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Violaciones, Denuncias, Derechos Humanos

Escalada represiva

Varias organizaciones internacionales coinciden en que en Cuba continúa la represión de la disidencia mediante el hostigamiento, la persecución y el encarcelamiento de activistas y periodistas

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De nuevo Cuba es noticia y se halla en el foco de atención por el aumento de la represión. Esta semana el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), organización con sede en Madrid, denunció que, a pesar de la pobreza en que vive la Isla, el Gobierno cubano “dedica ingentes recursos para aumentar la represión contra intelectuales, sindicalistas y periodistas independientes”. La organización expresa en su denuncia: “Advertimos del repunte de las violaciones y llamamos a la comunidad democrática internacional a denunciar estos hechos. Asimismo, apoyamos los esfuerzos de la Iglesia católica cubana para mediar en la grave crisis que vive el país”.

El OCDH señala varios de los más recientes actos represivos cometidos por la policía política. Entre ellos está el arresto de la reportera Camila Acosta, colaboradora de medios digitales como CubaNet y del diario español ABC. Tuvo lugar el pasado domingo en Cárdenas, “cuando se dirigía a visitar a unos familiares de presos políticos”. De acuerdo a la denuncia de la organización, la Seguridad del Estado orquestó un operativo en el cual “participaron cuatro automóviles policiales”.

En esa misma provincia, la profesora Alina Bárbara López Hernández, de 58 años, “sufrió lesiones corporales debido a la brutalidad policial durante un arresto arbitrario”. Según contó ella misma en un mensaje en Facebook, estuvo detenida durante varias horas en la estación policial de Playa. En la denuncia que presentó ante la Fiscalía Militar de Matanzas, asegura que fue obligada a volver a Matanzas “sin motivo o razón aparente” y que, como se negó sin recibir explicación, “la empujaron, golpearon” y entraron por la fuerza al carro de patrulla por la fuerza.

Una vez en el interior del vehículo, prosigue el texto, luego de inmovilizarla en posición de acostada, la “agredieron apoyándose encima de una de sus rodillas, le dieron una bofetada y le torcieron su mano derecha”. López Hernández informó que los médicos le diagnosticaron un “esguince del hombro derecho” y una “subluxación en el pulgar de la mano izquierda”. Asimismo, ha denunciado que además ha sido “regulada” por el Ministerio del Interior, lo cual significa tiene prohibido abandonar el país.

La denuncia del OCDH informa que en el municipio de Colón, también en Matanzas, el secretario general de la Asociación Sindical Independiente de Cuba, Iván Hernández Carrillo, fue citado por el régimen, “como parte de la campaña de hostigamiento que sufre”. Otro hecho del que se da información tuvo lugar en la provincia de Camagüey. El periodista independiente José Luis Tan Estrada fue interrogado en dos ocasiones y finalmente se le impuso una multa 3 mil pesos “por violar el Decreto Ley 370, una ley utilizada por el régimen de La Habana para acallar a activistas, periodistas y ciudadanos”. Fue impuesta tras acusársele “de publicar memes, comentarios e incluso de dar likes a otras publicaciones”. Por otro lado, “el ex preso político Luis Darién Reyes Romero fue intimidado con una pistola en plena calle en La Habana Vieja por un represor vestido de civil”, hecho que el OCDH cataloga como “grave”. En las redes sociales circuló un video en el cual Reyes Romero mostró la cara y el arma del agente de la Seguridad del Estado, mientras era perseguido.

La denuncia del OCDH coincide con el informe anual de la ONG Amnistía Inter nacional (AI), que resume lo más relevante del año por países. Fue dado a conocer este miércoles y en el mismo se denuncia que en Cuba “continúa la represión de la disidencia” mediante el hostigamiento, la persecución y el encarcelamiento de activistas y periodistas. En el documento se asegura que el año pasado persistieron en la Isla los ataques a defensores de derechos humanos y que, en algunos casos, estos se encuentran en la cárcel “sin el debido proceso”.

AI lamentó que, a día de hoy, Cuba no cuente con una institución nacional de derechos humanos “conforme con los Principios de París”, así como que el régimen no deje entrar en el país a organizaciones internacionales de derechos humanos, como la propia AI. En ese mismo sentido, censuró que las autoridades impidan a los medios de comunicación internacionales acceder a los juicios contra disidentes. Y calificó como “generalizados” hechos como la vigilancia de activistas, opositores, periodistas y artistas críticos. Asimismo, recordó que, de acuerdo a cifras de la organización Justicia 11J, un total de 793 personas aún se encuentran detenidas tras haber participado en las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021.

Dos países latinoamericanos aliados de Cuba

En el informe de AI también aparecen dos países latinoamericanos aliados de Cuba. Uno de los gobiernos al cual se denuncia es el de Venezuela. El texto se refiere a casos de desaparición forzada y tortura, prácticas que se aplican especialmente contra opositores y que forman parte de la “política de represión ejercida por el Gobierno”. De acuerdo a AI, las víctimas comparecen ante un tribunal, se les acusa “de asociación para delinquir y otros cargos relacionados con el terrorismo” y luego son “trasladadas a un centro militar o policial”, donde permanecen “meses, o incluso años, en espera de juicio”.

El otro país que figura en el informe es Nicaragua. Bajo el gobierno de Daniel Ortega, persiste la impunidad por los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado desde abril de 2018. Al concluir el año 2023, “no se había emprendido investigación alguna y los delitos seguían impunes”. Por el contrario, alerta AI, el régimen sandinista ha seguido aplicando sus tácticas represivas, lo cual hace casi imposible defender los derechos humanos en ese país centroamericano.

Según alertó Agnès Callamard, secretaria general de AI, el balance dado a conocer, que detalla las deficiencias en derechos humanos en los 155 países evaluados, no es bueno para el mundo en general. Y reconoció el “sombrío panorama de alarmante represión de los Derechos Humanos y frecuentes infracciones a nivel internacional de las normas establecidas, en un contexto de desigualdad creciente, superpotencias que compiten por la supremacía y el agravamiento de la crisis climática”.

Asimismo, a comienzos de esta semana, Anthony J. Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, Antony presentó el Informe por países sobre prácticas dederechos humanosen 2023. En el mismo hay un extenso apartado referido a los casos que evidencian la constante violación de estos derechos en Cuba. El informe recoge que el pasado año no se produjeron cambios significativos en la situación de los derechos humanos en la Isla. Entre los hechos significativos, se mencionan informes de homicidios arbitrarios o ilegítimos, incluidas ejecuciones extrajudiciales; tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes por parte del gobierno; condiciones penitenciarias duras y potencialmente mortales; detenciones y encarcelamientos arbitrarios; graves problemas con la independencia del poder judicial; presos políticos; represión transnacional contra personas en otro país.

El informe incluye, asimismo, casos de restricciones a la libertad de expresión y a la libertad de los medios de comunicación, como detenciones injustificadas, violencia y amenazas contra periodistas; censura y aplicación o amenaza de aplicación de leyes penales por difamación para limitar la expresión; graves restricciones a la libertad en Internet; injerencias sustanciales en la libertad de reunión pacífica y la libertad de asociación, incluidas leyes excesivamente restrictivas sobre la organización, la financiación o el funcionamiento de organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil; restricciones a la libertad religiosa; restricciones a la libertad de circulación y residencia en el país y al derecho a salir del país. El documento señala que el régimen cubano mantuvo recluidos a presos y detenidos por motivos políticos, y denegó el acceso a sus prisiones y centros de detención a las organizaciones humanitarias internacionales y a la ONU. Y agrega que “el gobierno no tomó medidas significativas para identificar y castigar a los funcionarios que pudieran haber cometido abusos contra los derechos humanos”.


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