El Arco Progresista pedirá que la ONU declare terroristas a quienes 'agredan' a opositores
La coalición intentará además presentar ante la Asamblea Nacional del Poder Popular dos propuestas de leyes para institucionalizar 'la promoción de la no violencia'.
La concertación disidente Arco Progresista pedirá al Consejo de Derechos Humanos de la ONU que califique de "terroristas" a grupos como las Brigadas de Respuesta Rápida, creados por el gobierno cubano para reprimir a opositores.
En un comunicado emitido el lunes, el Arco Progresista anunció que promoverá ante el organismo "proyectos y acciones que combatan la asociación de personas —promovida o no por el Estado— concebida sistemática y específicamente para amenazar, intimidar, agredir y destruir, mediante cualquier forma de violencia y con fines políticos", a ciudadanos "que pacíficamente buscan reformas sociales, económicas, políticas o culturales en sus sociedades".
La iniciativa, llamada "Acción contra el Terrorismo Ideológico y Político hacia la Diferencia" buscaría "la calificación de esas asociaciones como terroristas, tal es el caso de las llamadas Brigadas de Respuesta Rápida, en el concepto de que no hay terrorismo malo y terrorismo bueno", subrayó en su nota la coalición, de tendencia socialdemócrata.
La organización dijo que recabará "el apoyo de ciudadanos, grupos de derechos humanos, sociales y políticos, dentro y fuera de Cuba".
"La violencia en Cuba no sólo se expresa en las formas tradicionales predominantes en todo el mundo (…) sino que adquiere una forma típica de los Estados totalitarios-paternalistas: la violencia psicológica y moral que, mediante la coacción permanente del Estado, se ejerce normalmente sobre los cubanos", señaló.
El Arco Progresista lanzó hace casi un año una "Acción Urgente contra la Violencia", que —según dice— ha sido respaldada por 3.000 personas.
Este lunes anunció que llevará a cabo una nueva "Acción Educativa contra la Violencia" y otra de "Seguridad Ciudadana" para presentar a la Asamblea Nacional del Poder Popular dos propuestas de leyes con el fin de "institucionalizar jurídicamente la promoción de la no violencia en el sistema de educación y en los medios de comunicación públicos, así como buscar leyes complementarias que protejan más eficazmente a los ciudadanos de la violencia ejercida contra ellos".
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