Chanet pide al Consejo de Derechos Humanos fórmulas para verificar la situación en la Isla
Christine Chanet, la representante especial para Cuba de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, aseguro encontrarse en un atolladero debido al persistente bloqueo del gobierno de La Habana a su trabajo.
La jurista francesa presentó en Ginebra, por cuarto año consecutivo y sin haber podido acceder a la Isla, su informe sobre las violaciones de los derechos humanos en Cuba.
Chanet pidió al Consejo de Derechos Humanos que utilice sus recursos para romper el estancamiento provocado por la negativa del régimen cubano a permitir su entrada en la Isla y a colaborar con su trabajo. Además, volvió a reclamar la liberación de todas las personas detenidas arbitrariamente en Cuba porque, dijo, no han cometido ningún crimen contra nadie ni contra propiedades.
Desde la ola represiva de 2003, cuando 75 miembros disidentes fueron encarcelados arbitrariamente —como ha reconocido el Comité de la ONU sobre detenciones arbitrarias—, Chanet ha intentado infructuosamente establecer contacto con las autoridades de La Habana.
En su informe al Consejo, la jurista hizo hincapié en que sería eufemístico hablar de mejoría en las situación de privación de los derechos a la libertad de expresión, y alerto de que las condiciones físicas y psíquicas de los detenidos siguen siendo preocupantes.
Debido al bloqueo oficial cubano, la relatora para Cuba tuvo que acudir a fuentes diversas para elaborar su informe. En su análisis y sus recomendaciones tuvo en cuenta la opinión de universitarios interesados en la situación de derechos humanos en Cuba, de organizaciones especializadas en esa esfera y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Las informaciones recogidas, apuntó, le permitieron aseverar que las condiciones en Cuba no han cambiado.
En su opinión, la "comunidad internacional no debería aceptar que un Estado pueda escapar a un control, de una parte bloqueando un mecanismo que él mismo ha puesto en marcha y, de otra, con la no adhesión a los importantes pactos, como el de derechos civiles y políticos, que Cuba rechaza".
Sobre la base de la incongruencia de que un Estado como el cubano pueda estar en el Consejo y considerando que el bloqueo al trabajo del relator no puede continuar indefinidamente, Christine Chanet sugirió al órgano buscar otras fórmulas, otro tipo de mecanismos que facilite la verificación de la situación en el interior de la Isla.
En la presentación de su informe sobre Cuba, la jurista francesa insto al Consejo a utilizar sus nuevas prerrogativas para que se apliquen las reglas, es decir, que los Estados miembros del organismo, y en este caso Cuba, sean los primeros sometidos al procedimiento de revisión periódica universal del respeto a los derechos humanos.
El embajador cubano en Ginebra, Juan Antonio Fernández, en su derecho de réplica no sólo resto credibilidad al informe de Chanet, sino que pidió la inmediata renuncia de la francesa.
La jurista hizo 10 recomendaciones que incluyen la revisión de las leyes que limitan la libertad de expresión, en particular la Ley 88 y el articulo 91 del Código Penal cubano; así como el mantenimiento sin ningún tipo de excepción de la moratoria de la pena de muerte.
También está entre las recomendaciones que se permita a los cubanos la libre entrada y salida del país, la apertura de organizaciones no gubernamentales, incluidas extranjeras, y el pluralismo de asociación, tanto sindical como política.
En su informe de la situación en 2005, la representante especial consideró además que "la tensión entre Cuba y Estados Unidos crea un clima poco propicio para el desarrollo de las libertades de expresión y de reunión". Y que "las leyes de Estados Unidos y los fondos destinados a la edificación de la democracia en Cuba hacen que se considere a los opositores simpatizantes del extranjero", lo que "brinda a las autoridades cubanas la oportunidad de intensificar la represión contra ellos".
En cuanto a los motivos de preocupación, Chanet reiteró los expuestos en sus cuatro anteriores informes, pero hizo énfasis en que no ha habido señales de mejoría y en el hecho de que los llamados urgentes enviados a La Habana tanto por la alto comisionado como por otros relatores, incluidos el de tortura, han sido ignorados.
La jurista mostró también preocupación por el deterioro de las relaciones con la Iglesia Católica en la Isla, y dijo estar alarmada por los alegatos de malos tratos presentados por los familiares de los presos, las condiciones de mala alimentación y falta de higiene en las prisiones, así como la inexistente o inadecuada atención médica a los reclusos, muchos de los cuales viven en condiciones de hacinamiento.
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