cuando se señala: El usufructo concedido es por un término de hasta diez (10) años y podrá ser prorrogado sucesivamente por términos de hasta diez (10) años para las personas naturales… Cualquiera que tenga una mínima idea del tiempo necesario para que una inversión capital en la agricultura, por ejemplo la creación de acequia, se recupere no es de menos de de 2-3 años, comprenderá que el término de 10 años, aunque prorrogables, es una limitación en el orden económico y por ende tecnológico.

El decreto establece otras limitaciones como es la del máximo de tierra que se le puede entregar a una persona natural: 13,42 hectáreas, es decir una caballería, que pueden ser, en casos que el decreto no deja aclarado, elevada hasta 40,26 ha. [3 caballerías]. Determinadas producciones no son rentables, ni incluso factibles, con esas limitaciones, por ejemplo, la producción sostenible y comercial de leche.

Por último pero no finalmente, en sus “Disposiciones Finales”, deja un aspecto básico a definir en 30 días, lo cual le tomó un poco más y es el Reglamento para la aplicación de ese Decreto, ese Reglamento [Decreto 282] en ese reglamento se señala en su Capítulo IV inciso c) que los usufructuarios deben entregar una relación y descripción de equipos agrícolas, de riego, implementos, útiles, aperos de labranza, pie de crías y animales, propiedad del usufructuario, que se incorporan a la actividad productiva; esos medios necesario para poner a producir la tierra, en su mayor parte, sólo pueden ser adquiridos en pesos convertibles [CUC].

Quedó también pendiente el impuesto que gravará esa posesión, y el volumen del mismo puede hacer irrentable ese usufructo, sin considerar el precio inflado de los insumos y los deprimidos precios que históricamente ha tenido la producción obtenida.

Este Decreto 259 no es ni por asomo lo que se necesita y esperar algo positivo del mismo es una ilusión que se convertirá en desengaños, una vez más. La situación agraria de Cuba es reversible y lo podría ser a corto plazo, para ello es necesario romper con los esquemas ideológicos de un socialismo inoperante, pero esa no es una tarea que, al parecer, quieran emprender los actuales gobernantes.

Los campesinos, o aspirantes a tales, como ya mencionamos, solo reciben la tierra en posesión, y limitada a diez años, sin contar que las causales para perder el usufructo son múltiples y variadas. Con franqueza me resulta difícil de imaginar a alguien dispuesto a gastar capital, y a dedicar sus energías físicas a condicionar una tierra que le puede ser arrebatada en cualquier momento. Sin embargo, al parecer se cuentan ya por miles los que tienen esa disposición, aunque aún muchos de ellos siguen esperando que la tramitación burocrática culmine y puedan ponerse a trabajar.

Pero el problema va más allá para tocar fondo. Veamos, si partimos de las cifras oficiales, veremos que se está entregando la tierra a un promedio de 10 ha. por solicitante, es decir menos que lo establecido por el decreto, que es 13,42 ha., esto puede ser perfectamente lógico ya que es posible que muchos solicitantes no lleguen a solicitar el máximo establecido en el decreto. El problema es otro si aceptamos que las cifras más serias establecen que el 65 % de las tierras de cultivo están ociosas o como yo prefiero definirlas: abandonadas que no es igual. Entonces 4,4 millones de ha. están abandonadas por lo tanto será necesario entregarle tierras a 440 mil campesinos o aspirante, lo cual me parece bastante difícil de lograr en un país que aniquiló su clase campesina.

Las mismas cifras que se brindan oficialmente lo dejan bien claro el 80% de las solicitudes provienen de personas que no tienen tierra alguna, o sea son aspirantes a campesinos, más bien aspirante a “precaristas” que es como se le conocía en Cuba a aquellos que ponían en cultivo una parcela sin la seguridad de que el dueño no se la arrebatase en cualquier momento. Siendo todo esto así hace falta unos 300 mil aspirantes para supuestamente poner las tierras ociosas a producir.

Sin embargo, el Decreto-Ley 259 ya de por sí bastante tibio se ha ido aplicando con aún mayor apatía y lentitud en la base, que es donde se produce el proceso real de redistribución de las tierras. En la práctica criterios ideológicos, y no económicos ni en el mejor de los casos técnicos, han estado influenciando en la parsimonia en el otorgamiento de las tierras. En los municipios, arrogantes burócratas del partido, el poder popular o el ANAP, deciden de acuerdo a sus criterios quien tiene o no el suficiente aval político, o por lo menos no es un abierto contrarrevolucionario, que merezca recibir la posesión de la tierra.

Pierden de vista que esos no muy confiables campesinos actualmente, con todas las limitaciones que tienen para la adquisición de los insumos necesarios, con precios a sus producciones desestimulantes, producen más del 65 % de la producción agropecuaria nacional, de ellos el 95 % del tabaco; el 71 % de la carne porcina; el 60 % de las viandas y tubérculos; el 62 % de las hortalizas; el 88 % de los granos y el 60 % de las frutas, y esta información es la ofrecida oficialmente y ya sabemos de qué pata cojean las estadísticas cubanas.

Todos estos cometidos son impostergables para la recuperación económica del país y en particular para sentar las bases, por lo menos las bases, de una sociedad democrática, qué con ello no bastará, claro que no, pero sin ello será imposible.

Necesitaremos otra reforma agraria.[6]



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