Grupo de especialistas realiza un estudio sobre la propiedad
Los primeros resultados de la investigación, dirigida a buscar métodos para incrementar la eficiencia económica y contra la corrupción, se conocerán en tres años.
Un grupo de profesionales inició un proyecto que analiza el tema de la propiedad en Cuba en busca de métodos para incrementar la eficiencia económica y contra la corrupción, informó este domingo el diario Juventud Rebelde.
Por primera vez, se reunieron economistas, filósofos, antropólogos, y otros especialistas, algunos de los cuales han realizado trabajos sobre el tema, que servirán de base para desarrollar el proyecto calificado de "amplio y complejo", cuyos primeros resultados está previsto que se conozcan dentro de tres años, reportó EFE.
"Este encuentro puede catalogarse de inédito. No recuerdo que antes se reunieran tantos investigadores para analizar la propiedad en Cuba, un asunto vital para lograr un mejor desarrollo del país", declaró Jesús García, investigador del Instituto de Filosofía, quien encabeza el grupo.
Ernesto Molina, profesor consultante del Departamento de Disciplinas Económicas y Técnicas de Dirección en el Instituto Superior de Relaciones Internacionales, también involucrado en el proyecto, consideró que "la propiedad socialista en Cuba tiene amenazas externas e internas".
"Para combatirlas con éxito es necesario que la ciencia busque las causas de los problemas", subrayó.
Asimismo, Luis Marcelo Yera, del Instituto Nacional de Investigaciones Económicas, señaló que en Cuba "unas 3.800 empresas estatales, integradas por más de 60.000 unidades empresariales de base, tienen la responsabilidad de mantener el desarrollo ascendente de las fuerzas productivas".
"Es perfectamente posible tener un sistema empresarial estatal en Cuba liberado de ataduras burocráticas", apuntó el economista.
Según Reuters, la creación de una Comisión sobre las Relaciones de la Propiedad Socialista fue anunciada en octubre de 2006 por Juventud Rebelde, tras una serie de inusuales reportajes sobre el desvío de recursos y el mal servicio en establecimientos del Estado.
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