En el sótano de la puntuación mundial

En 1993, el 3 de mayo fue proclamado como el Día Mundial de la Libertad de Prensa, por la Asamblea General de las Naciones Unidas, siguiendo la recomendación de la Conferencia General de la UNESCO. La fecha se eligió para que coincidiera con el aniversario de la Declaración de Windhoek, en la cual los representantes de medios de comunicación africanos que participaban en un seminario organizado por la UNESCO en la capital de Namibia, elaboraron un documento donde se recogían los principios de la libertad de prensa.

Coincidiendo con el Día de la Libertad de Prensa, celebrado el pasado viernes, la organización Reporteros sin Fronteras (RSF) dio a conocer la semana pasada la nueva edición de la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa. De acuerdo al mismo, de los cinco indicadores que conforman la puntuación de los países, el político es el que más descendió en 2024, con una caída de 7,6 puntos.

Como ocurre año tras año, Cuba sigue siendo el peor país de América Latina en materia de libertad de prensa. El informe advierte que en el panorama mediático, los medios televisiones, radiales y periodísticos están estrechamente vigilados por el Estado, mientras la prensa privada sigue estando prohibida por la Constitución. A pesar de que, respecto a 2023, en 2024 la Isla “mejoró” cuatro puestos, ocupa el puesto 168º y continúa estando entre los ocupantes del sótano de la puntuación mundial de la libertad de prensa, que a nivel global se halla amenazada por aquellos que deberían ser sus garantes: las autoridades políticas.

El análisis de RSF agrega que Miguel Díaz-Canel, protegido de Raúl Castro, a quien relevó en 2019 como presidente del país y posteriormente como primer secretario del Partido Comunista de Cuba, perpetúa el linaje de la familia castrista y mantiene un control casi total de la información. Los blogueros y periodistas encuentran por su cuenta y riesgo un espacio de libertad en Internet, cuyo acceso está controlado en gran parte por el Estado. A menudo se les impide cubrir acontecimientos importantes, ya sea a través de detenciones o de arrestos domiciliarios.

En 2021, nuevas regulaciones hicieron aún más utópico el principio de un Internet abierto, libre e inclusivo, al violar íntegramente el derecho a la libertad de expresión y de información en el entorno digital. El nuevo código penal aprobado en 2022 ha reforzado el repertorio de medidas de represión en Cuba, mediante una terminología vaga (“alteraciones públicas”, “ultraje”, “peligro para el orden constitucional”…), que puede servir fácilmente de pretexto y emplearse para perseguir a informadores.

Como asegura el informe de RSF, los arrestos, detenciones arbitrarias, amenazas de encarcelamiento, persecución y hostigamiento, registros ilegales de domicilios y la confiscación y destrucción de material, forman parte del día a día de los periodistas contrarios a la línea oficial castrista. Asimismo, precisa que “las autoridades también controlan la cobertura mediática de los medios extranjeros, concediendo acreditaciones de forma selectiva y expulsando a aquellos considerados como «demasiado negativos» hacia el régimen”. Al margen del informe, se debe agregar que la población sufre la desinformación o “no información” de los medios, todos los cuales son controlados y manipulados por el régimen.

En América Latina, dos países aliados del régimen cubano se sitúan en los últimos puestos de la clasificación. Son Nicaragua y Venezuela, que aparecen en los puestos 163º y el 156º, respectivamente. En Cuba y en esas dos naciones el ejercicio del periodismo está sometido a una censura que se basa en decisiones arbitrarias. Estas pueden tomar la forma de detenciones, suspensiones de la difusión o trabas administrativas, dice el informe de RSF.

Detrás de Cuba aparecen Irak, Egipto, Birmania, China, Baréin, Vietnam, Turkmenistán, Irán, Corea del Norte, Afganistán, Siria y Eritrea, que cierra la lista en el puesto 180. Entre los países latinoamericanos Costa Rica es el mejor valorado, lo cual lo ubica en el sitio 26. México sigue siendo el país sin guerra más peligroso para los reporteros: desde 2019, 37 periodistas han sido asesinados. En cuanto a la lista de los diez países mejor puntuados la integran Noruega, Dinamarca, Suecia, Países Bajos, Finlandia, Estonia, Portugal, Irlanda, Suiza y Alemania. Estados Unidos perdió diez puestos, y bajó al lugar 55 en la nueva escala mundial.

El informe de RSF expresa que, por otro lado, la guerra en Gaza ha supuesto un número sin precedentes de ataques contra periodistas y medios desde octubre de 2023: más de 100 reporteros palestinos han sido asesinados por el ejército israelí, de los cuales al menos 22 se encontraban ejerciendo sus funciones. Muchos gobiernos ejercen un control cada vez más estrecho sobre las redes sociales e Internet: restringen el acceso, bloquean cuentas y borran mensajes con contenido informativo.

De acuerdo al citado informe de RSF, en Vietnam, que ocupa el puesto 174º, los periodistas que se expresan a través de las redes sociales son encarcelados casi sistemáticamente. China (172º) es la mayor cárcel de periodistas del mundo, y el gobierno sigue ejerciendo un control estricto sobre los canales de información. Aplica políticas de censura y vigilancia para regular los contenidos en Internet y limita la difusión de informaciones consideradas sensibles o contrarias a la línea del partido, expresa el reporte.

En Europa del Este y en Asia Central, la censura de los medios se ha intensificado, mimetizando de manera asombrosa los actos de represión aplicados por el gobierno ruso, ya sea en Bielorrusia (167º), en Georgia (103º), en Kirguistán (120º) o Azerbaiyán (164º). La influencia de Rusia también se extiende hasta Serbia (98º), donde los medios de comunicación progubernamentales difunden propaganda rusa y las autoridades amenazan a los periodistas rusos en el exilio. Rusia (162º), donde Vladimir Putin fue reelegido sin sorpresas este año, y sigue librando una guerra en Ucrania (61º) que impacta considerablemente en el ecosistema mediático y en la seguridad de los periodistas.

Reporteros sin Fronteras es una organización internacional sin ánimo de lucro que se rige por los principios de la gobernabilidad democrática. Como se expresa en su web, no es un sindicato profesional ni un representante de las empresas de prensa. Fundada en 1985 en Montpellier por cuatro periodistas, RSF se sitúa a la vanguardia de la defensa y promoción de la libertad de información. Declarada de utilidad pública en Francia desde 1995, RSF es reconocida como entidad consultiva por las Naciones Unidas, la UNESCO, el Consejo de Europa y la Organización Internacional de la Francofonía.

La organización defiende el derecho de todo ser humano a tener acceso a información libre y fiable. Considera que este derecho es fundamental para conocer, comprender, forjarse una opinión y actuar con plena conciencia, individual y colectivamente. Por eso expresan que su cometido es actuar por la libertad, el pluralismo y la independencia del periodismo y defender a quienes personifican estos ideales. Algo que está en consonancia con el espíritu del artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y las principales declaraciones y cartas relativas a la ética periodística, en particular la Carta de Múnich. RSF fija sus objetivos estratégicos de forma independiente y no acepta donaciones financieras, de competencias o en especie que puedan influir en nuestras decisiones estratégicas y operativas.

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